El diputado Derlis Rodríguez prevé próximamente la realización de una audiencia pública con el objetivo de generar debate entre los representantes del Poder Judicial, gremios de abogados y la ciudadanía en general sobre el proyecto que busca erradicar la mora judicial proponiendo la modificación del Código Penal y optimizar los plazos procesales.
“Hoy tenemos casi 20.000 personas privadas de su libertad en las penitenciarías del país, de los cuales 5.000 solo tienen condenas y un total de 15.000 personas están privadas de su libertad sin ser condenadas. Toda esta población penal vive junta y esto no tendría que ser así. La gran mayoría tiene juicios hace años, tiene un proceso que no corre, los plazos están congelados en la Corte Suprema de Justicia o en algún tribunal hace años”, indicó.
En entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media el parlamentario sostuvo que “mirando todo esto, hoy tenemos una superpoblación en nuestras penitenciarías, estamos teniendo una mora judicial en donde los procesos penales tienen un plazo más allá de lo que se establece en nuestras propias leyes que dice que un proceso tiene que durar solo hasta 4 años, máximo 5 años, pero, sin embargo, tenemos procesos que duran 14 o 15 años”.
Rodríguez detalló que mediante la iniciativa se plantea establecer taxativamente un plazo para la resolución de los procesos penales. Agregó que la iniciativa ya se encuentra siendo evaluada tanto en la Comisión de Asuntos Constitucionales y en la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados para dictamen correspondiente y posterior tratamiento en el pleno.
“Lo que buscamos es que la mora judicial pueda terminar, que cualquier investigación, proceso que se tenga pueda durar solamente 3 años, nada más, máximo 4 y que no estemos sometidos a 10 o 15 años a un proceso judicial”, expresó.
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Destacan voluntad para aumentar penas por casos de abuso sexual infantil
En el marco de la conmemoración del Día Nacional de Lucha Contra el Abuso Sexual y todo tipo de violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes, representantes del Ministerio de la Niñez y adolescencia destacan los avances que se han dado en materia legislativa.
En ese sentido, indicó que se ha logrado trabajar para lograr el consenso que permitirá introducir modificaciones en el Código Procesal Penal para aumentar las penas privativas de libertad a los autores de abusos o agresiones contra menores.
El ministro Walter Gutiérrez, en conversación con el programa “Así son las cosas” emitido por GEN y Universo 970 AM/Nación Media, comentó que gradualmente con el paso de los años se ha ido avanzando en materia procesal, cuando se habla de casos de abuso de menores.
Remarcó que aún es necesario trabajar en muchos detalles que permitan contar con un panorama cada vez más claro para quienes imparten las condenas.
“Ayer estuvimos trabajando en una reunión con la Comisión de Legislación y la Comisión de Niñez y Adolescencia del Senado y existe un consenso entre diferentes bancadas para aumentar las penas privativas de libertad en los casos de abuso sexual infantil y que sea uno de los hechos punibles que reciba mayor expectativa de pena”, comentó el ministro Gutiérrez.
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El mismo puntualizó respecto a las penas que el análisis más pormenorizado se debe llevar adelante en el ámbito de los hechos que se consideran agravantes, de manera que no quede espacios especulativos ante cualquier escenario de vulnerabilidad de una víctima.
Así también destacó que dentro del equipo de trabajo que analiza el aumento de penas también está previsto trabajar sobre la en la imprescriptibilidad de la acción, ya que actualmente está vigente solo la imprescriptibilidad de la denuncia y no del hecho en sí.
Este punto podría sumar en casos que llevan más tiempo que otros en una investigación, explicó el titular de la cartera de Niñez y Adolescencia, al mencionar los aspectos en los que se ha avanzado en los últimos años en el ámbito legislativo.
“Queremos sacar un instrumento muy responsable y que sea proporcional y acorde con todo el sistema penal, no puede salir algo por la tangente, también queremos cubrir algunas lagunas que hay en cuanto a la penalidad en sí”, remarcó el ministro de la niñez.
