Tras la publicación realizada por la Uni­dad de Investiga­ción de Nación Media, donde se expone el hecho de que el agente de la Secretaría Nacio­nal Antidrogas (Senad) Carlos Francisco Chamorro Portillo y su esposa, también funcio­naria de la misma institución, en los últimos 7 años lograron aumentar de manera consi­derable su patrimonio y gran parte del mismo no figura en las declaraciones juradas, la Senad salió al paso con un comuni­cado buscando blindarlos.

La institución recuerda a la opinión pública y a los medios de comunicación la confiden­cialidad con la que se mane­jan por cuestiones de seguri­dad dentro de la institución, buscando cubrir lo referente a las finanzas de sus agen­tes, a pesar que la ley es muy clara en cuanto a las declara­ciones juradas y el acceso a esa información como una herra­mienta de control.

Fueron consultados el direc­tor de Declaraciones Juradas de la Contraloría, el abogado Armindo Torres, Marcelo Duarte, abogado constitucio­nalista, y el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Luis Piñánez.

En comunicación con el pro­grama “Pase lo que pase” de Universo 970 AM/NaciónMe­dia, Armindo Torres destacó que no existe ninguna dispo­sición que prohíba publicar las informaciones sobre el patrimonio de los funciona­rios públicos y por ende están obligados a publicar en sus declaraciones juradas, espe­cialmente en los casos en los que sus bienes hayan aumen­tado de manera considerable frente a su salario.

El doctor Marcelo Duarte, en comunicación con La Nación/ NaciónMedia destacó que es importante analizar el con-texto, teniendo en cuenta que aparentemente la Senad obvió el detalle de que la ley habla específicamente de los agentes encubiertos y aquellos que estén dentro de un proceso judicial, y que si este no es el caso la entidad tergiversó la información. “La tergiversación es bastante más grave que olvidar algo”. El fiscal Luis Piñánez fue muy claro durante la entrevista con el programa “Pase lo que pase”, de Universo 970 AM/Nación Media. Dijo que si existe una sospecha, el Ministerio Público debe investigarlo. Resaltó el hecho de que si existe una discrepancia entre lo que gana un funcionario y los bienes con los que cuenta, es causa suficiente para abrir una investigación y corroborar los datos y testimonios hasta conocer el origen de sus bienes o ganancias.

José María Costa, coordinador de la Mesa para la Seguridad de Periodistas del Para-guay, reprochó que la actividad periodística se vea amedrentada, en referencia a denuncias de personas que estarían vigilando la residencia de la periodista de La Nación que puso al descubierto el caso. “Considero que la actitud y la actuación de la Senad chocan evidentemente con las garantías constitucionales, la libertad de prensa y el libre ejercicio del periodismo, más aún porque están invocando una normativa que no puede ser aplicada en esta situación y que evidencia claramente que hay una intención institucionalizada de encubrir posibles investigaciones sobre posibles hechos de corrupción o irregularidades”, sentencio Costa. “Qué mal queda que una institución del Estado trate de evitar que el periodismo haga su trabajo de manera libre y segura”, aseguró José María Costa.

El secretario del Sindicato de Periodistas del Paraguay, Santiago Ortiz, en comunicación con el programa “Pase lo que pase” de Universo 970 AM/ Nación Media, sentenció: “No pueden utilizar una ley como esa para impedir el acceso a información de carácter público como las declaraciones juradas de los funcionarios”, refiriéndose al comunicado publicado por la Senad.