El acusado Miguel Ángel Insfrán alías Tío Rico enfrentará un juicio oral y público por el delito de tráfico de drogas, asociación criminal y lavado de dinero. Así lo resolvió la jueza Rosarito Montanía al elevar el proceso a un juicio.
La resolución de la jueza se dio a conocer luego de la audiencia preliminar que se realizó durante varios días. En el presente caso igualmente está procesado y también deberá enfrentar una audiencia preliminar el pastor José Insfrán.
Asimismo la referida magistrada ordenó vía oficio que Tío Rico sea trasladado al penal de máxima seguridad de Minga Guazú. De esta manera, abandona la cárcel militar de Viñas Cué luego de varios años de estar privado de su libertad en dicha sede penitenciaria.
El Ministerio Público acusó a Tío Rico por presuntamente liderar un esquema criminal dedicado a introducir droga a Paraguay y enviarla al exterior. El fiscal Deny Yoon Pak fue quien estuvo al frente de la investigación y solicitó que el proceso se discuta en un juicio oral y público.
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Otros acusados en A Ultranza Py
Las nueve personas que enfrentarán juicio oral por tráfico de drogas y algunas por lavado de dinero son el ex diputado Juan Carlos Ozorio, Conrado Insfrán hermano de Tío Rico, Fernando Sebriano, José Enrique Gamarra, Alexis González Zárate, Reina Mercedes Duarte, Fátima Irene Koube, María Noelia Colmán y Alberto Koube Ayala.
Condena abreviada
Varios de los acusados por la Fiscalía lograron ser beneficiados con procedimiento abreviado y recibieron sus respectivas condenas por lavado de dinero y asociación criminal en calidad de autores. Las penas dictadas contra los citados más arriba van entre dos años y medio y tres años y medio.
Acusación
La Fiscalía cuenta con un arsenal de alrededor de 1.600 documentaciones, una acusación de más de 170 páginas, pericias de equipos informáticos, telefónicos y revenido químico, y unos 90 testigos en el marco de la causa.
Miguel Ángel Insfrán Galeano posee una trayectoria delictiva desde principios del 2000, se habría iniciado en el crimen organizado cometiendo delitos relacionados al robo, desarme de vehículos y reducción. Estas actividades le permitieron establecer contactos con organizaciones criminales radicadas en Bolivia, ya que en esa época este país era un destino habitual para la comercialización de los vehículos robados en Paraguay.
Fue detenido en febrero del 2023 en Río de Janeiro, Brasil, posteriormente fue extraditado a Paraguay en el marco del mayor operativo antidrogas denominado A Ultranza Py, que fue lanzado en febrero de 2022. La investigación previa que desembocó en el operativo se inició a fines de 2019 con una duración de 27 meses y para el éxito de este despliegue participaron el Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA), la Policía de la Unión Europea (Europol) y la Dirección Antidrogas de Uruguay (Dgrtid).