“Pusimos un zorro para cuidar al gallinero”, lamentó el representante legal de la Contraloría Ciudadana, el abogado Víctor Enriquez, tras la presentación de una nueva denuncia contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El dirigente opositor ya suma 39 acusaciones en su contra por supuestos hechos de corrupción en su administración.
El abogado y afiliado del Partido Patria Querida (PPQ) en comunicación con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, recordó que formó parte del equipo político de Prieto cuando el intendente aún se desempeñaba como concejal. Agregó que fungió como su apoderado general en las elecciones municipales de 2019 tras concretarse la destitución de la entonces jefa comunal Sandra McLeod.
Señaló que la Contraloría Ciudadana fue el sector que encabezó la redacción de la solicitud de intervención a la gestión de McLeod. “Nosotros estuvimos a lado de Prieto en las elecciones. Se terminó la cuarenta por la pandemia del covid-19 y nos dimos cuenta que pusimos a un zorro y empezamos las investigaciones y procedimos con las denuncias”, indicó.
Sostuvo que Prieto y su entorno valiéndose del poder político que posee en la zona del Este realizan de manera constante “ataques furibundos” en contra de la Contraloría Ciudadana con la finalidad de desprestigiarla. “Él se burla de la gente. En su administración hubo una burda apropiación del dinero público”, sentenció.
Enriquez cuestionó la falta de avances en las investigaciones por parte del Ministerio Público. A la vez dijo que del total de las acusaciones que posee el líder del movimiento Yo Creo, la Contraloría Ciudadana impulsó 15. Las 39 denuncias contra Prieto también involucran al actual edil de la capital de Alto Paraná Sebastián Martínez, por los supuestos hechos de lesión de confianza, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.
Según la acusación, ambos habrían creado subcomisiones vecinales ficticias en diciembre de 2020 con la finalidad de desviar fondos municipales destinados a la financiación de las ollas populares. “En total se logró desviar del municipio la suma de G. 311.580.000 con falsas documentaciones. Mediante los datos al que accedimos por la vía de acceso a la información pública nos demuestra que esta plata se retiró a los efectos de apropiarse de ella”, sostuvo.
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