El abogado Roberto Ruiz Diaz, propietario de las 17 hectáreas de tierra ubicadas entre las compañías Pirayu’i de San Bernardino y Tukangua de Altos, dio su versión a La Nación sobre el caso que involucra al señor Guillermo Páez y otras personas, condenadas a cuatro años de cárcel por invasión de propiedad.

“Estas propiedades las compré en el año 1991″, explicó el abogado. “En ese año me fueron transferidas dos fracciones y las compré al señor Reinaldo Domínguez Dibb y él a su vez la había comprado de la señora Celmira viuda de Riquelme, por lo que esta propiedad es de origen privado, no es de origen fiscal”, explicó Ruiz Diaz.

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“La contraparte había argumentado en algún momento que esta era una propiedad que tuvo un origen indebido, argumentos absolutamente absurdos y solo basta ver los títulos de inscripción y de hecho, cuando ya estaba bastante avanzado el juicio penal, presentaron un pedido de usucapión sobre una de las dos propiedades y mal podrían haber hecho ese pedido si consideraban que la propiedad tenía origen fiscal”, agregó.

Dijo además que en el año 2002 encontró que se ingresó a la propiedad que se encuentra en el cerro llamado Mbopi-cua, que es donde termina la cordillera sobre la que está asentada el anfiteatro.

“Yo compré esta propiedad pensando en tener un lugar especial para el futuro y en ese momento no valía absolutamente nada y a nadie le importaba el cerro ni la vista al lago, como sucede ahora”, explicó.

“Ahora hay muchas personas que están ambicionando el lugar, que está ubicado en un lugar estratégico y en el 2002 fue la primera vez que denuncié en la Fiscalía del Medio Ambiente la extracción ilegal de piedras. El fiscal Isacio Cuevas se constituyó en el lugar y halló con la mano en la masa a unas personas que estaban destrozando el inmueble en ese entonces”, recordó.

Agregó que no solamente fueron incautados los materiales que utilizaban, sino también fueron detenidas varias personas, entre ellas Roberto Vera, yerno del señor Guillermo Páez, quien en ese momento no se encontraba entre quienes estaban realizando la extracción.

“En ese procedimiento todos ellos se habían comprometido a no volver a ingresar al cerro. Los destrozos que esta gente han realizado en el cerro son increíbles y actualmente se corre el riesgo de quedar totalmente destruido, siendo una belleza natural”, dijo.

Ruiz Diaz recordó que a pesar de la prohibición, estas personas regresaron años después pero esta vez ya con camiones y comenzaron incluso a dinamitar el cerro. Él volvió a recurrir a la Fiscalía del Medio Ambiente, donde nuevamente fue comprobado el hecho.

“En el 2002 se realizó un relevamiento cartográfico de toda la propiedad y en ese informe no existe mención a ninguna propiedad, casa o choza, nada de lo que después aparece. Es falso que en este lugar nació toda la familia y todas esas cosas que ellos invocan. En el año 2016, hubo un nuevo procedimiento donde interviene el fiscal Benjamín Vera y se volvió a detener la depredación. Extraían piedras especiales para adornos, no solo para realizar empedrados. El valor de estas piedras es de aproximadamente G. 200.000 por cada carruaje”, agregó.

Comentó también que recién el año pasado comenzaron a construir y lo pudo verificar cuando encontró que introdujeron ladrillos huecos y cerraron los accesos a la propiedad. Se decretó una medida de no innovar en el inmueble, pero ellos no pararon y comenzaron a colocar los cimientos en la parte más alta del cerro. Estaban por levantar una casa a pesar de la prohibición, relató.

“Cerraron la entrada, invadieron la primera propiedad, luego invadieron la segunda y construyeron al costado del camino vecinal, algo que a toda vista se nota que es reciente. También hay un rancho de 1 por 1,5 metros y en ese lugar no puede vivir nadie, por eso es mentira que la familia ha vivido allí desde hace muchos años”, explicó.

Ruiz Diaz comentó que jueces se apersonaron en el lugar y verificaron la situación. La contraparte presentó como prueba una imagen donde aparecían unos cocoteros y en ese lugar no existía ninguno.

“La conclusión es que este señor Guillermo Páez nunca vivió allí. Este señor y su hijo, lo que hacían es sacar piedras y las comercializaban, pero de repente se pretendieron instalar en la propiedad de 17 hectáreas. Dos personas de nombre Luis Gilberto Ojeda y Ramón Castorino Martínez aparecieron un día y lideró de manera violenta a las personas que se encontraban en el lugar”, aseguró.

Sostuvo además que no buscó “meter preso a nadie y mucho menos a este señor, no fui yo, sino fueron ellos con sus actos, al intentar instalarse en un terreno ajeno. Ellos saben que es una propiedad ajena desde hace mucho tiempo. No son personas que ignoraban que se estaban introduciendo en propiedad privada”.

Según el abogado, estas dos personas mencionadas anteriormente ya contaban con antecedentes de invasiones, ambas lideradas por otra persona llamada Modesto Godoy.

“Todo esto está grabado, fue ofrecido como prueba y tampoco ha sido negado por la contraparte. Ellos mienten y todo lo que nosotros hemos afirmado quedó evidenciado”, concluyó Ruiz Díaz.

Los condenados son Guillermo Páez, su hijo Antonio Páez, Luis Ojeda Martínez y Ramón Castorino Martínez, todos a cuatro años de cárcel. El juicio oral y público finalizó el lunes y deben ser recluidos en la cárcel de Emboscada, pero actualmente están en la comisaría de San Bernardino, cumpliendo la cuarentena, para luego ser derivados a la penitenciaría.

Ruiz Díaz asegura que Páez fue instrumento de sectores políticos que intentaron “montar” que el mismo vivía en el predio, cuando en realidad solo incursionaba para sacar rocas, según su argumento.

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