El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), a través de sus titulares Gustavo Villate y César Rossel, respectivamente, suscribieron un convenio marco de cooperación institucional que permitirá unificar los esfuerzos de ambas instituciones para el desarrollo de proyectos tecnológicos que fortalezcan la transparencia y la eficiencia de los procesos electorales en Paraguay.
“En los próximos meses y años, la ciudadanía experimentará un beneficio realmente notorio con la implementación de herramientas como la identidad electrónica y la portabilidad de documentos digitales, que ya son una realidad”, señaló Villate sobre los avances ya existentes en torno a las herramientas tecnológicas, destacando así los aportes del Mitic para procesos claves en la gestión del país.
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De este modo, resaltó la importancia del convenio para fortalecer la democracia en Paraguay y las contribuciones del Mitic para el desarrollo de procedimientos estratégicos, como en este caso constituyen los factores electorales. Al respecto, recordó que la misión de la cartera estatal es facilitar al ciudadano el acceso a la tecnología, permitiendo al TSJE realizar sus labores de manera más eficiente y segura, generando no solo beneficios institucionales, sino también civiles.
“Queremos establecer mayor cercanía con la ciudadanía. Estoy seguro de que, a través del Mitic, lograremos mayor proximidad y alcance de nuestros servicios”, manifestó por su parte Rossel, afirmando que en dicho proceso, el TSJE está enfocado en llegar a más ciudadanos con sus servicios, generando además un importante salto hacia la modernización del sistema electoral paraguayo, ante lo cual se busca una articulación entre diversas instituciones.
El convenio firmado entre el Mitic y el TSJE establece así las bases para la cooperación entre ambas instituciones en el diseño, desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas para los procesos electorales, como también en otras áreas de competencia entre ambas instituciones. El acuerdo tiene una duración de dos años a partir de la fecha de su firma y se renovará automáticamente por un período igual, si ninguna de las partes se opone.
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