Los fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez formularon acta de imputación contra el intendente de Ciudad del Este Miguel Prieto, además de otras 12 personas más que son altos funcionarios de la administración municipal actual. Según la investigación del Ministerio Público, el intendente Prieto habría encabezado un esquema creado para el desvío de recursos de la comuna esteña.
Esta es una nueva imputación fiscal contra el jefe comunal por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal por el supuesto hecho de haber despilfarrando unos 306.188.500 guaraníes. De acuerdo al acta de imputación, el intendente Prieto, como ordenador de gastos, en complicidad con funcionarios de la institución que ocupan altos cargos directivos, habrían promovido una licitación por vía de la excepción para adquirir insumos para fabricar panificados que servirían a familias de escasos recursos golpeadas por la pandemia de la covid-19, entre los meses de marzo a junio del 2020.
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Al respecto, los investigadores señalan que de acuerdo a los elementos recabados, dan indicios de que todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado, con el objetivo de favorecer a una estructura jurídica que pertenecería al intendente Miguel Prieto, identificado con el nombre de “Tajy Servicios Generales”. Mencionan además que si bien se efectuó el pago en junio del 2020, fue por productos inexistentes que nunca fueron entregados.
Junto al intendente de Ciudad del Este, también han sido imputados Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, ambos en calidad de coautores. Además fueron imputados por asociación criminal en calidad de cómplices los ciudadanos Buena Ventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Richar Ayala Ávalos, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhart, Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo.
Finalmente, el Ministerio Público solicita al juzgado la aplicación de medidas cautelares reales como la fijación de una fianza sobre todos los imputados; la inhabilitación general para enajenar o gravar bienes; aplicar embargos preventivos de todas las cuentas habilitadas en el sistema financiero y cooperativos a nombre de los imputados.
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