Nueva York, Estados Unidos | AFP |
Michael Cohen, exabogado de Donald Trump, se declaró culpable el martes de ocho cargos ante un tribunal de Nueva York, y dijo que a pedido del presidente estadounidense hizo pagos para acallar a dos examantes con la meta "de influir en la elección" de 2016.
Cohen, de 51 años, quien fue abogado de Trump durante una década, se declaró culpable de cinco delitos de evasión fiscal de 2012 a 2016, un delito de fraude bancario y dos delitos de violación de la ley de financiación de las campañas electorales.
Al detallar por qué es culpable de cada cargo, un abatido Cohen dijo al juez William Pauley que pagó 130.000 y 150.000 dólares durante la campaña electoral de 2016 a dos mujeres que afirmaron haber tenido aventuras con Trump a cambio de su silencio, "a solicitud del candidato" y "con la intención de influir en la elección" presidencial que le dio el triunfo.
Cohen no identificó a las mujeres, pero los montos corresponden a los desembolsos ya conocidos pagados a la actriz porno Stormy Daniels, que asegura haber tenido una aventura con Trump en 2006 (130.000 dólares) y a la exconejita de Playboy Karen McDougal, que relata amoríos con el mandatario en 2006 y 2007.
"¿Usted sabía que todo esto estaba mal y era ilegal?", le preguntó el juez Pauley.
"Sí su señoría", le respondió Cohen, la voz temblorosa.
Sus declaraciones dan a entender que Trump podría haber cometido un delito, y fueron catalogadas de graves por el presidente.
Cohen dijo una vez que era tan leal al presidente Trump que "recibiría un balazo" por él.
Pero eso pareció cambiar cuando las autoridades comenzaron a cercarlo y en julio aseguró que sus "lealtades principales" son hacia su esposa, sus hijos y su país.
El juez Pauley fijó la sentencia de Cohen para el 12 de diciembre.
Las sentencias máximas son cinco años de cárcel por cada uno de los cinco delitos de evasión fiscal, 30 años por el delito de fraude bancario y cinco años por cada delito de violación de la ley de financiación de las campañas, un total de 65 años de prisión si las penas fuesen consecutivas.
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Condenaron a ocho años de cárcel a adolescente que asesinó a directora en Guairá
Este miércoles, un Tribunal de Sentencia decidió condenar a ocho años de prisión al adolescente de 17 años que asesinó a la maestra y directora de la institución educativa donde asistía. El hecho conmocionó al departamento de Guairá y todo el país, porque ocurrió frente a otros estudiantes.
El juicio oral y público culminó hoy, y los integrantes del tribunal decidieron condenar al estudiante que asesinó brutalmente a la profesora Sofía Rodríguez, de 44 años, quien era directora del Colegio “San Gervasio” de Independencia. El terrible hecho se registró en mayo del 2023.
Finalmente, el estudiante del citado colegio y alumno de Rodríguez, que resultó víctima fatal, fue encontrado culpable del asesinato que se registró frente a sus compañeros mientras la profesional estaba dando clases y le otorgaron 8 años de pena privativa de libertad.
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La resolución indica que se debe compurgar un año de pena, porque el acusado permaneció ese tiempo recluido, por lo que le quedan siete años de prisión. El joven permanecerá en un centro educativo por ser menor de edad, pero cuando cumpla la mayoría se analizará el trasladarlo a otra prisión. Los familiares de la maestra se mostraron conformes con la sentencia.
“Logramos la pena máxima que se puede dar en nuestro país y estamos conformes con eso, creemos que es lo que se merecía”, expresó Arnaldo Cristaldo a los medios de comunicación. El Tribunal descartó problemas psiquiátricos tras el informe forense y por eso decidió que la condena sea la máxima que se puede dar a un menor.
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Por feminicidio, a 34 años de cárcel
Un tribunal de sentencia condenó a 34 años de cárcel a Lisandro Sánchez luego de ser encontrado culpable por el feminicidio de Liliana Celeste Ayala. El hecho se registró en Ñemby, departamento Central, en 2019. El colegiado condenó a 29 años de prisión más 5 años como medida de seguridad, totalizando 34 años de cárcel. El tribunal sostuvo que se pudo demostrar la responsabilidad del acusado en el grave hecho ocurrido. Igualmente, los familiares de la víctima señalaron que se hizo justicia.
De acuerdo al Ministerio Público, Lisandro Sánchez, de 39 años de edad, fue sindicado como principal autor del hecho de feminicidio ocurrido en la ciudad de Ñemby. La víctima fatal fue su expareja. Según datos, el hecho ocurrió en el interior de un motel donde trabajaba la víctima. Hasta el lugar llegó el hombre y luego de una discusión entre ambos le habría propinado cuatro estocadas con arma blanca para posteriormente darse a la fuga.
