La fiscala Vivian Coronel imputó a dos mujeres que presuntamente mantenían en régimen de servidumbre y de trabajo forzado a una adolescente de 15 años. Se trata de monjas de una congregación no reconocida por la Iglesia católica. Por el hecho punible de trata de personas, las procesadas son Olga Bogado Cubas (33), detenida con orden de prisión preventiva, y Rufina Salinas Acuña (54), prófuga de la Justicia, con una orden de captura y requerimiento de rebeldía.

El antecedente del caso indica que Rufina Salinas se hizo pasar por madre superiora de una falsa congregación denominada Nuestra Señora de Caacupé para presuntamente captar a una adolescente de 15 años que aspiraba a ser religiosa. El 19 de marzo de 2023 se presentó en la vivienda de la menor en Minga Guazú, y tras llegar a un acuerdo con la madre de la adolescente la sacó de su hogar.

La “madre superiora” llevó a la adolescente a la casa donde operaba la congregación, ubicada en el kilómetro 14 de Acaray, a unos 2.000 metros de la ruta PY02, en el distrito de Minga Guazú. Allí, la víctima permaneció durante ocho días, antes de ser trasladada a otro sitio llamado Casa de la Reina de la Paz, situado en las calles Florida y Laureles, del barrio Molino de Luque, supuestamente para recibir formación como novicia religiosa. El cambio de casa fue el 27 de marzo de 2023.

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Contrariamente a la formación religiosa, en dicha casa la adolescente fue sometida a servidumbre y trabajo forzado por Olga Bogado Cubas, quien presuntamente la maltrataba física y psicológicamente; la abofeteaba, la golpeaba en la nuca y obligaba a besar el suelo hasta cien veces, según el escrito de la Fiscalía.

El relato indica además que cuando la adolescente no cumplía en forma con sus tareas, la agresora la castigaba, la insultaba y la obligaba a hacer tareas domésticas desde tempranas horas hasta la madrugada. También se le prohibía comunicarse con su madre.

Finalmente, la familia realizó la denuncia, la adolescente fue dejada frente a su casa y la fiscala Vivian Coronel, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes, como también de la Unidad contra la Trata de Personas, inició la investigación con la asistencia médica y psicológica correspondiente para la víctima.

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