La fiscala adjunta Lourdes Samaniego ratificó el pedido de sobreseimiento definitivo para el joven Marcello Fretes, procesado inicialmente por lesión grave en la causa por supuesta agresión a Benjamín Zapag. Con el dictamen del Ministerio Público, la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera deberá admitir el pedido y desvincular a Fretes del proceso penal.

Durante la audiencia preliminar, la fiscala del caso Carla Rojas pidió la desvinculación del proceso penal de Fretes atendiendo que no se tienen suficientes elementos de prueba para sostener una acusación. Ante este pedido, la jueza Lovera decidió oponerse y dar trámite de oposición para que el pedido sea evaluado por la Fiscalía adjunta, la cual ratificó que el joven Fretes debe ser desvinculado del caso.

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Días atrás la magistrada Lovera decidió que el joven Héctor Grau enfrente un juicio oral y público por lesión grave durante la golpiza que recibió el joven Benjamín Zapag. Ahora se deberá sortear el Tribunal de Sentencia que juzgue el caso, además se tendrá que fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia oral.

De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, Zapag fue detenido a la salida del sanitario de una discoteca asuncena en noviembre de 2022, sitio donde se produjo el ataque físico. El acusado Héctor Grau, quien estaba ubicado al costado izquierdo de la víctima, presuntamente aplicó los golpes que le produjeron la lesión al joven Zapag.

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En el departamento de Alto Paraná fue detenida una mujer que aparentemente se hacía pasar por asistente fiscal para solicitar fuertes sumas de dinero y así archi­var expedientes en la Fisca­lía. La investigación se realizó luego de que una persona denunciara a la misma por­que esta le pidió G. 27 millo­nes a fin de cerrar su caso.

Según el reporte policial la persona denunciante no sería la única que recibió esta oferta por parte de la mujer identi­ficada como Débora Graciela Dávalos Santacruz, de 32 años, quien se presentaba como asistente fiscal y solicitaba el dinero para hacer desapare­cer el expediente. La supuesta estafadora es dueña de un local comercial, lugar donde se pro­dujo su detención.

La detención se logró luego de que personal de la comi­saría jurisdiccional del Área 3, donde esta persona tiene un local comercial de venta de ropas, y que supuesta­mente fue víctima de robo, pero luego se comprobó lo que en realidad hacía Débora Dávalos.

La fiscala Ruth Benítez quien está investigando el cese de la notificación roja de Gianina García Troche, esposa del supuesto narco uruguayo Sebastián Marset, ambos prófugos de la justicia se constituyó en la sede de la Interpol a los efectos de poder de recolectar más evidencias sobre la grave omisión que se registro en la mencionada entidad policial.

Del mismo modo la citada representante del Ministerio Público ordenó la detención de tres personas que podrían ser los supuestos responsables del levantamiento del código rojo de la esposa de Marset y de su secretario José Estigarribia.

La fiscala Benítez está en compañía de agentes policiales de la unidad del ciber crimen de la Policía Nacional que están realizando los trabajos investigativos para poder llegar hasta los responsables que levantaron el código rojo de las personas buscadas por la justicia de nuestro país.

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Días atrás el comandante de la Policía Nacional dispuso la intervención del Departamento de Interpol Asunción - Oficina Central Nacional (OCN) para la verificación de una acción de cese de notificación roja solicitada por esta institución, que involucra a Gianina García Troche, esposa del presunto narco uruguayo Sebastián Marset.

El procedimiento de intervención estuvo a cargo del comisario general inspector Omar Méndez, de la Dirección General de Prevención y Seguridad; el director interino de Asuntos Internos, comisario general inspector Osvaldo Ávalos; la directora interina de la Dirección Científica y Técnica, comisario principal MCP Rosana Chávez; personal científico y técnico especializado en el área.

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La fiscala Carolina Romero denunció un “trato inhumano” por parte del Ministerio Público al indicar que solicitó permiso para someterse a un trata­miento médico contra el cán­cer, pero fue sumariada por la institución. Aseguró que su caso fue planteado al propio fiscal general del Estado, Emi­liano Rolón, quien supuesta­mente la reprendió en lugar de autorizar una reconsideración de la sanción.

“En abril de este año, tras con­troles anuales, se me pudo detectar ciertas calcificacio­nes que llamó la atención de mi médico. Me hicieron otros estudios y se confirmó que era cáncer de alto riesgo”, señaló Romero a la 780 AM. “En el mes de junio, el 13 de junio me sometí a una mastecto­mía total del lado izquierdo, lo cual conllevó a un reposo de 30 días. Esto desembocó en que me llamen de la Fisca­lía General del Estado, desde la Secretaría General especí­ficamente, porque ya no con­taba con los 30 días porque ya utilicé en enero, porque estuve con covid”.

La funcionaria afirmó que recibió la advertencia de que si no se presentaba a su lugar de trabajo le iban a recortar el salario a la mitad. “Tuve que presentarme, posterior a eso pasaron unos días, se me abrió la herida, vuelta a realizar pro­cedimiento. Ya no solicité per­miso, teniendo en cuenta la información que me dieron de parte de la Secretaría General de que si no me presentaba iba a estar con el 50 % del sueldo, nada más”, sostuvo.

Insistió en la necesidad de cobrar su sueldo íntegro para solventar el alto costo de su tratamiento médico. “En este momento, el IPS (Instituto de Previsión Social) no cuenta con el medicamento que yo tengo prescrito y otras cuestiones más que van de la mano, que lleva su costo y necesito contar con mi sueldo total”, remarcó.

Previamente al sumario, en setiembre pasado, la fiscala fue trasladada de unidad fis­cal, pasando de la barrial 5 de Zeballos Cué a la unidad penal ordinaria número 1. “Cambia­ron mis condiciones laborales de las actividades que venía realizando. Anteriormente me venía desempeñando como agente fiscal penal de ejecución, controlando con­denas y reglas de conducta”, puntualizó.

Aseveró que desde el 10 de octubre cumple sus nuevas funciones donde la dinámica es otro puesto que debe parti­cipar de procedimientos tales como levantamiento de cadá­ver, estar por la morgue, en los hospitales, “lo cual no es reco­mendable”, expresó.

Desde la redacción de La Nación/Nación Media intenta­mos obtener la versión del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, pero pese a la insisten­cia no fue posible contactarlo por teléfono.