Un irregular procedimiento policial realizado en Villarrica por presunto personal del Departamento Antinarcóticos, con sede en Coronel Oviedo, desató suspicacias. El procedimiento de los agentes no fue comunicado a la comisaría jurisdiccional, lo que llamó la atención de otros policías que siguieron el caso.
Las sospechas apuntaron a una posible “plantación” de sustancias prohibidas por parte de los antinarcóticos, en complicidad con una mujer, presumiblemente una trabajadora sexual, en perjuicio de un comerciante de la ciudad de Itapé, en el Guairá.
Estos hechos de inseguridad que involucran a agentes de la Policía Nacional se repiten con mucha frecuencia en los últimos meses, mientras que Arnaldo Giuzzio, responsable de la seguridad interna del país, desarrolla su propia agenda, lejos de las obligaciones para las que fue designado.
La denuncia sobre este hecho fue elevada ante el agente fiscal de turno y la mujer quedó en calidad de demorada, pero los antinarcóticos fueron puestos a disposición de la Dirección de Investigación Criminal.
El comerciante fue esposado en un brazo, pero pudo escapar, corrió casi 4 kilómetros, cruzó una pileta de desechos de la ESSAP y eucaliptales, llegó hasta una gomería y pidió ser llevado hasta la Comisaría 2ª Santa Librada, de Villarrica.
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Bolsonaro fue “huésped” en la embajada de Hungría por temor a la justicia brasileña
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue “hospedado durante dos días” en la embajada de Hungría en Brasilia, dijeron el lunes sus abogados, que negaron que se hubiera refugiado ahí en febrero para evadir la justicia.
La defensa del exmandatario ultraderechista (2019-2022) publicó un comunicado en reacción a una información del diario The New York Times según la cual Bolsonaro se había “escondido en la embajada húngara” el mes pasado, poco después de ser blanco de una “investigación policial”.
El diario estadounidense publicó imágenes de videovigilancia donde se ve al expresidente entrar en la sede diplomática de Hungría en Brasilia el 12 de febrero a la noche y salir el 14 después del mediodía.
La estadía ocurrió cuatro días después de que se lanzara una operación policial durante la que se le retiró el pasaporte.
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La policía lanzó el 8 de febrero la operación Tempus Veritatis (la hora de la verdad, en latín), contra Bolsonaro y varios de sus estrechos aliados, incluidos algunos de sus exministros.
Según la investigación, Bolsonaro y varios allegados participaron en un plan de golpe de Estado para evitar la investidura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Bolsonaro lo niega y dice ser víctima de una “persecución”.
Bolsonaro “pasó dos días hospedado en la embajada de Hungría en Brasilia para mantener contacto con autoridades del país amigo”, afirmaron sus abogados en un comunicado.
“Como es de conocimiento público, el exmandatario del país mantiene una buena relación con el primer ministro húngaro (Viktor Orban), con quien se encontró recientemente en la investidura del presidente (argentino) Javier Milei en Buenos Aires”, agregaron.
Mientras se desarrollaba la operación policial, Orban calificó a Bolsonaro de “patriota honesto” en sus redes sociales, y lo animó a “continuar luchando”.
“En los días que estuvo hospedado en la embajada, bajo invitación, el expresidente brasileño conversó con numerosas autoridades del país amigo, actualizando los contextos políticos de los dos países”, detallaron.
“Cualquier otra interpretación (...) es parte de la ficción” y puede ser calificada de “fake news”, insistieron.
Bolsonaro, de 69 años, fue inhabilitado en junio pasado para presentarse a cargos públicos por difundir informaciones falsas sobre el sistema de voto electrónico en Brasil.
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La policía lo investiga además por otras varias causas.
La semana pasada, la policía recomendó su inculpación por un caso de falsificación de certificados de vacunas contra el covid.
Fuente: AFP
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Abogado solo será investigado por extorsión y no por tráfico de influencia, ratifica la Corte
El abogado Farid Gustavo González solo será investigado por el delito de extorsión, según ratificó la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, integrado por los ministros Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, quienes declararon inadmisible el recurso de casación presentado por el fiscal Federico Delfino. El representante del Ministerio Público recurrió a la resolución del tribunal de apelación que ratificó que el citado profesional del derecho no puede ser juzgado por tráfico de influencia por no ser funcionario público.
El Ministerio Público imputó por extorsión y tráfico de influencia a González, pero la jueza de garantías Diana Carvallo excluyó el delito de tráfico de influencia porque el abogado González no es funcionario público por lo tanto no puede ser procesado por tal delito.
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La Fiscalía imputó a González luego de realizar un procedimiento de entrega vigilada en San Lorenzo, donde el profesional del derecho quedó detenido tras recibir el dinero que exigió para que su esposa pueda beneficiar a una persona en un proceso de violencia familiar.
La víctima del hecho, Pamela Núñez, denunció que había pedido que se haga un cruce de llamadas en la causa que tiene contra su agresor, Carlos Vigo, ya que este incumplía con sus medidas y que incluso el fiscal solicitó la revocatoria y prisión preventiva, lo que fue rechazado por la jueza Salomón.
Tras el rechazo, la víctima refirió que el marido de Salomón le pidió una suma elevada de dinero, para que salga la resolución a su favor, bajo amenaza de que la contraparte le estaba ofreciendo mucho dinero.