Walter Gutiérrez consideró que si bien este tipo de modificaciones en el Código Penal pueden no incidir de manera directa en la cantidad de hechos registrados, es una herramienta clave para que se pueda dar respuesta, y por sobre todo, respaldo a las víctimas en el marco de los procesos de justicia, cubriendo así la mayor cantidad de escenarios.
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Aconsejan aprobar la imprescriptibilidad en hechos punibles contra el Estado
Las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación; y la de Justicia de la Cámara de Diputados dieron su conformidad al proyecto de Ley que plantea modificaciones de varios artículos de la Ley N° 1.160/1997 - Código Penal de la República del Paraguay; y leyes modificatorias”; con el objetivo de establecer la imprescriptibilidad en hechos punibles contra el patrimonio del Estado.
Al respecto, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, diputado Roberto González explicó que esta iniciativa busca ampliar los plazos de prescripción de la acción penal para delitos cometidos por funcionarios públicos.
Mencionó que se focaliza en el endurecimiento de las penas, la ampliación del universo de tipos penales, la extensión de los plazos para la prescripción de la acción penal, y el endurecimiento de los criterios de medición de la pena para los delitos de corrupción pública y privada, con énfasis en la corrupción cometida por funcionarios públicos.
Aceptan modificaciones
Durante el análisis, los miembros acordaron allanarse a las modificaciones de la Comisión de Legislación y Codificación, comenzando en el mismo acápite, que quedaría en: “Que modifica y amplía el artículo 102 de la Ley N° 1.160/1997 - Código Penal; modificado por el articulo 1° de la Ley N° 3.440/08, que modifica varias disposiciones de la Ley N° 1.160/97 - Código Penal”.
En el artículo 3° se establece que serán imprescriptibles, además de los hechos punibles previstos en el artículo 5° de la Constitución, todos los hechos punibles contra el patrimonio del Estado.
De acuerdo a la exposición de motivos, la propuesta es una clara señal institucional en el sentido de buscar la preservación del pacto social originario que exige la vigencia de la legalidad, la democracia y el Estado de derecho.
Otros asuntos tratados
Por otra parte, los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales resolvieron aconsejar la postergación del análisis del proyecto de ley “Que modifica los artículos 6°, 136° y 305° de la Ley N° 1.286/98 - Código Procesal Penal”, cuyo debate está previsto para la sesión ordinaria de este miércoles.
La propuesta será tema central de una audiencia pública a ser organizada próximamente, a fin de discutir a profundidad los alcances del proyecto, según adelantaron. “Podría ser una manera de descongestionar los penales y, por otro lado, refiere a derechos humanos fundamentales”, señaló el titular de comisión, sobre el punto.
“Un individuo denunciado es investigado muchas veces durante dos o tres años y no puede ejercer su defensa porque no tiene imputación; pero resulta que venía siendo investigado por años y violentando su derecho fundamental de defensa”, esgrimió.
La iniciativa busca introducir modificaciones, específicamente, en los artículos que regulan la “inviolabilidad de la defensa”; la “duración máxima del procedimiento”; y la “desestimación”.
Así también, pretende que toda persona tenga derecho a una resolución judicial definitiva en un plazo máximo de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento para los hechos de acción penal pública. Habla de un año y seis meses para los hechos punibles de acción penal privada.
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Habilitan biblioteca “Dr. Eugenio Jiménez y Núñez” en sede judicial de San Lorenzo
En el marco del Día Internacional del Libro, se llevó a cabo el acto de inauguración de la Biblioteca Jurídica “Dr. Eugenio Jiménez y Núñez” en la sede judicial de San Lorenzo. El acto rindió homenaje al exministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Miembro de la Comisión Nacional de Codificación, Dr. Eugenio Jiménez y Núñez, por su importante legado y contribución al sistema judicial paraguayo.
