El Tribunal de Apelación integrado por los jueces Gustavo Santander, Cristóbal Sánchez y José Waldir Servín, de forma llamativa, apartó al juez de Delitos Económicos José Delmás del proceso penal por contrabando, producción de documento no auténtico y asociación criminal que soporta el accionista de la firma Imedic SA Justo Ferreira, su hija Patricia Ferreira y otras cinco personas más.

Ahora el expediente judicial deberá pasar al juzgado a cargo del magistrado Humberto Otazú, quien deberá realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se tendrá que definir si los miembros del clan Ferreira van a la cárcel o no.

Aparentemente, el abogado Andrés Casatti, defensor de Justo Ferreira, recusó al juez Delmás buscando jueces a medida y que respondan a los intereses de los directivos de la firma Imedic SA. Por su parte, el tribunal de alzada advirtió al profesional del derecho que no abuse con la presentación de chicanas en el presente caso o de lo contrario podría ser sancionado.

En su momento, con posibles fines de apriete el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) solicitó informe al juez de Delitos Económicos José Delmás, en el marco de la causa caratulada “Justo Ferreira Servín c/ Contrabando”.

Este pedido podría considerarse como una presión al magistrado judicial. El escrito lleva la firma del criticado miembro del JEM, Adrián Salas, quien en su momento quiso impedir que se inicie una investigación en el caso de las narcoavionetas.

A pesar de contar con todos los elementos de sospecha sobre la tentativa de estafa al Estado, el fiscal Osmar Legal sigue sin formular la imputación contra Justo Ferreira y otros en el marco de la investigación por la compra fallida de insumos médicos para la pandemia del COVID-19, donde se pretendía entregar al Ministerio de Salud productos de dudosa procedencia por valor de G. 86 mil millones.

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El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Osmar Legal, quien imputó al accionista de la firma Imedic SA Justo Ferreira, su hija Patricia Ferreira y a otras cinco personas más por contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, violó el artículo 240 del Código Procesal Penal que habla sobre la detención y los requisitos para que la autoridad competente pueda ordenar la detención de un imputado.

La omisión de solicitar que sean buscados y detenidos por parte del fiscal Legal contra los imputados posibilitó que los abogados de los Ferreira puedan presentar varias chicanas y evitar someterse a la Justicia. Este hecho pareciera ser ideado por el propio Legal, en vista a que tendría nexos de amistad con un abogado que asesora externamente al clan Ferreira.

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