En el mes de octubre del 2021, el Para­guay lloraba a sus 16.233 fallecidos a causa de la pandemia por el covid-19 de acuerdo a un informe emitido por el Ministerio de Salud Pública y Bienes­tar Social. A un año de la peor etapa de la pandemia, la cifra totaliza de 19.595, según el informe sobre el avance del letal virus en el país, presentado el pasado mes por las autoridades sanitarias.

La administración del jefe de Estado y aspirante a la titularidad de la Asocia­ción Nacional Republicana (ANR), Mario Abdo Bení­tez, es catalogada como un gobierno criminal mar­cado por diversos hechos de corrupción e inoperancia en el marco de una catástrofe global sanitaria que con­tinúa generando dolor en varias familias que siguen llorando a sus ausentes.

En solo 2 años de la gestión de Abdo Benítez, el país per­dió un 3,5% de su pobla­ción. Comparativamente, equivale a la mitad de los 30.000 paraguayos falle­cidos durante la Guerra del Chaco, que abarcó 3 años de contienda con Bolivia, hace 90 años. De acuerdo a las estadísticas oficiales, en 32 meses de pandemia por el covid-19, la negligencia del Gobierno supuso que las cifras se disparen para un total de 460.815 casos con­firmados, 47.658 hospitali­zados, de los cuales 7.299 personas ingresaron a la unidad de terapia intensiva (UTI), mientras que otros 40.359 pacientes se ubica­ron en salas comunes.

El conflicto sanitario que motivó al Poder Ejecutivo a decretar una cuarenta estricta, prohibiendo a la gente salir a las calles, ter­minó por revelar la corrup­tela instalada en el Gobierno ante un mandatario compla­ciente, carente de liderazgo para destituir a sus colabo­radores que buscaron sacar tajadas de los 1.600 millo­nes de dólares que fueron concebidos por el Congreso Nacional.

En varios de los casos, el modus operandi consistía en establecer una serie de irregularidades como, por ejemplo, pliegos direccio­nados, falta de invitación a firmas interesadas en participar de las licitacio­nes, millonarios contratos con empresas amigas y las sobrefacturaciones en la adquisición de los insumos y equipos médicos.

Entre los casos que toma­ron estado público figura la fallida compra de los insumos chinos por parte de la cartera sanitaria que involucró a la firma Ime­dic, perteneciente a Justo Ferreira y su hija Patri­cia. Al respecto, el proceso judicial sigue pendiente y se prevé recién la realización de un juicio oral en febrero del 2023.

El clan familiar se encuen­tra fuertemente ligado a los hermanos parlamentarios Lilian y Arnaldo Samaniego, referentes del abdismo.