“Una persecución política tiene sus consecuencias jurídicas y tienen que hacerse cargo”, dijo la líder de la bancada de Honor Colorado en Diputados, Rocío Abed, al referirse sobre la imputación al exmandatario Mario Abdo Benítez y otros ocho altos funcionarios de su administración por siete posibles hechos punibles, debido a la instrumentación de las instituciones públicas durante el gobierno anterior para descalificar a sus adversarios políticos.
Mediante una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, la legisladora afirmó que “evidentemente la Fiscalía encontró evidencias suficientes para seguir adelante con la investigación, todos veíamos cómo era inmisericorde la persecución hacia el expresidente Horacio Cartes y sacaban a la luz informaciones confidenciales”.
“Acá no hablamos de una cuestión menor o de un accidente, sino de una manipulación dolosa de información, tergiversada con un fin político para causar daño a un enemigo a vencer que era Cartes. Esto fue una cuestión sistemática”, puntualizó Abed en pantallas de Nación Media.
Abdo Benítez, Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Mauricio Espínola, Daniel Farías, Guillermo Preda y Francisco Pereira, fueron denunciados por el exjefe de Estado y actual presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, el pasado 31 de julio del 2023 por persecución política.
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“Fue un terrorismo de Estado”
“Fue un terrorismo de Estado debido a la instrumentalización de las instituciones públicas, de los funcionarios, se estaba dando en ese momento un mazazo con las instituciones del Estado que deben guardar confidencialidad de los datos de las personas”, indicó Abed.
Los supuestos delitos que se les atribuyen son: revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.