El Tribunal de Apelación integrado por los jueces Emiliano Rolón, Gustavo Auadre y Arnulfo Arias ratificó la prisión preventiva del imputado por narcotráfico Waldimiro Ymas González, encargado de la estancia El Tigre, inmueble de donde se incautaron 1.344 kilos de cocaína, además de una narcoavioneta, vehículos de alta gama y precursores del polvo blanco.
La defensa del procesado había apelado la resolución de la jueza Rosarito Montanía quien ordenó la prisión del procesado. Ante dicho recurso, el Tribunal de Apelación decidió confirmar la prisión de Ymas quien seguirá recluido.
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Otros procesados
En el presente proceso penal también están imputados Benito Giménez, Terecio López Morel, Édgar Daniel Cantero y Osvaldo Pereira Fernández, todos están imputados por tráfico internacional de drogas, asociación criminal y se encuentran con prisión preventiva.
El caso data del 24 de febrero de este año cuando el fiscal de Filadelfia, Andrés Arriola, en compañía de agentes especiales del SIU y Antinarcóticos de la Policía Nacional llegaron hasta la estancia El Tigre, ubicada en la zona de Agua Dulce, departamento de Alto Paraguay, donde encontraron la droga, 19 bidones de precursores de cocaína de 200 litros cada uno y los otros elementos citados.
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Expresidente de Honduras podría ser condenado a cadena perpetua
Tres meses y medio después de ser declarado culpable de tráfico de drogas y armas, está previsto que el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández conozca su condena este miércoles. Un jurado popular lo declaró culpable el pasado 8 de marzo de tres cargos de tráfico de drogas y de armas, que le pueden suponer una condena perpetua, como otros inculpados en la misma causa, entre ellos su hermano Tony Hernández o el colaborador cercano de éste Geovanny Fuentes.
En una audiencia programada para este miércoles a las 11:00 (15:00 GMT), el juez Kevin Castel tiene previsto anunciar la pena. En un intento de evitar una condena perpetua, el abogado defensor, Renato Stabile, alega en los argumentos de sentencia enviados al juez el pasado viernes 21 de junio que la condena mínima que prevé la ley -10 años por el cargo de narcotráfico y 30 por el de armas- “satisfará los objetivos de la sentencia” y pide que el juez no le imponga “una pena adicional”.
No obstante, esa sentencia mínima dejaría prácticamente al expresidente, de 55 años, el resto de su vida entre rejas en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos. Stabile recuerda al juez que su defendido siempre ha reivindicado su “inocencia” alegando que fue condenado “erróneamente” sobre la base de la “palabra de narcotraficantes y asesinos hondureños -los mismos que combatió- que buscan venganza y salir de la cárcel”.
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Su defendido “apelará su condena por todos los medios legales”, asegura. “Nunca se rendirá”, sostuvo. En la misma causa, están coacusados el exjefe de la policía hondureña Juan Carlos Bonilla, conocido como El Tigre, y el policía Mauricio Hernández Pineda, que se declararon culpables de narcotráfico, evitando sentarse en el banquillo de la justicia con el exmandatario.
“Soy inocente”
“Soy inocente, no culpable”, clama por su parte Hernández en otro documento de 159 páginas enviado al juez Castel la semana pasada en el que desgrana las leyes que promovió y su colaboración con el gobierno estadounidense para acabar con el crimen organizado y la violencia de las pandillas que se cobraron la vida de casi 88.000 personas, convirtiendo a Honduras en uno de los países más peligrosos del mundo.
“Me acusaron y condenaron injusta e incorrectamente”, asegura el hombre que desde 2014 a 2022, durante dos mandatos consecutivos, dirigió los destinos de Honduras. La investigación y el juicio contra él está “lleno de errores e injusticias”, lamenta. “La Fiscalía y los agentes no actuaron con la diligencia debida en la investigación para conocer toda la verdad”.
En la misiva acusa tanto a las autoridades que le precedieron como a los agentes del departamento de lucha contra la droga estadounidense, DEA, de “no hacer lo que debían haber hecho” para enfrentar la violencia del crimen organizado. También recuerda que su gobierno “colaboró y coordinó” la lucha contra el narcotráfico con “diferentes instituciones y agencias del gobierno estadounidense” y fue recibido en la Casa Blanca por los presidentes de turno.
