A tres meses de las graves denuncias del presunto vínculo entre Arnaldo Giuzzio, entonces ministro del Interior, y uno de los supuestos narcotraficantes más buscados en el Brasil, no hubo hasta ahora un mínimo anuncio de mayor investigación al respecto.
El abogado Arnaldo Giuzzio, hasta el 2017 del Partido Democrático Progresista (PDP), parcela política familiar de Desirée Masi y Rafael Filizzola, fue el único en esa cartera del gobierno de Abdo removido del cargo por vía de la destitución. Todos los demás ministros encargados de la seguridad interna o renunciaron o bien fueron movidos a otros puestos.
Con Giuzzio ocurrió de otra manera. Si bien Abdo lo blindó durante meses, en febrero de este año se vio obligado a destituirlo del cargo cuando saltaron la cercanía y “familiaridad” de presuntos vínculos de Arnaldo Giuzzio con el brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, este último detenido por la Policía Federal del Brasil en la operación Turf y considerado como uno de los narcotraficantes más buscados.
Cuando se conoció la noticia y se publicaron las evidencias gráficas de la cercanía entre Giuzzio y Marqués de Padua, cuasiproveedor de municiones y chalecos antibala para la Policía Nacional, además del detalle de que el brasileño le “prestó” a Giuzzio un vehículo para movilizarse en sus vacaciones, Abdo no tuvo más remedio que destituir a Giuzzio. El vínculo entre Giuzzio y el presunto narco podría explicar además la negligente labor de la Senad en el operativo que permitió la fuga de otro de los buscados, Lindomar Reges Furtado.