El juez Humberto Otazú fijó para el 3 de agosto a las 11:00 la audiencia de imposición de medidas cautelares para el actual intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, imputado por lesión de confianza luego de detectarse un presunto perjuicio patrimonial en la comuna de G. 1.769.790.000 en la compra ficticia de 25.000 kits de cestas básicas para familias humildes en abril de 2020, durante la pandemia del covid-19.
En la citada diligencia judicial se definirá si el actual jefe comunal de Ciudad del Este va a estar recluido en su domicilio o es beneficiado con medidas alternativas a la prisión. Días atrás, el abogado Guillermo Ferreiro asumió la defensa de Prieto y ya pidió la suspensión de la audiencia de imposición de medidas cautelares debido a que el citado profesional del derecho estará de viaje a la Argentina, desde el 25 al 28 de julio. Ante dicha situación ya se fijó para el 3 de agosto la realización de la citada diligencia judicial para Prieto.
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Según el Ministerio Público, la compra se generó vía excepción y la firma beneficiada es Tía Chela SRL. La investigación refiere también que se habría simulado una cadena de compra y venta donde participó la empresa Vanemi SA, cuya responsable es Emili Vanessa Florentín, quien sería del entorno del titular del municipio esteño.
Además de Prieto, están imputadas otras diez personas: Maggi Elizabeth Fariña Almada, quien cumple funciones como coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas; Cirle Alcaraz Ramírez, responsable de pago en la comuna de Ciudad del Este, Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social; José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario; Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes; Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros; Nelson Segovia Acevedo, tesorero; Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL, y Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de la firma Vanemi SA.
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