“Yo creo que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en mi opinión, es el peor de todos los órganos de la Constitución Nacional”, sostuvo el abogado Juan Carlos Mendonca, quien se mostró a favor de modificar la composición del órgano extrapoder que tiene como fin enjuiciar a magistrados judiciales, agentes fiscales y defensores públicos por mal desempeño en sus funciones.
“La conformación del JEM es perversa porque tiene de entrada a dos diputados y senadores que responden necesariamente a los intereses políticos. A esto le sumamos que, normalmente, desde el Consejo de la Magistratura viene un abogado elegido en elecciones muy politizadas”, dijo el abogado, ayer domingo, en una entrevista con el programa “Cara o cruz”, emitido por Unicanal.
Las afirmaciones de Mendonca surgieron tras destaparse un supuesto esquema de corrupción en el órgano extrapoder, que salpica al exdiputado Orlando Arévalo, quien ejercía la vicepresidencia primera del JEM; a las fiscales Katya Uemura y Stella Mary Cano, y a la jueza Sadi López. La acusación fue impulsada por el juez penal especializado contra el crimen organizado, Osmar David Legal Troche, y surge tras el peritaje realizado al teléfono del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gómez Batista.
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“Hay un problema de sistema y de hombres desde luego, somos la sociedad que conformamos así que nuestros órganos no pueden ser tan diferentes a las personas que somos, pero no hay dudas de que existe un problema institucional, entonces lo que habría que hacer es cambiar la composición del JEM, tenemos un órgano absolutamente politizado en el mal sentido de la palabra, en el sentido de la mala política, en el sentido de la partidización sobretodo”, manifestó Mendonca.
Asimismo, el abogado dijo: “Algunos magistrados dicen que esta institución no es un jurado de enjuiciamiento, sino un jurado de fusilamiento de magistrados. Esta composición hace que necesariamente la institución funcione de mala manera”.
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Vicepresidenta ecuatoriana denuncia secuestro del abogado de su hijo
- Quito, Ecuador. AFP.
La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, denunció ayer miércoles en redes sociales el secuestro del abogado de su hijo, quien es procesado por presunto tráfico de influencias. Abad, quien sostiene una relación tirante con el presidente Daniel Noboa, además aseguró que su vida, la de sus hijos y de su equipo de trabajo “corren peligro”.
“Han secuestrado al Dr. Santiago Hernández y su equipo de trabajo, después de la audiencia el día de ayer de mi hijo”, Sebastián Barreiro, escribió Abad en su cuenta de X. Barreiro enfrenta un juicio por supuestamente haber pedido dinero a cambio de asignar cargos en la vicepresidencia. Abad sostiene que se trata de una persecución en su contra por las diferencias que mantiene con Noboa.
De acuerdo con Abad, el secuestro del abogado ocurrió “después de que en la audiencia el Dr. Hernández echara abajo las pruebas del fiscal”. El hijo de la vicepresidenta fue detenido en marzo, mientras ella cumplía funciones diplomáticas en Israel, a donde Noboa le envió apenas inició su gobierno. La Fiscalía también incluyó a la funcionaria en esa indagación, pero el Legislativo no autorizó un juicio penal en su contra.
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Alegando incumplimientos en los cargos diplomáticos, el gobierno intentó suspenderla, pero Abad emprendió una batalla judicial que le permitió recuperar sus funciones. Abad fue elegida en binomio junto con el presidente Noboa en 2023 para completar hasta mayo el período de Guillermo Lasso, quien disolvió el Congreso y llamó a elecciones anticipadas.
A pocas semanas del balotaje en el que Noboa busca la reelección al enfrentarse a la izquierdista Luisa González, el 13 de abril, un juez electoral en un nuevo proceso suspendió por dos años los derechos políticos de la vicepresidenta Abad. En la práctica, significa que el mandatario no le encargará el puesto mientras está en campaña electoral, como manda la ley.
