El Tribunal de Apelación integrado por los jueces José Waldir Servín, Agustín Lovera Cañete y Cristóbal Sánchez sigue sin resolver la chicana presentada por la defensa de la exjueza en lo civil y comercial Tania Irún, imputada por prevaricato.

El colegiado ya tiene más de un mes el expediente judicial pero sigue sin expedirse sobre el planteamiento hecho por la defensa de Irún, que recurrió la resolución del juez Yoan Paúl López quien se ratificó en la fijación de la audiencia de imposición de medidas cautelares que estaba fijada para el mes de abril pasado.

Una vez que se destrabe el presente caso en el Tribunal de Apelación, el expediente judicial deberá volver a bajar al juzgado a cargo de Yoan Paúl López, quien tendrá que fijar la nueva fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si la exjueza irá a prisión o le concede medidas alternativas a la prisión.

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La fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción Natalia Fuster formuló imputación por prevaricato contra la exjueza en lo civil y comercial de Asunción Tania Irún, por violar la Ley de Seguridad Fronteriza al entregar 310 mil hectáreas ubicadas en zonas de Alto Paraguay a empresas extranjeras que serían de maletín.

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Imputación

En el acta de imputación, la entonces jueza civil Tania Irún, en fecha 23 de noviembre del 2018, en el marco del juicio caratulado “Cusabo Limited y otros c/ Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial s/ cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública”, resolvió hacer lugar a una demanda de cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública promovida por las firmas Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Firstar Investments y Elite Kingdom Investments otorgándole 310 mil hectáreas a favor de dichas firmas cuyos accionistas no se conocen.

Asimismo, el Ministerio Público sostiene que la entonces magistrada Irún no habría corroborado los datos precisos de las identidades, nacionalidades de los representantes legales, así como tampoco se habría tenido en cuenta la calidad de las acciones o títulos (si los mismos eran nominativos o al portador) de las firmas extranjeras demandantes en incumplimiento a lo establecido en la Ley especial N° 2532/05 (que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay), artículos 1º, 2º, 4º y 8º de la mencionada ley.

JEM y Corte

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) decidió igualmente destituir en sus funciones a la jueza Irún tras encontrarse irregularidades en la actuación de la misma. Igualmente, el pleno de la Corte Suprema de Justicia resolvió rechazar la reconsideración presentada por Irún y ratificó la destitución por mal desempeño en sus funciones de la exjueza en lo civil y comercial.

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