El Tribunal de Apelación Penal ratificó la sanción de 50 días de multa, equivalentes a G. 4.402.550 para Delia Patricia Samudio, extitular de Petropar, y su esposo José Costa Perdomo, por haber presentado varias chicanas en el proceso penal que soportan por la compra de agua tónica durante la pandemia. El colegiado estuvo integrado por jueces Bibiana Benítez, José Agustín Fernández y Arnaldo Fleitas.
Ahora el expediente judicial deberá bajar al Juzgado Penal de Garantías, para que el juez Julián López fije una nueva fecha para intentar realizar la audiencia preliminar donde se definirá si la pareja estará sentada en el banquillo de los acusados así como lo solicitó el Ministerio Público en su acusación. Este caso ya lleva varios años y hasta el momento no se pudo elevar a juicio oral porque la defensa de los dos acusados presentan chicanas al solo efecto de poder dilatarlo.
Antecedentes
De acuerdo a publicaciones de La Nación - Nación Media, la Fiscalía formuló acusación y pidió juicio oral para la expresidenta de Petropar por un supuesto perjuicio patrimonial de casi G. 360 millones, ocasionado tras el conocido caso de compra de agua tónica supuestamente en el marco de la “lucha” contra la pandemia.
Los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera consideran que cuentan con suficientes elementos contra los acusados. Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser.
La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparra y 20 unidades de guante de nitrilo que no ingresaron efectivamente a la institución, con excepción del ítem 6 consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron.
Se estima que el daño patrimonial ocasionado al ente estatal durante la administración de Samudio supera los G. 360 millones por las sobrefacturaciones en supuestas licitaciones, que terminaron siendo compras directas bajo el argumento de la declaración de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.
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