Fiel colaborador del gobierno del republicano Donald Trump (2017-2021) llegó a jactarse de los elogios de Washington por la labor de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico. Pero la Fiscalía neoyorquina lo acusó de crear un “narco-estado” y de convertir a Honduras en una “súper autopista” por la que pasaba buena parte de la droga procedente de Colombia.
Dinero del Chapo
Entre 2004 y 2022 -desde sus cargos de diputado, presidente del Congreso y luego presidente de la República-, Hernández participó y protegió a una red que envió más de 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos, según la acusación. A cambio, habría recibido millones de dólares de los cárteles de la droga, entre ellos del narcotraficante mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.
Extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, tres meses después de entregar la presidencia a su sucesora, la izquierdista Xiomara Castro, Hernández habría sido el autor de la famosa frase: “Le vamos a meter la droga a los gringos en sus narices y no se van a dar ni cuenta”, según un testigo en un juicio. Desde 2014, medio centenar de hondureños acusados de narcotráfico han sido extraditados o se entregaron voluntariamente a la justicia de Estados Unidos.
Fuente: AFP
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Fiscalía pide juicio oral para Prieto en el caso de Tía Chela
Los agentes de la Unidad de Delitos Económicos que investigan a Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, remitieron una nota al juez penal de Garantías Humberto Otazú para que el caso sea elevado a juicio oral y público. El Ministerio Público acusa al jefe comunal y a otros funcionarios por lesión de confianza por compras de víveres en pandemia.
Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez investigan a Prieto por lesión de confianza y asociación criminal en el sonado caso de “Tía Chela”, el minimercado que apareció como súper proveedor de la municipalidad durante la pandemia y para el cual se habría direccionado la licitación, causando un perjuicio a la comuna de unos G. 1.700 millones.
Por este mismo caso, también están procesados Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Maggi Fariña Almada, Sebastián Martínez, Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña, Cirle Alcaraz Ramírez, Nelson Alexis Segovia Acevedo, Fermín Avalos Britos, Emili Vanesa Florentin Páez, todos ellos acusados por la comisión de lesión de confianza y asociación criminal.
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Prieto fue imputado en julio del 2023 por una licitación que data de marzo del 2020, cuando la pandemia empezaba a azotar a nuestro país. En este marco, abrió un llamado para la adquisición de 25.000 kits de alimentos que costaron G. 2.900 millones. La Unidad de Investigación de Nación Media reveló que la firma adjudicada “Tía Chela” no contaba con la capacidad para proveer los alimentos.
Nación Media también pudo sacar a la luz otros elementos como que el comercio no era más que un pequeño minimercado familiar que no contaba con la experiencia requerida para ser adjudicado, es más, tampoco se pudo constatar el origen de los alimentos supuestamente entregados.
La ciudadanía organizada en Ciudad del Este también acusa a Prieto de cometer otros hechos punibles y alienta a la Fiscalía a investigar estos casos. A la fecha, existen 39 denuncias en contra del intendente esteño. “Tanto él como el resto de los imputados tienen inhibiciones sobre sus bienes particulares y es una incoherencia, porque sigue siendo administrador de la municipalidad, pese a todas las denuncias”, cuestionó Magdalena Montiel, miembro de la Contraloría Ciudadana del distrito.
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Ecuador: debilidad de las instituciones favoreció el crecimiento del narcotráfico
Ecuador pasó de ser uno de los países más seguros de Latinoamérica a convertirse en pocos años en uno de los más inseguros con una fuerte presencia del narcotráfico y bandas criminales. Varios factores incidieron en que este país se encuentre hoy en esta situación y mientras tanto, el gobierno con escasos recursos y apelando a la colaboración internacional, busca hacer frente a esta problemática.
“Un país que tiene una baja institucionalidad donde la justicia es opaca y está mal llevada, donde los organismos públicos están llenos de corrupción, no hay gobierno que haya podido atender esto de una manera masificada, ha habido esfuerzos sin lugar a duda, pero el problema de un país con baja institucionalidad es que da camino a estos tipos de negocios”, expresó Juan Rivadeneira, analista político, economista y experto en diplomacia corporativa del Ecuador.
