El abogado Andrés Casati, defensor de las imputadas por asociación criminal, pro­ducción y uso de documentos falsos y comercialización de medicamentos no autoriza­dos, Patricia Ferreira y Nidia Godoy –presidenta y direc­tora de la firma Imedic SA, respectivamente–, solicitó al Ministerio Público una salida alternativa al proceso penal para sus representadas ofreciendo 50 camas de tera­pia intensiva.

Casati señaló: “Hemos pro­puesto al Ministerio Público una salida procesal de proce­dimiento abreviado con una condena de dos años de cárcel con suspensión condicional del procedimiento en virtud a que se ajusta al marco penal”. Para ello, agregó como repa­ración del daño social: “Ofre­cemos 50 camas de terapia intensiva, cuyo costo es de US$ 350.000”.

Andrés Casati.

La solicitud deberá ser ana­lizada por los agentes fis­cales Marcelo Pecci y Susy Riquelme, quienes días atrás ya solicitaron a la jueza penal de Garantías Clara Ruiz Díaz que sancione a los abogados que presentan chicanas en el presente caso. Asimismo, el citado profesional se olvidó que otros abogados se pasa­ron presentando chicanas en el presente proceso penal que hizo que hasta la fecha no se pueda llevar a cabo la audien­cia de imposición de medidas cautelares, en la que se tiene que definir si las dos imputa­das van a la cárcel o no.

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La imputación se basa en la sospecha sobre la producción y uso, en asociación criminal, de facturas y guías aéreas fal­sas utilizadas para la impor­tación de principios activos, medicamentos al país y su comercialización no autori­zada. Los fármacos son falsi­ficados. El Ministerio Público detectó nueve facturas falsas de Eurofarma que habría uti­lizado la empresa Insumos Médicos SA (Imedic) para importar medicamentos de India y China.

OTRO PROCESO

Patricia Ferreira enfrenta otro proceso penal por con­trabando, en el que el juez Mirko Valinotti le benefició con el arresto domiciliario a pesar de que se había pedido la prisión de la mujer y de su padre, Justo Ferreira.

A raíz de dicha resolución, que llama poderosamente la atención, el Jurado de Enjui­ciamiento de Magistrados (JEM) solicitó informe al juz­gado para tener conocimiento sobre si la actuación del magistrado se ajustó a dere­cho o no, y en caso de existir irregularidades, podría ser enjuiciado y suspendido en sus funciones.

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