El senador Euse­bio Ramón Ayala indicó que le sor­prendió que en el Consejo de la Magistratura haya mayoría con respecto a la propuesta de adelantar las elecciones del fiscal gene­ral del Estado, cuyo man­dato vence en marzo del 2023. “Evidentemente, esta es una cuestión polí­tica”, expresó y agregó que de todas formas se debe respetar el periodo de mandato de las autori­dades.

“Yo me enteré de que fue por unanimidad de todos los sectores (plantear ade­lantar las elecciones), pero el plazo de duración de los mandatos es inamovible, se debe respetar estricta­mente”, señaló el legislador en comunicación con “Así son las cosas”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media. Indicó que esta pro­puesta es una cuestión de “cálculo político”, dado el escenario cambiante en la política que se registra antes y luego de unas elec­ciones.

Detalló que el motivo por el que hay varios sectores interesados en adelantar la elección del fiscal gene­ral se debe a que no desean que la titular del Ministe­rio Público, en este caso Sandra Quiñónez, conti­núe en el cargo mientras se elige a la nueva autoridad.

“Vence el plazo y quieren tener ya un reemplazante, ese es el punto, que no con­tinúe la fiscal general o el ministro de la Corte por más meses. De cualquier manera, sin duda hay un panorama y un escenario antes y luego del 18 de diciembre”, puntualizó.

Expresó la necesidad de que la legislación indique explí­citamente las fechas en las que debe hacerse la elección del titular del Ministerio Público, dado que hacerlo con meses de antelación puede traer consecuen­cias. “Adelantar mucho tiene unas consecuencias y retrasar demasiado tam­bién los tiene. Entonces, hay que cumplir los plazos y hacer los procesos, eso es lo que conviene a la democra­cia y es una falencia actual”, indicó Ayala.

Señaló que las movidas de dirigentes y referentes polí­ticos dentro de los partidos y movimientos que pugnan por un cargo en las elecciones del 2023 también son un factor que podría influir al momento de designar a un nuevo fiscal general.

El senador Martín Arévalo denunció la falta de autonomía del Consejo de la Magistratura, presidido por Óscar Paciello, y agregó que la institución forma parte del pacto de impunidad impulsado por el oficialismo junto a la Concertación opositora. Las acusaciones del legislador surgen luego de las modificaciones al reglamento interno y los plazos apresurados para la selección de un fiscal general del Estado que esté alineado al oficialismo.

“Es un pacto de ‘te entrego esto y me das lo otro’. Marito, con tal de tener un fiscal general para entrar con presión a los adversarios políticos porque evidentemente tiene la intención de que gane Efraín Alegre”, dijo Arévalo al canal GEN/Nación Media.