Rivadeneira estuvo en comunicación vía Zoom con “Fuego Cruzado”, programa emitido por GEN/Nación Media, el experto afirmó que el narcotráfico además está ligado a otros negocios ilícitos como la minería ilegal y el lavado de activos, lo cual es muy perjudicial para un país que todavía sufre de los efectos de la pandemia del covid-19.
“La cantidad de personas que están en este negocio ilegal de pertenecer a las bandas se ubica en una cifra cercana alrededor de 20.000 personas, de acuerdo a cifras oficiales, pero no existe un subregistro en ningún país del mundo en que se pueda tener un censo de quienes componen las bandas. Cuando se tienen grandes territorios que están influenciadas por este negocio, se estima la cantidad de droga que se está movilizando, estas estimaciones llevan a pensar en un número”, explicó.
Ecuador dejó de llamarse “la isla de la paz” y pasó a ser un territorio con alta presencia del narcotráfico y de la violencia, mencionó el analista, quien indicó que la desinstitucionalización del sistema penitenciario, fue otro actor que propició el aumento de las bandas criminales en el país. Rivadeneira recordó el centenar de muertos que se produjo en las cárceles durante el gobierno anterior como producto de la lucha entre bandas.
“Casi 400 muertos en un lapso de un año y medio tuvo que vivir el Ecuador para dar cuenta de cuál es la magnitud de la violencia asociada a la droga”, lamentó y afirmó que hoy esta nación está tomada por una veintena de bandas criminales que mueven droga con destino a Estados Unidos y Europa principalmente.
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Preocupa la inseguridad
Durante 15 años, la principal preocupación de los ecuatorianos era la situación económica, la pobreza, la dificultad para llegar a fin de mes, el desempleo, entre otros, sin embargo, en los últimos dos años esto ha cambiado y la inseguridad se ha convertido en la principal situación de la población, dado que la violencia ya no solo ocurre en lugares donde la pobreza prolifera, sino que también ha llegado a las ciudades principales y zonas céntricas.
“El 50% de los ecuatorianos opina que el principal problema que tienen hoy es la inseguridad, esto significa que las personas dejan de salir y viven en una situación de zozobra. En la última elección presidencial tuvimos un candidato asesinado, eso se produjo a las 18:30 de un miércoles cuando todo el mundo hacía su trabajo normal, en el centro de Quito, en un lugar muy poblado”, recordó.
El avance exponencial del narcotráfico se encuentra con una administración estatal con recursos limitados, con una Policía y con militares con armamentos y equipamientos antiguos, detalló el analista. Ante esta situación, el gobierno apela a la colaboración internacional, principalmente de Estados Unidos, para ejercer un mayor control sobre todo en zonas fronterizas, indicó.
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Brasil: frustran esquema que traficaba drogas y armas de Paraguay
La Policía Federal de Brasil lanzó este lunes la operación Contracara (Operação Contraface) para desmantelar una organización criminal establecida en Cascavel y Toledo, en el estado de Paraná (en la frontera con Paraguay), dedicada al tráfico internacional de estupefacientes y armas de fuego.
“Se constató que el grupo criminal, liderado por empresarios de Cascavel y Toledo/PR, importaba marihuana y pistolas del Paraguay; las almacenó temporalmente en diversos depósitos repartidos por la región occidental de Paraná; adquirió diversos vehículos, especialmente camiones, para transportarlos”, refiere el comunicado de prensa de la policía brasileña.
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Agrega que esta organización “creó empresas ficticias para aparecer como propietarias de dichos vehículos; creó compartimentos ocultos en vehículos de motor; simuló la venta de vehículos a conductores contratados para conducirlos; transportó armas y drogas a varios estados de Brasil y abrió cuentas bancarias en poder de personas naturales y jurídicas interpuestas para lavar el dinero obtenido de sus prácticas criminales”.
Las investigaciones de la operación Contracara comenzaron en mayo de 2023; desde entonces, se habían incautado varios cargamentos de estupefacientes y armas de fuego pertenecientes al grupo, por un total aproximado de 26 toneladas de marihuana y 8 pistolas. Este lunes se libraron 9 órdenes de detención, 13 de allanamiento y 22 de incautaciones en las ciudades de Cascavel, Toledo y Medianeira (Paraná), Erechim (Río Grande del Sur) y Florianópolis (Santa Catarina).
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