Las autoridades y funcionarios del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) expresaron sus condolencias a familiares y amigos del exsenador colorado Óscar González Daher, quien falleció esta tarde a consecuencia de un paro cardíaco. El doctor Cristhian Rojas fue el responsable de constatar el deceso del político en un sanatorio privado de la ciudad de Luque.
En su momento, González Daher en su carácter de senador fue representante de la cámara alta ante el JEM. Asimismo, el exparlamentario ocupó la presidencia del referido órgano juzgador de magistrados judiciales.
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Fue miembro del Congreso durante varios años. Primeramente fue diputado por Central durante el período 1998-2003. En el 2003 accedió a una banca en la Cámara de Senadores, donde fue reelecto en varias ocasiones y permaneció allí hasta el 2017.
Los primeros mensajes de condolencia se dieron apenas se supo la noticia. Importantes líderes republicanos lamentaron su muerte, uno de ellos es el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Pedro Alliana.
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JEM abre investigación a juez y a fiscales que allanaron casa de Gomes
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), dirigido por la doctora Alicia Pucheta, resolvió ayer en mayoría de sus miembros la apertura de una investigación preliminar al juez penal de Garantías, Osmar Legal, y a los fiscales Osmar Alberto Segovia, Elva Cáceres e Ingrid Cubilla, en el marco de las averiguaciones del allanamiento que se realizó en la casa donde resultó muerto el diputado Eulalio “Lalo” Gomes, en Pedro Juan Caballero.
De los 8 miembros del JEM, siete votaron a favor para remitir los antecedentes del caso para la apertura de la investigación preliminar. El voto en contra fue el del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Ramírez Candia.
Al momento de argumentar su voto en contra, Ramírez Candia dijo que si bien se trató de un hecho grave, no se puede evidenciar responsabilidad del juez ni de los fiscales. Indicó que a su criterio, los operadores de la Justicia actuaron conforme a lo que establece la ley.
Mientras que se ratificaron a favor de la investigación los otros miembros: Orlando Arévalo, Alicia Pucheta, Enrique Berni, César Garay Zuccolillo, Mario Varela, Derlis Maidana y Alejandro Aguilera.
El diputado Arévalo indicó que “llevando en cuenta la magnitud de lo ocurrido, tiene que ser investigado. Los funcionarios públicos, los actores de la Justicia, tenemos que estar acostumbrados al control”.
ANTECEDENTE
La casa del diputado Lalo Gomes fue allanada el pasado 19 de agosto, con una orden del juez Osmar Legal, dentro del Operativo Pavo Real II, que investiga el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. La orden judicial habilitaba a los fiscales actuar incluso en horas nocturnas. El operativo de allanamiento se realizó en horas de la madrugada cuando el diputado estaba en su dormitorio con su esposa, y al percatarse de la presencia de extraños en su residencia se resistió abrir la puerta y procedió a disparar contra los intervinientes. Estos a su vez respondieron y dieron a la humanidad del diputado.
Según relatos de los agentes de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles Conexos (SIU) y efectivos de de la FOPE.
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Caso Lalo Gomes: JEM aprueba investigar actuación de juez y fiscales
En el transcurso de este jueves, los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), aprobaron impulsar una investigación preliminar sobre las actuaciones del juez penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal y los fiscales Osmar Alberto Segovia Jara, Ingrid Gisselle Cubilla Villamayor y Elva Agustina Cáceres Samudio.
La apertura de pesquisa guarda relación con el caso del diputado y dirigente del departamento de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes Batista, quien falleció en la madrugada del pasado 19 de agosto durante un allanamiento en su vivienda en el marco del operativo Pavo Real II.
La información fue dada a conocer por los medios oficiales del JEM a propuesta del diputado Orlando Arévalo, quien puso en conocimiento las publicaciones periodísticas sobre la muerte de su colega ante la institución extrapoder encargada de juzgar el desempeño de los magistrados judiciales.
Arévalo manifestó que se encuentran reunidos los presupuestos para el inicio de una investigación preliminar. “Esto llevando en cuenta la magnitud de lo ocurrido. Nosotros, todos los funcionarios públicos y actores de justicia tenemos que estar acostumbrados al control”.
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Señaló además que el JEM se encuentra facultado para hacer “uso de las atribuciones oficiosas, motivo por el cual solicito a los miembros el acompañamiento para el inicio de una investigación preliminar previa a todos los agentes fiscales intervinientes, también al juez que firmó el mandamiento”.
Su petición fue acompañada por su colega Alejandro Aguilera, los senadores Derlis Maidana y Mario Varela, el ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), César Garay Zuccolillo y los representantes del Consejo de la Magistratura, Alicia Pucheta y Enrique Berni. Mientras que el también ministro de la máxima instancia judicial, Manuel Ramírez Candia, fue el único quien expresó su rechazo.
