Todo lo que se observa en las fronteras con los países vecinos y en el submundo de la informalidad económica indica que el problema del contrabando está cada vez más difícil. Debido a la fuerte irrupción del delito, los que trabajan lícitamente y el fisco están sufriendo mayores perjuicios. La economía subterránea progresa y está más fuerte, por lo que el país se está viendo muy perjudicado.
De acuerdo con las denuncias de diversos sectores, la actual lucha contra el contrabando no cumple su función. Y urge encontrar una solución eficaz contra ese flagelo si no queremos hundir cada vez más a la economía legal. Esta afirmación está sustentada en el cada vez mayor peso que tienen el ingreso y la circulación de mercaderías ilegales que alcanzan niveles escandalosos, de acuerdo con las informaciones del sector privado principalmente afectado. Y de paso demuestra con ejemplos muy duros que las instituciones oficiales encargadas de la represión del ilícito no cumplen su función.
El designado como futuro titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Javier Giménez, en una reunión con empresarios, sintetizó la realidad con expresiones muy contundentes y certeras. “La Unidad Interinstitucional de Lucha contra el Contrabando, la UIC, lo digo de una forma muy transparente, no sirve para nada, es una pérdida de tiempo”, sentenció de manera categórica.
Es que los resultados desastrosos de su gestión hablan del lamentable papel que ha desempeñado hasta ahora la UIC. No solo no cumple su función, sino que está engañando a la ciudadanía con la farsa de que está luchando contra el ilícito, según afirman sus críticos del sector privado. No se duda de la buena intención que podrían tener, pero los resultados son irrebatibles, y no se pueden discutir: “no sirve para nada”, como dijo el futuro ministro.
Cuando un órgano o una máquina no cumple la función que debe realizar, se impone una sola salida, sacarlo y sustituirlo por otro aparato que sí consiga el objetivo que se busca.
El secretario de Industria y Comercio entrante reconoció en su análisis que hay sectores del país que no quieren que cambien las cosas eliminando el contrabando y la economía subterránea, porque con el sistema actual les va muy bien a sus intereses. Refiriéndose a la necesidad de modificar esa situación afirmó: “Hay un sector que no quiere cambiar esa ruta, hay un tremendo sector que lucra con eso”.
Un ejemplo del tremendo perjuicio que ocasiona el ilícito es lo apuntado por los propietarios y operadores de estaciones de servicio agrupados en Apesa. Ya que, según sus datos, mensualmente ingresan al país 100 millones de litros de combustible de manera ilícita, lo que provocó la caída de las importaciones legales de carburantes en 80 millones de litros en los últimos meses. Culpan de ello a la falta de adecuado control en las fronteras.
Para hacer frente al flagelo que los afecta, una veintena de gremios de los más diferentes grupos empresariales, entre industriales, importadores y comerciantes se unieron para abrir un mismo frente de lucha. Explicaron que buscan crear conciencia en la ciudadanía sobre los perjuicios que ocasiona el contrabando a la actividad productiva, al empleo legal y a la recaudación fiscal. Quieren encarar acciones conjuntas de diversos sectores para combatir contra el ilícito que consideran un atentado contra el país.
El gobierno que comenzará en agosto tiene una enorme responsabilidad en la lucha contra esta infracción penal. Sabe que tiene una sola respuesta válida: enfrentarla con fuerza y articular soluciones inteligentes. Aparte de la represión y persecución del delito con fuerzas más contundentes y efectivas, se estima que con la creación de nuevos organismos más eficaces se pueden obtener mejores resultados.
Por eso se está creando la entidad que unificará las funciones de la Dirección General de Aduanas y de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Se estima que con ella se controlará mejor la actividad de los grupos que trafican en la ilegalidad con sus negocios ilícitos y canalizarlos según las leyes.
Todas estas iniciativas serán útiles y ayudarán. Pero no bastarán. Porque hay que trabajar en la conciencia de la ciudadanía para establecer el interés por la legalidad y el rechazo a la actividad criminal que es el contrabando.