El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ha sido denunciado últimamente de aprovechar su cargo en la más alta magistratura de la nación para enri­quecerse con contratos con el Estado paraguayo, él y sus familiares. Debido a la gravedad de los hechos, las denuncias ten­drían que ser objeto de investigación por parte del Ministerio Público para deter­minar el grado de responsabilidad del alto funcionario y establecer si ha cometido delitos o no. Más allá de las investigacio­nes que pudieran darse, el hecho de apro­vecharse de la función pública para enri­quecerse no es precisamente plausible y pone una mancha más en el currículum del más alto funcionario del país, última­mente muy cuestionado por sus actuacio­nes en diversos ámbitos.

El presidente de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), Jorge Querey, cuando fue consultado sobre el tema, dijo que el primer mandatario debe ser examinado por los organismos competentes. “Tiene que ser investigado, hay mucha corrupción dentro de este gobierno, mucho lavado de dinero, muchísimo tráfico de influencia, mucho contrabando y muchas organizacio­nes criminales”, manifestó.

El senador colorado Enrique Riera cree que existen elementos suficientes para demostrar que el presidente de la Repú­blica, Mario Abdo Benítez, y su entorno familiar y político actuaron durante estos 4 años y medio de gobierno con base en sus intereses para aprovecharse del Estado y enriquecerse de manera ilícita mediante su empresa distribuidora de asfalto. Se refería a la firma Aldia SA, que pertenece a Abdo y su familia, que de tener utilidades por valor de 6.665 millones de guaraníes hace cuatro años, pasó a contabilizar ganan­cias por 92.647 millones de guaraníes en el 2021. Esto porque consiguió contratos vinculados a dependencias del Gobierno, como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, dirigido entonces por Arnoldo Wiens, por cifras muy elevadas en los últimos años. “Nosotros ya estamos frustrados porque nos cansamos de reali­zar denuncias sobre la corrupción en este gobierno. Donde vos toques está podrido, ya no tiene arreglo, ya hizo metástasis. Acá existe una grosera convivencia de intereses y un enriquecimiento indebido”, aseveró el legislador.

La Ley 2021/22, De Suministros y Contra­taciones Públicas, prohíbe que los man­datarios, exponentes del Gobierno y sus parientes cercanos puedan hacer contra­taciones con el Estado y sus dependen­cias. En su artículo 21 excluye presentar propuestas y contratar con el Estado al presidente de la República, el vicepresi­dente, legisladores y una gran cantidad de funcionarios estatales y del Mercosur. En el inciso C de este artículo extiende la pro­hibición a los cónyuges, concubinos o con­vivientes y los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Por consiguiente, el hijo del Presidente, a quien se señala como beneficiario, está compren­dido dentro de las prohibiciones menciona­das. Aunque esta ley es de reciente promul­gación y no regía anteriormente, contiene normas que son habituales en los manejos de una administración estatal honesta.

Una alta funcionaria del Gobierno aclaró que el Presidente y su hijo entran dentro de las inhabilidades de acuerdo con la nueva norma. “Con la nueva ley es esa la restric­ción. En la vieja ley no quedaba muy claro, entonces, se le dio más fuerza con esta nor­mativa”, explicó.

Otro de los signos de la poca honestidad del Gobierno es que últimamente Abdo está haciendo propaganda político-partidaria para su lista en el Partido Colorado usando los bienes estatales. Muestra en las imá­genes las obras públicas construidas con dinero del pueblo como un logro suyo para que se vote por él en las internas de su par­tido. Esto riñe con cualquier tipo de com­portamiento decoroso.

Son numerosas las muestras de desfachatez pública en el manejo del gobierno de Abdo, por lo que tiene que ser objeto de investi­gaciones serias por el bien del país. No se puede tolerar bajo ningún pretexto que los gobernantes se sigan burlando de las nor­mas y aprovechen sus cargos públicos para cometer desenfrenos en perjuicio del país.

Es necesario que el Ministerio Público asigne de inmediato a los agentes fiscales que comiencen a indagar la conducta de los altos funcionarios del Gobierno en el manejo de los bienes e intereses del Estado. Hay numerosas evidencias que deben ser analizadas. Para que se determinen las res­ponsabilidades penales y se castiguen de manera ejemplar a los que delinquen.