El ingeniero y extitular de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Ángel María Recalde, opinó que las negociaciones del Anexo C del Tratado de Itaipú se encuentran en un “escenario de preocupación” ante el impasse diplomático entre Paraguay y Brasil. Advirtió que es necesario socializar la estrategia que pretenden las autoridades nacionales para hacer contraparte al vecino país en la represa hidroeléctrica.

“En general, es un escenario de preocupación, esto se está prolongando, que se prolongue no es tanto el problema. El problema es que, por lo menos para los que estamos fuera del ámbito de las negociaciones, no vemos con claridad cuál es nuestra propuesta a futuro“, manifestó este viernes en entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM.

En abril pasado, el gobierno de Santiago Peña tomó la decisión de suspender temporalmente la renegociación tras ventilarse un supuesto esquema de hackeo impulsado por Brasil contra autoridades paraguayas en el marco de las negociaciones de la nueva tarifa de la entidad binacional. El espionaje se habría iniciado en la ges­tión de Jair Bolsonaro y siguió siendo eje­cutado a comienzos de la era de Lula da Silva.

“Ante estas circunstancias lo mínimo que tendríamos que tener bien claro cuál es la cancha en la que queremos jugar el partido. Puede ser que se escondan las intenciones por estrategia o que no tengamos ninguna, en particular esto me preocupa“, afirmó Recalde.

Asimismo, el ingeniero aclaró que de no concretarse la negociación antes del plazo fijado, quedarán firmes las bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad que se encuentran vigentes actualmente.

“Si no hay acuerdo continuará exactamente así como está, respetándose lógicamente el contenido del mismo. No estamos viendo con claridad el futuro, qué es lo que queremos de Itaipú que fue concebida para el desarrollo de ambos países“, puntualizó.

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El tratado de la Itaipú fue el instrumento jurídico-diplomático que formalizó la alianza entre el Brasil y Paraguay para la explotación del potencial hidroeléctrico del río Paraná por ambas naciones. Fue suscrito el 26 de abril de 1973 y entró en vigencia el 13 de agosto de ese año y se conforma por los anexos A, B y C.

“Nuestro gobierno tendrá que tratar de obtener el máximo beneficio posible para el Paraguay, aparte de tener una tarifa baja, tiene que lograr que en el futuro los ingresos aumenten, es factible esto, se tiene todas las herramientas necesarias y suficientes para decir que se cumpla lo firmado“, comentó Recalde.

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