El brutal hecho de feminicidio ocurrido este domingo pasado en Lambaré, en que Katia Monserrath Brítez Torres, de 20 años, fue atropellada reite­radas veces por su expareja, que venía hostigándola pese a tener prisión domiciliaria, fue una de las preocupaciones abordadas en el primer Con­sejo de Ministros, que el presi­dente Santiago Peña convocó en el Palacio de Gobierno. En la conferencia de prensa pos­terior al encuentro, se anun­ció un trabajo conjunto entre los ministerios que involu­cran la seguridad de la mujer y la familia, así como la imple­mentación de medidas de seguridad.

“Salimos de la reunión con una preocupación, y la preocupa­ción la vamos a ocupar a raíz de los últimos hechos ocurridos ayer. Tenemos que estudiar el protocolo con los técnicos de todos los ministerios que van a intervenir en este caso y, a partir de ahora, la revisión del protocolo contra la violen­cia a la mujer será de vuelta un tema de estudio”, comunicó la ministra de la Mujer, Cynthia Figueredo.

Por su parte, el ministro del Interior, Enrique Riera, ade­lantó que se trabajará en la reglamentación de la normativa para la utilización de las tobi­lleras electrónicas, que está en vigencia desde hace cinco años; sin embargo, hasta la actualidad no fueron utilizadas.

Para Óscar Tuma es absurdo que no se haya aplicado el uso de tobilleras.

El abogado y exdiputado colorado Óscar Tuma calificó de absurdo que aún no se haya aplicado en el país la medida alternativa de las tobilleras electrónicas ya que, entre otras cosas, brindaría garantía ciudadana y descomprimiría el sistema penitenciario. Al respecto, recordó que él fue proyectista en el 2017 y la reglamentación quedaba a cargo de la Corte Suprema de Justicia, porque se trata de cuestiones jurisdiccionales.

“Lastimosamente, en el 2019 cuando era ministro del Interior Juan Ernesto Villamayor, junto al ministro de Justicia, Julio Javier Ríos, se opusieron a la modificación de este órgano de reglamentación y dejaron a cargo del Ministerio de Justicia y del Ministerio del Interior; a partir de ahí fue un desastre. Porque el Ministerio del Interior debe garantizar la seguridad de los ciudadanos y el Ministerio de Justicia tiene otras funciones, entonces ninguna de estas dos instituciones tiene nada que ver con la implementación de esto”, comentó.

Indicó que a partir de ese entonces se inició todo un proceso de discusiones absurdas que no llevaron a nada, ni a que se pongan de acuerdo; poniendo justificaciones como la falta de presupuesto para cubrir el costo. Indicó que cuando se presentó el proyecto se hizo con base en la experiencia de otros países.