La Unidad Penal N.° 5 del Ministerio Público resolvió imputar al senador Hernán Rivas por la supuesta comisión de hechos punibles. El legislador es señalado por la Fiscalía por la posible producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
Antes esta situación, la agente fiscal Patricia Sánchez, quien investiga el caso, solicitó el desafuero del parlamentario por parte de la Cámara de Senadores. Desde la Fiscalía manifestaron que remitirán todos los antecedentes al Senado de modo que puedan retirar esta inmunidad a Rivas.
“El Ministerio Público solicita la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva de conformidad con lo dispuesto en el artículo N.° 245 del Código Procesal Penal y N.° 191 de la Constitución Nacional a fin de garantizar la comparecencia del imputado al proceso”, expresa el acta de imputación que fue emitida este 18 de enero.
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La investigación al senador Rivas nace a raíz de las sospechas de falta de autenticidad del título de abogado y del certificado de estudios expedido por la Universidad Sudamericana en donde se consignó que el legislador cursó la carrera de Derecho entre el 2010 y 2015. No obstante, según el acta del Ministerio Público, no existen documentos académicos que avalen esto.
“Del relato fáctico atribuido a Hernán David Rivas Román es posible sostener la existencia de indicios suficientes sobre la autoría del mismo en la producción mediata de la matrícula de abogado y en el uso de dicha matrícula en conjunto con el título de grado y el certificado de estudios, de los que se sospecha sería falso”, expone el documento de la Fiscalía.
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Principal sospechoso de feminicidio fue imputado
El violento feminicidio de Deisy Paola Giménez, una joven de apenas 22 años, dio sus primeros pasos procesales en el ámbito judicial. La agente fiscal de Lambaré, Amelia Bernal Jara, formuló la imputación formal contra Aldo Alexis Duarte, el principal sospechoso del asesinato, por la presunta comisión de los hechos punibles de feminicidio y homicidio doloso.
El trágico suceso se registró el pasado jueves 8 de octubre en plena vía pública y fue captado por cámaras de circuito cerrado. Tras las primeras diligencias e investigaciones encabezadas por el Ministerio Público y la Policía Nacional, las autoridades lograron la localización y aprehensión del sospechoso durante la noche del viernes 9 de octubre, alrededor de las 23:20, en la ciudad de Villeta, luego de lo cual fue puesto a disposición de la Justicia.
SE ABSTUVO DE DECLARAR
Durante la mañana de ayer, el procesado fue trasladado hasta la sede fiscal para cumplir con la audiencia de declaración indagatoria, acompañado por el defensor público de turno.
A su llegada, un grupo de vecinos y automovilistas que transitaban por la zona detuvieron la marcha para repudiar al agresor con gritos e insultos, exigiendo justicia para la joven de 22 años y cuestionando con firmeza el tardío accionar de las autoridades tras las denuncias por violencia de género presentadas por la víctima.
El hombre hizo uso de su derecho constitucional y optó por abstenerse de declarar ante la representación fiscal.
Tras el acto, la representación del Ministerio Público presentó formalmente el requerimiento de imputación con los antecedentes correspondientes ante el Juzgado de Atención Permanente de San Lorenzo. Desde la Fiscalía confirmaron que las investigaciones prosiguen intensamente a fin de acopiar elementos de convicción, esclarecer en detalle las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades penales definitivas.
Realizan marcha para pedir justicia por Deisy Paola
Asunción y Ciudad del Este fueron escenario ayer de sendas manifestaciones en la que allegados y ciudadanía en general se movilizaron bajo la consigna de “Justicia para Deisy”. Los organizadores repudiaron la falta de protección por parte de las autoridades para la joven que era víctima de sistemático acoso y violencia, y exigieron la pena máxima para Aldo Duarte, el autor confeso del brutal feminicidio de la joven.
En Asunción el lugar de convocatoria fue la plaza de la Democracia, donde organizaciones civiles y conocidos de la joven estudiante de derecho repudiaron el crimen y pidieron mayores medidas de seguridad para las mujeres.
