El diputado colorado César Cerini, quien preside la Comisión de Cuentas y Control de la Cámara Baja, lamentó que sus colegas de la oposición no quedaran a escuchar la exposición del equipo auditor de la Contraloría General de la República, que realizó la auditoría en los municipios de Asunción y Ciudad del Este y han detectado graves irregularidades.
En conversación con La Nación/Nación Media, el legislador señaló que sus colegas miembros de la mesa de asesora no se quedaron en la reunión para escuchar el informe del equipo auditor; ya que al observar que no se presentó el contralor Camilo Benítez ellos se retiraron con el argumento de que solo se trata de una persecución política contra Miguel Prieto.
“Es una pena que no se quedaran, porque ellos deberían haberse quedado para que pudieran tener una opinión real sobre el caso. Porque qué podría decir yo, si no tengo conocimiento real del trabajo que ellos hicieron. Voy a salir a decir cualquier cosa, y repetir lo que se dice por distintos medios; pero solo cuando se tiene la información precisa y de la fuente se puede salir a emitir una opinión responsable al respecto”, cuestionó Cerini.
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Mencionó que luego de escuchar al equipo auditor que con documentos señalaron cuáles eran las irregularidades encontradas. Indicó que el trabajo que la CGR realizó es una auditoría donde se emitió un dictamen que dice que el intendente Miguel Prieto no ha entregado los documentos respaldatorios y ya queda a instancia del Ministerio Público saber si hubo o no malversación de fondos.
El diputado Cerini señaló que los representantes de la Contraloría informaron sobre la auditoría realizada en la municipalidad de Ciudad del Este en el periodo 2019-2022.
Indicó que durante el trabajo de auditoría se le requirió al municipio los documentos respaldatorios sobre el uso de sus recursos y que en un plazo de 10 meses no brindaron los documentos por la totalidad del monto; ya que solo pasaron el 10 % del monto total 83.000 millones de guaraníes, producto de la recaudación de impuesto, que luego al hacer un cruzamiento con el programa Marangatú verificaron que los documentos no correspondían o eran falsos.
“Entonces estamos hablando de una situación crítica y justamente es motivo de investigación que se le pasó a la Fiscalía. Esto fue solo del muestreo que ellos hicieron de esos 83 mil millones, vieron estas anormalidades y en 10 meses no presentaron documentos. Entonces, acá realmente los que pueden hablar son los documentos”, acotó.
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