El abogado Farid Gustavo González solo será investigado por el delito de extorsión, según ratificó la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, integrado por los ministros Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, quienes declararon inadmisible el recurso de casación presentado por el fiscal Federico Delfino. El representante del Ministerio Público recurrió a la resolución del tribunal de apelación que ratificó que el citado profesional del derecho no puede ser juzgado por tráfico de influencia por no ser funcionario público.
El Ministerio Público imputó por extorsión y tráfico de influencia a González, pero la jueza de garantías Diana Carvallo excluyó el delito de tráfico de influencia porque el abogado González no es funcionario público por lo tanto no puede ser procesado por tal delito.
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La Fiscalía imputó a González luego de realizar un procedimiento de entrega vigilada en San Lorenzo, donde el profesional del derecho quedó detenido tras recibir el dinero que exigió para que su esposa pueda beneficiar a una persona en un proceso de violencia familiar.
La víctima del hecho, Pamela Núñez, denunció que había pedido que se haga un cruce de llamadas en la causa que tiene contra su agresor, Carlos Vigo, ya que este incumplía con sus medidas y que incluso el fiscal solicitó la revocatoria y prisión preventiva, lo que fue rechazado por la jueza Salomón.
Tras el rechazo, la víctima refirió que el marido de Salomón le pidió una suma elevada de dinero, para que salga la resolución a su favor, bajo amenaza de que la contraparte le estaba ofreciendo mucho dinero.
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