El expresidente Mario Abdo Benítez fue sometido a una fiscalización impulsada por la Contraloría General de la República (CGR), relacionada con el examen y evaluación de correspondencia de las declaraciones juradas presentadas por el líder del movimiento Fuerza Republicana. El proceso arrojó graves inconsistencias que serán puestas a conocimiento del Ministerio Público.
La realización del examen de correspondencia fue peticionada por el propio Abdo Benítez en el 2023, por lo que la Dirección General de Control de Declaraciones Juradas y Bienes verificó sus declaraciones juradas al asumir y al dejar el cargo de mandatario.
El informe del órgano extrapoder analizó dos empresas del rubro de la construcción en las que Abdo Benítez es accionista mayoritario. Las firmas son Almacenamiento y Distribución de Asfalto S. A. (Aldia SA) y Creando Tecnología S. A. (Createce SA).
En ambas empresas también funge como accionistas Ricardo Javier Morán Brizuela, mientras que Juan Carlos Díaz Benza Cameron solo se desempeña como socio en la firma Createce S. A. “Llamó la atención que las utilidades generadas del 2018 al 2023 por las empresas donde el expresidente es accionista mayoritario llevó prácticamente el 90 % de las utilidades a reservas operativas”, dijo a la 730 AM el director de declaraciones juradas de la Contraloría, Armindo Torres.
El documento sostiene durante su gobierno 2018-2023 aumentaron notablemente los ingresos de sus empresas. La evaluación de la Contraloría fue realizada tras solicitar informes a varias instituciones, como la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Economía y Finanzas, entre otras.
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Las reservas solamente se encuentran destinadas para fines específicos (como las inversiones) y, siempre que se mantengan allí, no están sujetas a impuestos. Sin embargo, si son utilizadas, sí deben tributar. “Le consultamos a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios si tienen el destino de esos fondos y esas reservas no tuvieron una disminución, por lo que se cree que no fueron utilizadas para los fines previstos”, sostuvo Torres.
El 90 % del dinero se destinó a reservas de utilidades. Entre el 2018 y el 2023 suman un total de 44 millones de dólares (G. 329.000 millones). A esto se agrega el repentino y llamativo crecimiento de los fondos de reserva. En 2018 y 2019, el monto era de G. 4.705 millones, sin embargo, para el 2020 trepó a G. 16.518 millones.
Al 2021 subió a G. 76.039 millones, al 2022 llegó a G. 168.686 millones y al 2023, G. 234.681, según el informe de la Contraloría, que también menciona la venta de asfalto a un precio muy superior que el adquirido durante crisis sanitaria generada por la pandemia del covid-19.