El rubro de la construcción, afectado por un incremento notable de la deuda del Estado con el sector, dejó de brindar trabajo a aproximadamente 40 mil personas. La ampliación de caminos asfaltados no dinamizó la economía, pero la mayor beneficiada fue la firma declarada por el presidente Mario Abdo.

• Unidad de Investigación Nación Media

El Gobierno utiliza como bandera polí­tica los kilómetros de asfalto que se realizaron desde el 2018 hasta la fecha, en el intento de potenciar con ello la figura del ex ministro de Obras Públicas y Comu­nicaciones Arnoldo Wiens; en cambio, los números fríos indican que la realmente beneficiada fue la empresa proveedora de asfalto decla­rada por el presidente de la República, Mario Abdo Bení­tez.

La actual administración publicita que inauguró poco más de 3.700 kilómetros de asfalto, pero no es menos importante enfatizar que en medio de una crisis huma­nitaria como la pandemia se siguió sosteniendo como fundamental política esta­tal asfaltar rutas, puesto que mientras faltaron insumos médicos, vacunas, camas de internación, y el negocio de la familia presidencial iba en aumento, ya que la importa­ción de asfalto por parte de Aldia SA creció en un 450%, según registros hasta el 2021 de la Dirección Nacional de Aduanas.

Otro de los elementos a men­cionar es que ese avance en obras viales no significó, como se pretende instalar desde el oficialismo, un cre­cimiento económico, sino representó un escenario de menos puestos de trabajo, mayor cantidad de personas en la franja de la pobreza, y una deuda millonaria del Estado con el sector de la construcción.

“Hay una vieja frase acuñada hace tiempo en política que la gente no come asfalto y no come ladrillo. Esto tiene que ver cuando muchos gobiernos usan como caballo de bata­lla el tema de ciertas obras públicas como si fuera eso una mejora en el bienestar de la gente, eso se contradice con los indicadores oficiales”, comentó el asesor económico José Luis Rodríguez Tornaco.

Tanto es así que informes del Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que aumentó la cantidad de población que se encuentra en el índice de la pobreza, pues en Paraguay actual­mente hay 1.951.020 pobres, cuando al cierre del 2018 era de 1.679.810.

“Estadísticas del INE indican que hay cerca de 31.000 pér­didas de empleo en el sector de la construcción, y cuando uno lee el informe del Banco Central del Paraguay dice que la caída en el empleo en la construcción se debe a una marcada disminución en la ejecución de las obras públi­cas, por lo tanto el mejor de los indicadores en el tema de construcción de rutas que el Gobierno nos instala es la venta de asfalto, porque en empleo hay una caída y también hay un incremento notable en la deuda con las constructoras”, remarcó el economista.

El titular de la Cámara Para­guaya de la Construcción (Capaco), Daniel Díaz de Vivar, expuso que la deuda del Estado con el sector afectó directamente a la capacidad de generar puestos de trabajo, teniendo en cuenta que este rubro emplea a aproximada­mente 300 mil personas en todas las ramas, entre elec­tricistas, plomeros, albañi­les, operadores de máquinas, entre otros.

“La deuda total del rubro, en el sector público hasta junio de este año, rondaba los US$ 380 millones, pero luego de la aprobación del crédito pro­gramático en agosto de este año, estaba prevista la can­celación por US$ 100 millo­nes”, afirmó acerca de cómo se encuentra hoy la situa­ción de incumplimiento de las obligaciones por parte del gobierno de Mario Abdo Benítez.

Rodríguez Tornaco puntua­lizó que, si bien es importante la conectividad, cuestiona el contexto en que se priorizó y a quién benefició princi­palmente, en plena pande­mia del covid-19 que dejó un saldo de más de 19.500 vícti­mas fatales.

“La economía es uso de recur­sos escasos en empleo alter­nativo, y la pregunta es si vos tenías 19.000 paraguayos o familias paraguayas enlu­tadas por la pandemia y el dinero era básicamente para cubrir necesidades de salud, ¿era momento de invertir en asfalto o se priorizaron los intereses de ciertas empre­sas proveedoras de asfalto? Y segundo, si era tanto el impacto como ellos dicen, porque tenemos cuatro años de eventual crecimiento cero de la economía y porque tene­mos 31.000 empleos menos en el sector construcción”, subrayó el economista.

Además de resaltar que no se le resta importancia a la necesidad de tener mayo­res y mejores rutas, dejó en claro que la coyuntura obliga a tomar otras medidas. “Quiero dejar en claro algo, por supuesto que Paraguay necesita invertir en infraes­tructura, por supuesto que celebramos la conectividad de Paraguay, pero la pregunta es: ¿Hacía falta hacerlo con dinero público o se podría hacer a través de ley de conce­siones, APP (Alianza Público Privada), o pasándole al sec­tor privado, ¿acaso eso no es también un mecanismo sin utilizar plata del Estado?”, enfatizó.

Un dato no menor a marcar es lo señalado por Martha Coro­nel, economista de la consul­tora Mentu, pues menciona que entre el cierre del 2018 y el último trimestre del 2022, hubo mayor población en edad de trabajar y aumentó la fuerza laboral, pero menor porcentaje de ocupados es del 65,5% (3.458.166 personas), cuando en el 2018 era de 68% (3.363.354 personas).

Por último, otro de los datos reveladores sobre la reali­dad social del Paraguay es que actualmente existe en números totales y en pro­medio mayor número de des­ocupados en comparación a cuatro años atrás, puesto que actualmente hay más de 250 mil personas desocupadas, un 6,7%; en tanto que ante­riormente era de 199.583 afectados, lo que represen­taba el 5,6% de la población económicamente activa.