La víctima fue auxiliada por testigos que la derivaron hasta el Hospital Distrital de Ñemby, pero lastimosamente no se pudo hacer nada para salvar su vida. Sánchez estuvo prófugo de la justicia con orden de captura internacional, pero luego fue detenido.
En caso de que la defensa del condenado pretenda apelar, será un tribunal de alzada el que deberá estudiar y resolver si corresponde confirmar el fallo condenatorio
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Corte Interamericana culpó a Argentina por fallos en caso del atentado contra AMIA
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró este viernes que Argentina es responsable por faltas en la prevención e investigación del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994 en Buenos Aires, que dejó 85 muertos.
“Argentina (es) responsable por no haber adoptado medidas razonables para prevenir el atentado” y “no haber cumplido con su deber de investigar con la debida diligencia y dentro del plazo razonable el atentado y su encubrimiento”, señaló la sentencia de la Corte IDH, con sede en San José.
El 18 de julio de 1994, una camioneta-bomba voló el edificio de la sede de la AMIA en la capital argentina, y además de los muertos hubo más de 300 heridos, en un atentado hasta hoy impune. El Estado “conocía de una situación de riesgo real e inmediata sobre los sitios identificados con la comunidad judía y no adoptó las medidas razonables para evitar dicho riesgo”, según la resolución de la Corte IDH, leída por su presidenta, Nancy Hernández.
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“Se sabía que el atentado iba a ocurrir y dejaron que ocurriera”, dijo a la AFP Diana Wassner, integrante de la Memoria Activa, asociación civil querellante en el caso. Después de 30 años “no se tiene claridad sobre lo acontecido, sus responsables, ni las razones por las cuales el Estado utilizó su aparato judicial para encubrir y obstaculizar la investigación”, agregó la sentencia.
El tribunal consideró al Estado como “responsable de la violación a los derechos a la vida y a la integridad personal en perjuicio de las víctimas”. Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales y abogada de familiares de víctimas, comentó a la AFP que “es un fallo histórico” porque la “propia actividad” del Estado “impidió que 30 años después se obtenga verdad y justicia”.
Riesgo real
Argentina “violó su obligación de prevención”, mencionó la sentencia, ya que hubo situaciones previas “que llamaron la atención sobre la custodia de la AMIA”, como el atentado en 1992 contra la embajada de Israel, que causó 29 muertos. “El terrorismo es un fenómeno que pone en peligro los derechos y libertades de las personas” y los Estados deben “adoptar aquellas medidas que resulten adecuadas, necesarias y proporcionales para prevenir ese tipo de actos”, dijo el tribunal.
Argentina ha acusado por el atentado a exdirigentes iraníes, pero nunca fueron juzgados. Se sospecha que tuvieron una poderosa conexión local, aún no identificada. En abril de 2024, la justicia argentina determinó que los atentados a la embajada de Israel y a la AMIA fueron ordenados por Irán. Días después el gobierno pidió la detención internacional del ministro de Interior de ese país, Ahmad Vahidi, uno de los señalados por el ataque, orden que fue calificada como “ilegal” por el gobierno iraní.
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“Encubrimiento”
La Corte Interamericana alegó que en el proceso judicial inicial sucedieron “irregularidades” por parte del Estado. “Agentes estatales (...) actuaron de forma articulada con el propósito de construir una hipótesis acusatoria sin sustento fáctico, lo que favoreció el encubrimiento de los verdaderos responsables”, agregó.
En 2015 comenzó una investigación de la Unidad Fiscal de Investigación AMIA para revisar el proceso inicial y determinó en 2019 “encubrimiento” por parte de Argentina que derivó en penas leves para funcionarios judiciales y del gobierno del expresidente Carlos Menem (1989-1999), pero sin aclarar la razón del ocultamiento.
“Con los años nos dimos cuenta de que no quisieron investigar y nos negaron la justicia” con “encubrimientos”, dijo Wassner. Otra causa por encubrimiento fue abierta en 2017 contra la expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015), por impulsar en el Congreso un acuerdo con Irán para juzgar a los iraníes en un país neutral. El acuerdo nunca se cumplió, Kirchner fue sobreseída en 2021 y la causa se reabrió en 2023.
Perjuicio a familiares
El fallo señaló que Argentina “violó el derecho a la integridad psíquica y moral en perjuicio de los familiares de las víctimas”. “Las faltas del Estado a su deber de investigar, las dilaciones injustificadas al proceso y, en general, la falta de esclarecimiento y la situación de impunidad, han provocado en los familiares de las víctimas sentimientos de angustia, tristeza y frustración”, señaló el tribunal.
