En la Cámara de Diputados, un grupo de legisladores impulsa el proyecto de ley “que modifica y amplía la Ley Nº 5.210/14, de alimentación escolar y control sanitario”, con el objetivo de que más rubros provenientes de la agricultura familiar campesina formen parte del almuerzo y merienda escolar.

El proyecto refiere que también implicará fortalecer el desarrollo de la agricultura familiar campesina en todo el país, priorizando la compra de sus productos para su utilización en la provisión de alimentos escolares. Esta iniciativa permitirá a las gobernaciones y municipios, en coordinación con el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN), a ampliar el subsidio alimenticio.

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La normativa establecerá que, los alimentos pueden ser en estado natural o alimentos procesados, permitiendo, y dar la apertura de oferta de todo tipo de productos de la agricultura familiar, sin excepción. “La idea es que, dependiendo de la disponibilidad, capacidad de producción o la estacionalidad de los mismos, se utilicen esos productos en la elaboración de alimentos escolares”, refiere parte del texto.

La iniciativa toma como ejemplo algunas zona de producción bananera, puedan entregarse bananas en estado natural, o como ingrediente en la elaboración de tortas, galletitas, jugos concentrados, fruta deshidratada y otros; la utilización de productos como materia prima, generará mayor mano de obra y aprovechamiento de la producción y distribución de alimentos.

Además, con la modificación de la ley que se deberá garantizarse la provisión de alimentos aptos para aquellos estudiantes con intolerancias o alergias alimentarias, estableciéndose una previsión mínima del 10% de alimentos especiales, que deberán ser libres de gluten y lactosa, conjunta o separadamente.

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Varios voluntarios instalaron ayer la “carpa de la dona­ción” en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), con el objetivo de ayudar a los familiares de pacientes a conseguir medicamentos. También reciben todo tipo de alimentos y los interesados en ayudar pueden comunicarse al (09849 777-493.

“Los mismos familiares administran (la ‘carpa de la donación’), ayudan y vienen a pedirnos medicamentos. Todo lo que necesitan los familiares vienen a pedir y los voluntarios pasamos a los grupos las recetas y la gente colabora como puede”, explicó Rosana de la Logia, una de las voluntarias, en entrevista con el canal GEN.

Sostuvo que hay gente que hace hasta giro de dinero para ayudar a los pacientes y sus allegados. Los fondos son destinados para la com­pra de insumos, medicamen­tos y la compra de alimen­tos. Muchas personas acuden hasta el lugar en buscar del desayuno, almuerzo y para conseguir los fármacos.

La mujer mencionó que de forma diaria suelen entregar hasta 150 platos de comida a los familiares de pacientes y si sobra se entrega para la cena. Los voluntarios piden a la ciudadanía ayudar a donar productos de higiene, como jabón, tapabocas y alcohol, también utilizados en la lucha contra el covid-19.

“Trajimos también mantas porque los familiares están expuestos al cambio de clima y anoche estuvimos repar­tiendo. Cuando un familiar nos entrega nosotros lava­mos y volvemos a prestar, tratamos de dar todo lo que podemos”, agregó la volun­taria.

Los familiares de los pacien­tes internados destacan la ayuda y solidaridad de la gente porque siempre hay gastos en el hospital, como en compra de medicamentos, insumos y alimentos, mien­tras esperan noticias de sus seres queridos.

Vale recordar que el IPS intentó ceder las instalacio­nes del Centro Residencial (Cream), ubicado en San Ber­nardino, al Grupo San Roque para que lo convierta en un hospital covid, con la insta­lación de 200 camas en 15 días y cuyo contrato dura­ría seis meses. El sanatorio privado finalmente retiró su propuesta ante los cuestio­namientos surgidos.

Productores de Guayaibí, del departamento de San Pedro, preocupados y como primera medida de acción ante las trabas, más la excesiva burocracia en el proceso del cultivo del cáñamo para la agricultura familiar campesina, anuncian una manifestación y cierre de ruta para mañana a partir de las 8:00 en la zona céntrica de la ciudad.