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Pedido de juicio contra exministros de Abdo: “Se discutirán pruebas y no relatos mediáticos”
El abogado Pedro Ovelar, representante legal del exmandatario Horacio Cartes, se refirió sobre la decisión del Ministerio Público de acusar y requerir el juicio oral y público para los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez, sindicados de cometer persecución política y terrorismo de Estado contra su defendido mediante la instrumentalización de las instituciones públicas como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
“Esto es naturalmente como se debe desarrollar el proceso a culminar la investigación donde hay elementos suficientes que fundan los fiscales para discutir este caso en el juicio oral y público. En honor a la verdad, aquí aún no se ha condenado a nadie, se abre la posibilidad de públicamente discutir las pruebas y elementos probatorios, no los relatos mediáticos”, sostuvo Ovelar, este miércoles, en el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Ovelar manifestó que mediante la acusación de la Fiscalía se corrobora que Abdo Benítez y sus excolaboradores Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene atacaron políticamente al líder del movimiento Honor Colorado y titular del Partido Colorado.
“Con la acusación se abre la posibilidad de dilucidar, aclarar, de producir las pruebas en favor y en contra. A criterio nuestro y sobre las bases de elementos probatorios muy relevantes, persiguieron políticamente al expresidente de la República, Horacio Cartes”, refirió.
Siete delitos tipificados
Abdo y sus exministros fueron imputados por los supuestos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
La imputación surgió tras la denuncia formal por persecución política de la cual fue víctima su cliente, el expresidente de la República, Horacio Cartes, desde el 2018, y que se acentuó en el marco de los comicios internos, en diciembre de 2022, y las generales, en abril de 2023. En el acta de imputación figuran 42 elementos de sospecha, entre los que figuran notas remitidas por la Seprelad, correos internos de funcionarios y documentos oficiales.
“Yo consideraría seriamente si estuviera en la posición de los acusados y sus abogados defensores en buscar una salida ante el Ministerio Público contando la verdad y cómo ocurrieron los hechos, ya que él verdadero impulsor de todo esto no está sentado con ellos respondiendo ante la Justicia sobre el daño que ha provocado en una persona y su familia. Horacio Cartes no es un ente, es una persona, tiene hijos que han sufrido un atropello, es una barbaridad lo que hicieron con esa familia con la maldad, malicia, ensañamiento durante años”, manifestó el abogado a Nación Media.
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Repudia cobardía de Abdo y Espínola
Las afirmaciones de Ovelar surgen teniendo en cuenta que la acusación fiscal solo recae sobre los exministros del exjefe de Estado, debido a que Abdo y el diputado Espínola, quien fungía como su secretario privado se escudan en sus fueros, en busca de impunidad. Posteriormente a estos dichos, el exmandatario emitió un video en redes sociales afirmando que solicitará al Congreso que le retiren sus fueros y su legislador también prometió que insistirá con el pedido.
“La mayor chicana y cobardía está en el verdadero responsable de este caso que es Mario Abdo Benítez, quien aparándose en sus fueros le abandona de manera cobarde a quién él usó para perseguir políticamente a Cartes. Tanto él como su exsecretario privado Mauricio Espínola fueron los mayores filtradores de información confidencial en campaña política”, sentenció.
Más de 30 chicanas presentadas
Por otra parte, Ovelar se refirió sobre la avalancha de recusaciones que fueron impulsadas por los abogados defensores para obstaculizar el proceso de investigación. “Perdí la cuenta de cuantas incidencias hubo en el proceso con la finalidad de entorpecer cualquier desarrollo normal del juicio, estamos hablando más de 30 situaciones que lo hacían de manera coordinada y por turno los diferentes abogados defensores de los hoy acusados. La mayor chicana realizada fue el día de ayer (martes), es una barbaridad”, comentó.
Esto referencia a la recusación presentada por Enrique Kronawetter, abogado de Mario Abdo contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, la fiscal adjunta Matilde Moreno y sus colegas Elva Cáceres, César Sosa y Osmar Segovia, quienes fueron asignados a la causa.
Mientras que en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, también por canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, Ovelar mencionó que existe una serie de elementos que exponen la falsedad de los informes de inteligencia que fueron montados bajo el gobierno de Abdo Benítez y que motivaron a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a establecer sanciones contra Cartes.