“La consigna es exigir justicia para Deisy, porque ella hizo todo para ser protegida. Acudió a las autoridades y el sistema de justicia le falló, porque el hombre tenía orden de restricción, pero igual, pese a todos los mecanismos aplicados para este tipo de hechos, una vez más tenemos una muerte”, repudió Marlene Orué, abogada especialista en derechos humanos.
Afirmó que lastimosamente las autoridades no le dieron a la joven la respuesta que necesitaba. “Estamos llegando al límite impensable, por eso nos convocamos para pedir justicia y que ya no se reporten este tipo de hechos”, apuntó.
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Lambaré: imputan por feminicidio y homicidio doloso al presunto autor del crimen de una joven de 22 años
Un trágico caso de violencia que conmociona a la ciudad de Lambaré dio sus primeros pasos procesales en el ámbito judicial. La agente fiscal de dicha localidad, Amelia Bernal Jara, formuló la imputación formal contra un hombre por la presunta comisión de los hechos punibles de feminicidio y homicidio doloso, en relación a la muerte violenta de Deisy Paola Giménez, una joven de apenas 22 años.
El trágico suceso se registró el pasado jueves 8 de octubre de 2026. Tras las primeras diligencias e investigaciones encabezadas por el Ministerio Público y la Policía Nacional, las autoridades lograron la localización y aprehensión del sospechoso durante la noche del viernes 9 de octubre, alrededor de las 23:20, momento en que fue puesto a disposición de la Justicia.
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Se abstuvo de declarar
Durante la mañana de este sábado 10 de octubre, el procesado fue trasladado hasta la sede fiscal para cumplir con la audiencia de declaración indagatoria, trámite previsto en el artículo 84 y siguientes del Código Procesal Penal. Acompañado por el defensor público de turno, el hombre hizo uso de su derecho constitucional y optó por abstenerse de declarar ante la representación fiscal.
Tras el acto, la representación del Ministerio Público presentó formalmente el requerimiento de imputación con los antecedentes correspondientes ante el Juzgado de Atención Permanente de San Lorenzo. Desde la Fiscalía confirmaron que las investigaciones prosiguen intensamente a fin de acopiar elementos de convicción, esclarecer en detalle las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades penales definitivas.
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La violencia no da tregua: registran 20 feminicidios y 36 huérfanos en lo que va del año
El Programa de Datos Abiertos del Ministerio Público reveló un alarmante balance sobre la violencia de género en el país, registrando 20 víctimas de feminicidio en lo que va del año. Estas muertes violentas han derivado en la apertura de 19 causas penales, debido a que uno de los expedientes investiga el trágico asesinato de dos mujeres de forma simultánea.
La radiografía de la violencia expone una problemática sistémica que trasciende el asesinato, sumando 28 víctimas de tentativa de feminicidio. Asimismo, la Fiscalía reportó una muerte violenta caratulada provisionalmente como homicidio, seis casos de agresiones graves cometidas por exparejas y cuatro causas por tentativa de homicidio que afectaron a víctimas colaterales, entre ellas, un niño.
El perfil de las víctimas y agresores en relación con las edades se tiene que el rango etario de las víctimas fatales es desgarrador, abarcando desde los 12 hasta los 80 años, incluyendo a una menor que ni siquiera alcanzaba los 12 años de edad. Por su parte, los agresores tienen edades comprendidas entre los 18 y los 80 años.
En cuanto a la nacionalidad y la comunidad indica que 18 de las mujeres asesinadas eran de nacionalidad paraguaya, una de origen brasileño y dos pertenecían a comunidades indígenas. A su vez, la violencia destruyó familias enteras: 14 de las víctimas eran madres, dejando un saldo de 36 hijos huérfanos, de los cuales 26 son menores de edad (considerados víctimas indirectas).
Geografía y temporalidad del horror
El departamento Central se consolida como el epicentro del peligro para las mujeres, concentrando 12 de las 20 víctimas. El resto de los casos se distribuye en Concepción (3), Canindeyú (2), Asunción (1), Alto Paraná (1) y Caazapá (1).
