La Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UC) emitió un comunicado dirigido al presidente de la República, Santiago Peña, en el que expresa su preocupación por la postura que han asumido algunos representantes del país en algunas sesiones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas (ONU).

Acudimos a su persona para exigir que el Paraguay, mediante sus representantes, valiéndose del principio de autodeterminación de los pueblos, se mantengan firmes en la protección de la dignidad humana razonablemente amparada en nuestro ordenamiento jurídico. Esta postura no permite que, una agenda ideológica y autoritaria; contraria a las verdades jurídicas y humanas, carcoma y destruya los derechos del noble y valiente pueblo paraguayo”, reza el comunicado.

Las autoridades de la universidad afirman que el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expone una visión errada de la libertad religiosa y aseguran que este hecho implica una distorsión y posterga este derecho “al punto de someterla a principios no convencionales ni legales”.

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“La reciente posición de nuestro país en el proceso de negociación previo al 54º período de sesiones de la asamblea general de la OEA. Los documentos preparados contienen términos que amenazan directamente nuestro sistema jurídico, la cultura y los valores del pueblo paraguayo protegidos y amparados por la Constitución de 1992; tales términos, menoscaban derechos y libertades fundamentales, como la libertad de expresión, la dignidad femenina, el valor de la persona humana, el derecho a la vida y la libertad religiosa, entre otros”, sostienen.

En este mismo sentido, manifiestan que existen discursos y argumentos que amenazan y criminalizan las posiciones religiosas, que promueven políticas de penalización a quienes profesan su fe o emiten juicios religiosos. “Implica condenar a priori a todos los que profesamos una fe”, señalan. Igualmente aseguran que dadas estas consideraciones, Paraguay no está en condiciones de cumplir con las exigencias de los documentos preparativos de la asamblea general de la OEA.

“Hacemos propicia la ocasión para recordar que, el Estado paraguayo de por sí, posee suficiente legislación que protege al ser humano, contra todo daño y violencia, conforme al estado de derecho y nuestras disposiciones constitucionales”, expresan y a esto añaden. “Las decisiones que pudieran darse, amenazan a nuestra población pues, al socavar la vida de los no nacidos, a quienes se los puede condenar a muerte en el vientre de sus madres, se priva a la sociedad de la riqueza humana y de humanidad”.

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