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Efraín debe ser investigado y procesado, afirman
El arquitecto Gustavo Masi se pronunció sobre el lapidario informe de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, el cual reveló que Efraín Alegre causó un perjuicio de más de US$ 37 millones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en el tiempo en que era titular de dicha cartera. El profesional del gremio de la construcción afirmó que el candidato por la Concertación “debe ser investigado y procesado” por este daño a las arcas del Estado.
“Se tiene que abrir una causa de investigación contra él, porque esto es gravísimo. Espero que la gente abra sus ojos y vea lo que es Efraín Alegre y toda su pandilla”, fustigó en contacto con la 650 AM.
El arquitecto Masi indicó que se tenía conocimiento sobre los negociados que llevaba Alegre como ministro del MOPC y que siempre sostuvo la postura de que ante este tipo de hechos el sector privado debe sentar postura en contra de los indicios de corrupción; no obstante, existía miedo a represalias.
“Siempre dije que en la Cámara Paraguaya de la Construcción teníamos que ser los primeros en manifestarnos, pero la mayoría de los que estaban en la mesa eran contratistas del Estado, entonces no querían meterse en este juego por miedo a pase de factura”, acotó.
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Ante las denuncias de corrupción, el gobierno de Abdo debe ser investigado
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ha sido denunciado últimamente de aprovechar su cargo en la más alta magistratura de la nación para enriquecerse con contratos con el Estado paraguayo, él y sus familiares. Debido a la gravedad de los hechos, las denuncias tendrían que ser objeto de investigación por parte del Ministerio Público para determinar el grado de responsabilidad del alto funcionario y establecer si ha cometido delitos o no. Más allá de las investigaciones que pudieran darse, el hecho de aprovecharse de la función pública para enriquecerse no es precisamente plausible y pone una mancha más en el currículum del más alto funcionario del país, últimamente muy cuestionado por sus actuaciones en diversos ámbitos.
El presidente de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), Jorge Querey, cuando fue consultado sobre el tema, dijo que el primer mandatario debe ser examinado por los organismos competentes. “Tiene que ser investigado, hay mucha corrupción dentro de este gobierno, mucho lavado de dinero, muchísimo tráfico de influencia, mucho contrabando y muchas organizaciones criminales”, manifestó.
El senador colorado Enrique Riera cree que existen elementos suficientes para demostrar que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y su entorno familiar y político actuaron durante estos 4 años y medio de gobierno con base en sus intereses para aprovecharse del Estado y enriquecerse de manera ilícita mediante su empresa distribuidora de asfalto. Se refería a la firma Aldia SA, que pertenece a Abdo y su familia, que de tener utilidades por valor de 6.665 millones de guaraníes hace cuatro años, pasó a contabilizar ganancias por 92.647 millones de guaraníes en el 2021. Esto porque consiguió contratos vinculados a dependencias del Gobierno, como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, dirigido entonces por Arnoldo Wiens, por cifras muy elevadas en los últimos años. “Nosotros ya estamos frustrados porque nos cansamos de realizar denuncias sobre la corrupción en este gobierno. Donde vos toques está podrido, ya no tiene arreglo, ya hizo metástasis. Acá existe una grosera convivencia de intereses y un enriquecimiento indebido”, aseveró el legislador.
La Ley 2021/22, De Suministros y Contrataciones Públicas, prohíbe que los mandatarios, exponentes del Gobierno y sus parientes cercanos puedan hacer contrataciones con el Estado y sus dependencias. En su artículo 21 excluye presentar propuestas y contratar con el Estado al presidente de la República, el vicepresidente, legisladores y una gran cantidad de funcionarios estatales y del Mercosur. En el inciso C de este artículo extiende la prohibición a los cónyuges, concubinos o convivientes y los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Por consiguiente, el hijo del Presidente, a quien se señala como beneficiario, está comprendido dentro de las prohibiciones mencionadas. Aunque esta ley es de reciente promulgación y no regía anteriormente, contiene normas que son habituales en los manejos de una administración estatal honesta.
Una alta funcionaria del Gobierno aclaró que el Presidente y su hijo entran dentro de las inhabilidades de acuerdo con la nueva norma. “Con la nueva ley es esa la restricción. En la vieja ley no quedaba muy claro, entonces, se le dio más fuerza con esta normativa”, explicó.
Otro de los signos de la poca honestidad del Gobierno es que últimamente Abdo está haciendo propaganda político-partidaria para su lista en el Partido Colorado usando los bienes estatales. Muestra en las imágenes las obras públicas construidas con dinero del pueblo como un logro suyo para que se vote por él en las internas de su partido. Esto riñe con cualquier tipo de comportamiento decoroso.
Son numerosas las muestras de desfachatez pública en el manejo del gobierno de Abdo, por lo que tiene que ser objeto de investigaciones serias por el bien del país. No se puede tolerar bajo ningún pretexto que los gobernantes se sigan burlando de las normas y aprovechen sus cargos públicos para cometer desenfrenos en perjuicio del país.
Es necesario que el Ministerio Público asigne de inmediato a los agentes fiscales que comiencen a indagar la conducta de los altos funcionarios del Gobierno en el manejo de los bienes e intereses del Estado. Hay numerosas evidencias que deben ser analizadas. Para que se determinen las responsabilidades penales y se castiguen de manera ejemplar a los que delinquen.