Temporalmente, los meses más críticos fueron enero, con 6 reportes, y marzo, con 4. El resto de los crímenes se distribuyó entre julio (3), mayo (2), agosto (2), abril (1), septiembre (1) y octubre (1). En cuanto a los días de la semana, la violencia no dio tregua: los lunes y viernes registraron la mayor incidencia con 4 casos cada uno, mientras que los domingos, martes, jueves y sábados sumaron 3 casos por día.
El entorno y el arma
Los datos echan por tierra la idea de que el peligro está únicamente en la calle. El 75 % de los feminicidios (15 casos) ocurrió dentro de una vivienda, mientras que 5 se perpetraron en la vía pública.
Respecto a los métodos utilizados, los atacantes recurrieron principalmente al uso de armas blancas en 11 de los casos. Las armas de fuego cobraron la vida de 6 mujeres, mientras que las causantes de las muertes restantes fueron la asfixia (1 caso) y traumatismos por golpes severos (2 casos).
Vínculo con el atacante y situación procesal
El círculo más cercano sigue siendo el más peligroso. Las parejas actuales (8) y las exparejas (8) representan el 80 % de los agresores. El resto de los crímenes fue cometido por conocidos (2), un padrastro (1) y un propio hijo (1).
En el ámbito judicial, 15 presuntos responsables ya se encuentran formalmente imputados por el Ministerio Público. La impunidad por vía del suicidio se dio en 5 de los autores, quienes se quitaron la vida tras cometer el crimen. Por último, un sospechoso que contaba con orden de captura internacional fue detenido en Brasil, país donde será sometido a la Justicia.
El informe del Ministerio Público recuerda que la violencia de género no se limita al asesinato; engloba todo acto o acción sistemática que cause daño psicológico, físico o sexual, así como las amenazas, la coacción y la privación de la libertad, tanto en el ámbito público como en la intimidad del hogar.
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Acusan por cohecho pasivo y piden juicio oral contra exfiscal de Emboscada y su auxiliar
La fiscal Yeimy Adle acusó por cohecho pasivo agravado al exfiscal de Emboscada, Bernardo Javier Elizaur Aguirre, y a su exauxiliar, Lilian Andrea Florenciano Alfonso. El caso investiga una supuesta negociación de dinero para beneficiar a un procesado por lesión grave. Ante esto, el Ministerio Público solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.
De acuerdo con el escrito acusatorio, los procesados habrían solicitado inicialmente G. 7.000.000 a la abogada defensora Corazón de María Corrales (representante de Mauricio Soel Méndez Gómez), a cambio de presentar un sobreseimiento provisional. Posteriormente, el monto habría aumentado a G. 10.000.000 para otorgar una salida procesal favorable. La investigación sostiene que Florenciano mantenía las comunicaciones con la defensa, mientras que Elizaur tenía a su cargo la decisión sobre el requerimiento fiscal.
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El 21 de septiembre de 2025, ante la falta de pago, el entonces fiscal acusó formalmente a Méndez por lesión grave y producción de riesgos comunes. La fiscal Adle señala que dicha acusación se presentó sin contar con los elementos médicos que la propia Fiscalía consideraba indispensables, pues el diagnóstico de la víctima seguía pendiente y aún no existía un dictamen del médico forense. “Esta secuencia revela que la posición procesal de la Unidad Fiscal no respondía a la existencia de elementos objetivos de convicción, sino que estaba supeditada al pago solicitado a la defensa”, indica el escrito.
El 13 de octubre de 2025, durante una entrega vigilada autorizada judicialmente, la abogada defensora y la hermana del procesado acudieron a la sede fiscal de Emboscada. Florenciano recibió G. 7.000.000, dinero que posteriormente fue hallado en el cajón del escritorio que utilizaba, quedando pendientes los G. 3.000.000 restantes. Tras recibir el pago, la exauxiliar condujo a las mujeres al despacho de Elizaur, quien manifestó que se allanaría a un pedido de suspensión condicional del procedimiento por dos años. Toda la conversación quedó registrada durante el operativo.
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