El evento contó con la presencia del presidente de la Corte, Luis María Benítez Riera, el vicepresidente Alberto Martínez Simón, el ministro superintendente de la circunscripción de Central, Eugenio Jiménez Rolón y el ministro Víctor Ríos Ojeda.
La biblioteca, que lleva el nombre del ilustre jurista, alberga un acervo bibliográfico de gran valor, compuesto por una amplia gama de materiales de las diversas ramas del derecho. Este espacio, destinado a la investigación y el estudio, se convierte en un recurso fundamental para magistrados, funcionarios, abogados y toda la comunidad jurídica del departamento Central.
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El ministro superintendente de Central, Eugenio Jiménez Rolón, manifestó su gratitud por la iniciativa del Consejo de Administración de la Circunscripción de Central de habilitar la biblioteca y, en especial, por la designación que le honra a él y a su familia: “Este homenaje no solo me enaltece a mí, sino a toda la descendencia del Dr. Eugenio Jiménez y Núñez, quien dedicó su vida a la carrera judicial, desempeñándose con admirable ética y profesionalismo en diversos cargos, hasta alcanzar la cúspide como ministro de la Corte Suprema de Justicia. Posteriormente, integró la Comisión Nacional de Codificación, en la cual plasmó sus valiosos aportes jurídicos, dijo.
Las autoridades destacaron la donación de libros por parte del catedrático Alvarado Velloso, así como el aporte de la señora María Gloria Gusinky con materiales jurídicos pertenecientes a su marido, Emilio Cubas. A estas donaciones se suman las realizadas por los magistrados de la circunscripción, demostrando su compromiso con el conocimiento jurídico.
La ceremonia finalizó con el descubrimiento de la placa conmemorativa que da nombre a la biblioteca y el tradicional corte de la cinta simbólica. Esta actividad, llevada a cabo en el marco del Día Internacional del Libro y de la Propiedad Intelectual, reafirma la importancia del conocimiento y la cultura jurídica como pilares para una sociedad más justa y equitativa.
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Robos bagatelarios: modificación del Código Penal busca castigar a reincidentes
El Congreso Nacional aprobó en noviembre del 2023 la modificación al artículo N.° 172 del Código Penal el cual hace referencia a los robos bagatelarios, es decir, aquellos delitos que por ser de “menor cuantía”, no requieren la intervención del Ministerio Público. El senador Mario Varela explicó el alcance de esta normativa y señaló que la reincidencia en robos menores, exigirá la persecución penal.
“Esta ley busca servir de herramienta para que en caso de reincidencia pueda intervenir de oficio. No es la solución pero sí es un instrumento que podría utilizarse para tratar de mejorar esta situación de inseguridad alarmante”, detalló Varela e indicó que la nueva ley reduce el monto originalmente establecido, por lo cual, con robos de objetos cuyo valor ascienda a G. 515.000, la Fiscalía ya deberá intervenir.
Esta ley está a la espera de la promulgación o veto del Poder Ejecutivo, y según explicó el legislador, será aplicada a personas que sean reincidentes en robos bagatelarios, ya que la actual normativa es muy flexible y los delincuentes reinciden en robos menores en menos de 24 horas, generando una sensación de inseguridad permanente en los ciudadanos.
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“Estamos viviendo en un contexto socioeconómico bastante complicado, la gente roba focos, planteras, motosierras, y se convierte en una epidemia. Entiendo que convertirlo en acción penal pública no es tan recomendable en la doctrina y literatura penal, pero hoy ya estamos en un momento insoportable de situación de inseguridad”, manifestó a la 1080 AM.
Varela indicó que la sanción de esta ley también fue un pedido realizado por la Asociación de Comerciantes de Asunción, dado que los robos les están generando un perjuicio económico importante, por lo que es necesario, dotar al Estado de una herramienta jurídica que pueda combatir con los delitos menores.
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