La licitación para la provisión de almuerzo escolar en el departamento Central habría sido direccionada, motivo por el cual la propia Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) tuvo que impugnar el proceso. Entre las beneficiadas aparece una empresa ligada a la senadora liberal Celeste Amarilla, quien se opuso férreamente al proyecto de “Hambre cero”.

• Por Juan Carlos Lezcano

Una serie de elementos llamativos aparecen en el proceso de lici­tación para la adquisición de la merienda escolar realizada por la Gobernación del depar­tamento Central, encabezada por el liberal Ricardo Estiga­rribia, quien adjudicó jugoso contrato a una firma ligada a su correligionaria, la sena­dora Celeste Amarilla, una de las más férreas opositoras al proyecto “Hambre cero”.

El proceso de compra aparece bajo el ID 434669 en la página web de la DNCP y en total la institución pretende destinar más de G. 107.439 millones (unos USD 15 millones) a la licitación. Precisamente es en este sitio donde se encuen­tra la documentación en la que se pueden leer los pun­tos cuanto menos llamativos.

El Pliego de Bases y Condi­ciones (PBC) publicado por la Gobernación de Central evidencia el posible direc­cionamiento. El punto más llamativo tiene que ver con la experiencia solicitada para la provisión de alimentos sóli­dos y líquidos. En cuanto a los líquidos, el proceso requiere que se demuestre “que el ofe­rente ha realizado comercia­lización de alimentos para personas (lácteos), a través de facturaciones de ventas y/o recepciones finales con enti­dades públicas y/o empresas privadas por un monto equi­valente al 50 % (cincuenta por ciento) mínimo del monto total ofertado, en la presente licitación”. Esta experiencia debe ser dentro de los últimos cinco años.

Con esto, se deja abierta a que cualquier empresa que haya realizado ventas de produc­tos lácteos en el último lustro pueda participar, con lo que en teoría se abre la compe­tencia para que más oferentes puedan acudir. Sin embargo, la cosa cambia drásticamente cuando se hace referencia a la experiencia requerida en cuanto a los alimentos sóli­dos (ver facsímil).

En cuanto a los alimentos sóli­dos, el proceso requiere que se demuestre “que el oferente ha realizado la provisión de alimentos para el programa de merienda escolar, a través de facturaciones de ventas y/o recepciones finales con enti­dades públicas y/o empresas privadas por un monto equi­valente al 50 % (cincuenta por ciento) mínimo del monto total ofertado, en la presente licitación”.

Es decir, solo empresas que hayan sido adjudicadas de forma previa para la provi­sión de la merienda escolar pueden presentarse. Basán­donos en el informe presen­tado en 2023 por la Contra­loría General de la República (CGR), esto reduce la compe­tencia a un grupo “selecto” y cerrado de apenas un puñado de firmas.

A pesar de los cuestiona­mientos, la institución enca­bezada por Estigarribia decidió seguir adelante con el proceso de compra y adju­dicó a cinco empresas, todas firmas que forman parte del grupo cerrado de proveedo­ras de merienda escolar desde hace varios años, de acuerdo al informe de la CGR.

Entre las firmas adjudica­das aparece la proveedora LF Latin Food SA, anteriormente denominada Arcángel SA, de acuerdo a los datos que figuran en la web de la DNCP y repre­sentada por María Isabel Gavi­lán y Patricio Buteler. Esta empresa tiene una cercana relación con la senadora liberal Celeste Amarilla. De acuerdo a la declaración jurada de bie­nes y renta presentada por la legisladora opositora ante la CGR en 2023, la empresa pro­veedora del almuerzo escolar le debe unos G. 124 millones, correspondientes a utilidades de ejercicios anteriores. Ade­más, la legisladora se mues­tra como una amiga cercana de Gavilán en publicaciones realizadas en redes sociales.

Amarilla declaró una drás­tica reducción de la deuda de la empresa durante los años del gobierno de Mario Abdo Benítez. En la manifestación de bienes de Amarilla del 2018 figura deudas a cobrar a Arcán­gel SA por G. 3.000 millones y en el 2019 subió a G. 3.425 millones, ella ya era diputada en ese momento. Al asumir como senadora, sus cuentas a cobrar bajaron a G. 125 millo­nes. Durante ese periodo, la firma fue beneficiada con más de USD 3,5 millones de con­tratos con entidades públicas. En la nueva adjudicación, la firma fue beneficiada con un contrato de más de G. 8.526 millones para la provisión de galletitas dulces.

Estas posibles irregulari­dades hicieron que la DNCP realizara una serie de obser­vaciones y que el proceso de compra pública fuera impug­nado, aunque sin suspensión.

De acuerdo a la entidad encargada de controlar los procesos licitatorios, esta compra del gobierno de Estigarribia podría haber incurrido en varias irregu­laridades. El primer punto cuestionado es precisa­mente el de la experiencia solicitada.

“Verificado el PBC/Carta de invitación observamos que el criterio respecto a la expe­riencia podría resultar limi­tante/excluyente”, señala una de las observaciones.