El senador Fidel Zavala defendió la vigencia de la ley que eleva las penas por invasio­nes a la propiedad privada en Paraguay. Aseguró que acabaron las invasiones desde que se implementó la legislación y, por ello, ope­radores políticos buscan derogarla. Esta es una de las reivindicaciones de las organizaciones campesinas que acampan en la capital para reclamar al Congreso Nacional revertir su postura con respecto a la controver­tida normativa.

“Cero invasiones nuevas. La ley que eleva las penas por invasiones es un palo a la rueda de los operadores que acomodan las necesidades de los campesinos para el negocio. La ley los pone en evidencia y por eso buscan derogarla”, dijo el senador Zavala en su cuenta oficial de Twitter.

El legislador patriaqueridista recordó que antes de la promul­gación de la ley la mayor canti­dad de invasiones se daba en el departamento Central. “Casi el 60% de ocupaciones corres­ponde a esta zona del país. Es decir, esta problemática afecta a todos”, acotó.

Zavala aclaró que quienes pre­sentaron la propuesta legisla­tiva nunca tuvieron la intención de criminalizar la lucha cam­pesina con relación a la tenen­cia de tierra.

“La intención es sancionar a los que invaden propiedades pri­vadas, causan daños ambien­tales y económicos. La ley no blanquea ni criminaliza nada”, puntualizó el senador Zavala. Así también, aludió a las con­secuencias que traen para el país las ocupaciones ilegales de inmuebles y trató incluso de delincuentes a quienes las propician.

“Las invasiones ahuyentan inversiones. Generan violen­cia. Mantienen en la miseria a campesinos e indígenas. Las invasiones son un verdadero perjuicio para el país. Lamento que estos delincuentes usen las necesidades de nuestros com­patriotas para infringir nor­mas”, sentenció el legislador.

El 29 de setiembre del año pasado, la Cámara de Diputa­dos sancionó la ley por la que se aumentan las penas carce­larias a los invasores. El texto que posteriormente fue pro­mulgado por el Ejecutivo esta­blece que todas las personas que ingresaran con violencia o clandestinidad a un inmue­ble ajeno serán castigadas con pena privativa de libertad de hasta seis años.