Así lo confirmó a La Nación el productor de la zona Hugo Correa, quien lamentó el contexto y trasfondo político en el que se está desenvolviendo el proceso, cuya legalización ya data desde el 2019 con fines, supuestamente, benefactores para la agricultura familiar y los pequeños productores, a más de la declaración de interés nacional por el propio presidente de la República.

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“Queremos que la ciudadanía sepa cómo se dieron las cosas, nosotros como productores interpretamos que el cultivo del cáñamo sería exclusivo para los agricultores, y para eso nos planificamos, nos preparamos desde hace 2 años. Ahora nos salen con que el Senave quiere llevar las semillas a su cámara para validación, siendo que el IPTA ya validó eso”, expresó.

Pero para sorpresa de los productores, existen unas 3 empresas privilegiadas que ya están muy adelantadas con el cultivo en campos extensivos de 300 a 400 hectáreas y que utilizan a productores de soja para el efecto, sin incluir a los pequeños productores, quienes deberían ser los beneficiados, dijo. Es por ello que tras recurrir a todas las instancias posibles y legales para exigir el cumplimiento de lo que se había establecido, pasan a la primera medida de acción con la manifestación prevista para mañana, pero no descartan que sea de forma intermitente y ampliado en otras zonas del país con presencia de unos 7.000 a 8.000 productores incluso.

Correa recalcó la necesidad de diversificación del cultivo, que bien lo pueden hacer con el cáñamo, y que podría ser una salida a la complicada situación económica que se arrastra a causa de la pandemia, de miles de productores que podrían iniciar el cultivo en este primer ciclo que empieza el 15 de abril.

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Tanto asociaciones, comités y cooperativas de productores están agremiados a la Cámara Paraguaya de Cannabis Industrial (Cannapy), a modo de trabajar en alianzas tal y como se importaron las semillas.

El gerente de la Cooperativa Agronorte, Rolando Chávez, mencionó a la vez la situación bien podría ser subsanada con el simple registro en cultivares de la semilla, pues las mismas variedades importadas ya fueron verificadas tras los ensayos realizados por el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), ya que la misma Ley N° 385 de semillas lo permite, al haber sido declarado de interés nacional ya en el 2020.

En el artículo 19° de la citada ley menciona que podrán ser inscriptas de oficio los cultivares que cumplan con los requisitos previos (artículos 11 y 12) que resulten de interés público su comercialización. Por su parte, Federico Montanía, miembro de la comisión directiva de la Cannapy, fundamentó la importancia de que las semillas se inscriban de oficio en el registro de cultivares, a modo de que cualquier empresa o cooperativa pueda importar y empezar a sembrar, ya que las mismas fueron aprobadas por el IPTA.

Mientras sigue pasando el tiempo, lo que sucede es que el país está perdiendo relación de competencia ante otros países de la región que ya se encuentran adelantados, limitando así el mercado de exportación, ya que los primeros que realicen el cultivo serán los que ganarán mercados, limitando así a Paraguay o dejando fuera, acotó.

En cuanto al estado actual de las semillas, Montanía mencionó que siguen varadas en el aeropuerto sin realizar el despacho aduanero que deben hacerlo la Cannapy, ya que una vez realizado, lo que pretende el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) es direccionarlo a su cámara fría para un nuevo ensayo que dura 2 años, mientras los productores aseguran contar también con su propia cámara, según Correa.

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El valor de las importaciones de las tres variedades de semillas, Felina, Futura y Fedora, unos 1.000 kilos para 60 parcelas, realizadas por las empresas, cooperativa y comités de productores que se unieron en la Cannapy, asciende a los 20.000 euros a la fecha.

Lo que sorprende a los productores y miembros de la Cannapy es que la salvedad con la que se dejó operar a las grandes empresas, por lo que refieren intereses particulares que benefician a las empresas en cuestión, entre ellas Healthy Grains SA, y que no existe voluntad política, ya que el ministro de Agricultura y Ganadería puede realizar de oficio la inscripción de las semillas, alegaron.