La Corte ordenó a Argentina como principales medidas de reparación remover los “obstáculos de facto” que mantienen “en la impunidad total” el caso; reabrir las investigaciones para “individualizar, juzgar y sancionar” a los responsables; y establecer la verdad de lo ocurrido. “Es una decisión rara”, dijo Litvachky. “Todavía no tenemos todo perdido”, agregó Wassner.
Fuente: AFP
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Justicia norteamericana declara culpable a Hunter Biden, hijo del actual presidente de EE. UU.
Los doce jurados del proceso a Hunter Biden por posesión ilegal de un arma de fuego en 2018 lo hallaron culpable este martes de los tres delitos imputados, en un fallo histórico del primer juicio al hijo de un presidente de Estados Unidos en ejercicio.
Hunter, hijo de 54 años del presidente Joe Biden, fue declarado culpable en un tribunal de su ciudad natal Wilmington (Delaware) de los tres cargos que se le imputaron: dos por mentir en la documentación para adquirir el arma, un revólver calibre 38, y uno más por su posesión ilegal después de la compra.
Hunter Biden abandonó la sede del tribunal con una sonrisa, tomado de la mano por la primera dama Jill Biden, su madrastra, y por su esposa Melissa Cohen Biden.
Joe Biden, de 81 años, aseguró que “respeta el proceso judicial” y le expresó a su hijo su “amor y apoyo”. “Soy el presidente, pero también soy padre”, dijo en un comunicado emitido por la Casa Blanca.
El mandatario viajará este mismo martes a Wilmington.
El veredicto llega en momentos en que Biden busca la reelección y menos de dos semanas después de la sentencia de culpabilidad por cargos de fraude empresarial contra Donald Trump, el probable candidato presidencial republicano en noviembre.
La decisión del tribunal se dio a conocer el mismo día en que el presidente tiene previsto pronunciar un discurso sobre la limitación a la proliferación de las armas, un mal endémico en Estados Unidos.
Apoyo familiar
“Jill y yo amamos a nuestro hijo y estamos muy orgullosos del hombre que es”, dijo Biden. “Muchas familias en las cuales alguno de sus miembros lucha contra las adicciones pueden entender el orgullo que se siente al ver a alguien a quien se ama salir de ellas y ser fuerte y resiliente en la recuperación”, añadió el mandatario.
“Acepto el resultado de este caso y seguiré respetando el proceso judicial”, aseguró.
Hunter Biden se enfrenta a una pena de hasta 25 años de prisión, aunque se espera una sentencia más leve, incluso sin cárcel, por no tener antecedentes penales.
El fiscal especial David Weiss sostuvo que el hijo de Biden fue declarado culpable “por sus decisiones ilegales cuando era un adicto, por su decisión de mentir en una declaración oficial para comprar un arma y después por su decisión de conservarla en su poder” y no debido a sus adicciones a las drogas y el alcohol.
Durante el juicio, el abogado defensor Abbe Lowell había asegurado a los jurados que Hunter Biden “ya no consumía drogas” cuando adquirió el arma, que además “no estuvo nunca cargada, ni fue sacada ni utilizada durante los once días en que la tuvo en su poder”.
El proceso, junto con otro caso en el que Hunter se enfrenta a cargos de evasión fiscal en California, complica los esfuerzos de los demócratas por mantener el foco en Trump, el primer expresidente en ser declarado culpable de delitos penales.
El republicano James Comer, presidente de una comisión de investigación de la Cámara de Representantes, se felicitó por el veredicto que consideró como “un paso responsable que debe ir más allá, hasta investigar a todos los implicados en el entorno de la influencia corruptora de Biden”.
Hunter Biden ha estado durante mucho tiempo en la mira de los republicanos, que impulsaron una exhaustiva investigación dentro del Congreso señalándolo de corrupción y tráfico de influencias, aunque nunca se presentaron cargos en su contra por eso.
Sus negocios en China y Ucrania también sirvieron de base para que los republicanos intentaran abrir procesos de juicio político para destituir a su padre, pero esos esfuerzos no prosperaron.
Las drogas
El pasado de adicciones de Hunter Biden fue tema central del juicio, que incluyó el testimonio de exparejas del hijo del presidente.
La semana pasada, el fiscal reprodujo fragmentos de las memorias de Hunter Biden “Beautiful Things”, grabados por él mismo, en los que recuerda momentos de su adicción en los que buscaba desesperadamente crack. “Cocinaba (el crack) y fumaba. Cocinaba y fumaba”, afirma el fragmento reproducido en la corte, extraído del audiolibro.
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Además de ser una distracción política, los problemas legales de Hunter Biden han reabierto viejas heridas familiares.
Su hermano Beau murió de cáncer en 2015 y su hermana Naomi falleció cuando era niña, en 1972, en un accidente automovilístico en el que también murió su madre, Neilia, la primera esposa del presidente y madre de los tres.
Fuente: AFP