“Esto fue un terrorismo de Estado por el solo hecho de tomar nuevamente el poder. Cartes me manifestó en más de una oportunidad que no quiere venganza, pero sí quiere justicia, quiere tener el derecho a la defensa que siempre le negaron. A Cartes le cerraron esa posibilidad desde el gobierno de Abdo Benítez mediante acciones con el exembajador de los Estados Unidos, Marc Ostfield, todas las mentiras ejecutadas derivaron a las sanciones de la OFAC”, puntualizó.
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Caso Seprelad: con nueva recusación a fiscales, abogados abdistas buscan impunidad
El expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, presentó una recusación contra los agentes fiscales asignados a investigar la causa por supuesta revelación de secretos, inducción a cometer hecho punible, asociación criminal, entre otros hechos punibles. Esta nueva chicana es impulsada mediante su abogado Enrique Kronawetter con la finalidad de buscar impunidad.
La causa judicial guarda relación con la filtración de datos financieros confidenciales mediante la instrumentalización de las instituciones estatales, como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). En el caso están imputados sus excolaboradores Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Mauricio Espínola, Daniel Farías, Guillermo Preda y Francisco Pereira.
La recusación va dirigida contra el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón Fernández, la adjunta Matilde Moreno y sus colegas Elva Cáceres, César Sosa y Osmar Segovia. La chicana es impulsada por Mario Abdo Benítez, teniendo en cuenta que este martes a las 23:59 fenece el plazo que poseen los agentes para requerir el juicio oral o el sobreseimiento de los procesados.
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En la chicana presentada por Abdo Benítez se manifiesta que “la recusación se sustenta en la ausencia de toda objetividad en la actuación de los agentes fiscales designados de manera intempestiva tras la renuncia del fiscal Guillermo Sanabria, quien era el único que, naturalmente, estaba llevando adelante la investigación”, sostiene.
Sin embargo, evitan aludir sobre el vínculo directo entre el fiscal renunciante Sanabria y el equipo legal de Abdo. Su hermana Patricia Sanabria forma parte del estudio jurídico Berkemeyer, donde también trabajan Kronawetter y Federico Huttemann, abogados que, junto con César Trapani, llevan la defensa del exmandatario.
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Raúl Latorre asegura que no se “cercenará” a opositores que sean idóneos para el JEM
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, indicó que sigue la búsqueda del consenso entre la bancada del movimiento Honor Colorado, opositores y la disidencia colorada, para definir al representante de la cámara ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Actualmente los únicos candidatos para el cargo son José Rodríguez y Arnaldo Valdez.
“Aún no hay un acuerdo. Hay un planteamiento de buscar consensos, en ese sentido lo que yo aconsejo a los colegas es que puedan plantear sus intenciones y que podamos llegar a un acuerdo en base a los perfiles. Francamente existen muchos nombres que se están manejando, pero muy pocos son los que me transmitieron de manera directa sus intenciones”, manifestó en una entrevista con los medios de comunicación.
La Cámara de Diputados deberá definir en el transcurso de este mes de marzo a su representante ante el órgano extrapoder que tiene como función enjuiciar y remover a los magistrados, fiscales y defensores públicos por mal desempeño en sus funciones o comisión de delitos.
“La idea es llegar a un consenso, esto es el ideal, la aspiración. Sigue en la cámara la búsqueda del consenso, pero en base a perfiles, sin cercenar la posibilidad de que una persona que reúna las condiciones para ocupar el cargo se le ponga la bolilla negra o tenga un veto por pertenecer a tal o cual sector político”, dijo Latorre.
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La elección de un nuevo representante deberá realizarse tras la renuncia del exdiputado y dirigente político del departamento Central, Orlando Arévalo, quien fue salpicado en un supuesto esquema de corrupción y manipulación de la Justicia dentro del jurado tras la difusión de los chats del dirigente político de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes.
En el caso también se encuentran involucradas las agentes fiscales Katya Uemura, Stella Mary Cano y la exjueza Sadi López. Días atrás los opositores y disidentes colorados a través de una nota remitida a Latorre requirieron el cupo valiéndose de los chats de Gomes argumentando que el representante debe ser “fruto del consenso entre todos los legisladores”.