La ley de tobilleras electrónicas ya fue promulgada por el Poder Ejecutivo y se ha iniciado el proceso de licitación para la adquisición de las mismas. Desde el Ministerio de Justicia explicaron que están establecidas las condiciones en las que personas podrán acceder a esta medida alternativa a la prisión.
“En los casos en que la persona pueda correr con los gastos, lo va a hacer de manera particular, en aquellos casos en los que tengamos a una persona que no tenga la solvencia necesaria, el Estado se hará cargo”, confirmó Rodrigo Nicora, ministro de Justicia, quien indicó que las tobilleras tendrán un costo mensual de entre G. 1.200.000 y 1.500.000, teniendo en cuenta, que la utilización de los dispositivos requiere de personal capacitado, la tecnología y el mantenimiento de los mismos.
Cuando un procesado tiene la posibilidad de acceder a una medida alternativa a la prisión, el juzgado solicita una caución ya sea en bienes, inmuebles o dinero, esto de modo a garantizar el sometimiento de la persona al proceso. Si en este proceso se constata que la persona tiene condiciones económicas, deberá incurrir en el gasto de costear la tobillera, de lo contrario, el Estado se hará responsable, explicó.
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“Se ha establecido como requisito para el oferente (de las tobilleras) que tenga resistencia, que la duración de la batería sea por un determinado tiempo, que la recarga no implique un corte de comunicación, que tenga una garantía. El Estado no adquiere el producto, adquiere el servicio y debe ser garantizado el mantenimiento”, detalló.
El ministro aclaró que el dispositivo no es fácil de retirarse dado que tiene sus medidas de seguridad, cuenta con un cobertor mecánico recubierto por una goma específica. Toda la vulnerabilidad que pueda sufrir la tobillera, va a derivar en una alarma, avisando a la central que el dispositivo fue vulnerado”, sostuvo.
“El sistema funciona de dos maneras, por un lado el dispositivo avisa a la central del 911 que el cerco perimetral fue roto, pero por otro lado, la víctima recibirá una notificación, una alarma de que la persona sindicada está rompiendo su círculo, esto para buscar primero precautelar la seguridad de la víctima entonces esa persona también está en aviso”, señaló.
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Existe experiencia en países de la región como Argentina y Uruguay de que estos dispositivos funcionan, indicó Nicora a la 780 AM, y recalcó que los mismos funcionan mediante dos líneas de comunicación, con un chip y con una comunicación por frecuencia de radio. “Entonces si falla uno, funciona el otro”, manifestó.