Antecedentes
El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de la Policía, de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (Fope) y fiscales. El parlamentario, su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, Óscar Daniel Cabreira Pinazo, Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Mathías Gaona fueron imputados por supuestos vínculos con el lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal.
La imputación fiscal sostiene que tanto Eulalio Gomes y su descendiente habrían brindado auxilio económico a la red del narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão a través de una aparente simulación de compra de una de sus estancias.
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JEM pide ampliación presupuestaria para fortalecer la institución
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) solicitó un aumento presupuestario de un poco más de G. 218 millones correspondiente al ejercicio fiscal 2024, para el fortalecimiento de la institución. La presidenta del Jurado, Alicia Pucheta, compareció en la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria de la Cámara de Diputados.
Pucheta argumentó el pedido de aumento presupuestario para el presente año ante la comisión asesora, señalando que este presupuesto será destinado a otorgar el rango de dirección general a tres áreas del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
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“Es para que puedan tener el rango de dirección general, tres son esas direcciones que van a potenciar, van a fortalecer al Jurado de Enjuiciamiento por su propia atribución de competencia, que es la parte misional, por ejemplo, lo que hace a los fiscales acusadores”, explicó al término de la reunión.
Una de estas áreas tiene que ver con los fiscales acusadores, estos intervienen en las situaciones en las que el Jurado interviene de oficio en algunas circunstancias. “Cuando no existe un acusador que hace esa denuncia al Jurado o representante de la Cámara de Diputados, senadores, fiscal general del Estado, defensor del pueblo, entonces ante esa situación, una vez cumplido con los plazos que establece la ley, interviene de oficio”, indicó.
Agregó que elevar al rango de dirección general esta área tiene que ver con el aspecto misional que es una función que debe ser autónoma, independiente, por lo que el objetivo es fortalecer la institución.
La dirección de planificación y desarrollo, también es otra de las áreas que se pretende elevar al rango de dirección general. “En todas las instituciones, esa dirección es importante, porque se elaboran proyectos que se hacen realidad a corto, mediano y largo plazo, y hay continuidad”, mencionó Pucheta.
También citó al área de la impunidad y también al control, y la atención a la ciudadanía. “Esa dirección general que sería el de trasparencia y anticorrupción, es la que hace el monitoreo del desempeño de todos los funcionarios y funcionarias de la institución, y también en lo que refiere a la recepción de las denuncias de la ciudadanía que se hacen todos los días, y ahora a la fecha tenemos 470 llamadas que se han hecho de toda la República con relación a esa oficina de denuncias”, sentenció.
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Comisión Bicameral de PGN 2025 entra en función tras definir sus autoridades
Las máximas autoridades del Congreso Nacional, el senador Basilio “Bachi” Núñez y el diputado Raúl Latorre encabezaron la instalación de la Comisión Bicameral de Presupuesto 2025 con el fin de analizar el plan de gastos presentado por el Poder Ejecutivo el pasado 30 de agosto, equivalente a unos G. 132,9 billones, o lo que serían USD 17.557 millones.
Durante la sesión preparatoria fueron electos por sus pares la diputada Cristina Villalba para la presidencia de la comisión. Mientras que la vicepresidencia será presidida por el senador Silvio “Beto” Ovelar. Ambos parlamentarios militan en el oficialismo colorado.
Asimismo se definió que la comisión sesionará los días lunes desde las 10:00 hasta las 18:00 para abordar los requerimientos de las diferentes instituciones del Estado. A la vez se aclaró que, si fuera necesario, los jueves podrían también ser convocados los integrantes del bloque.
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En la ocasión, el senador liberal Líder Amarilla planteó la creación de subcomisiones para el tratamiento del PGN, sin embargo la propuesta no prosperó. Mientras que su colega Hermelinda Alvarenga solicitó responsabilidad y compromiso para abordar la iniciativa donde se asignan los recursos públicos a las entidades para el cumplimiento de los planes y programas de desarrollo económico y social.
“Hablando somos espectaculares, pero trabajando no tanto. Es una verdadera vergüenza que cuando vienen las instituciones pequeñas nadie está”, afirmó durante su intervención. El PGN 2025 viene con un incremento del 14 % respecto a lo aprobado para este 2024, un aumento de más de USD 2.000 millones.
El plan de gastos para el 2025 se divide en 2 grandes segmentos. Por un lado, la Administración Central que incluye al Ejecutivo, el Judicial, el Legislativo y los órganos de control. Por otro lado, las entidades descentralizadas que tienen gran prioridad. El incremento total es poco más de los USD 2.000 millones, concentrado preferentemente en un 52 % en las entidades descentralizadas, específicamente, en tres instituciones, como el Banco Nacional de Fomento (BNF), la Administración Nacional de Electricidad (Ande) y el Instituto de Previsión Social (IPS).
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