Miembros del actual directorio de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones SA (Copaco) presentaron una denuncia formal ante el Ministerio Público contra Sante Vallese, extitular de la institución. La denuncia habla de un supuesto millonario daño patrimonial de Vallese, aparte de varias irregularidades como lesión de confianza y estafa durante su administración.
“Tras un estudio que hicimos al informe de auditoría interna, realizada en su momento desde el corte administrativo, se han notado varias irregularidades en la gestión, conforme a los informes obrantes en el documento. Una vez analizada las posibilidades, el directorio ha autorizado la presentación de una denuncia penal, a fin de que el Ministerio Público determine la responsabilidad y el grado de participación”, explicó el asesor jurídico de la Copaco, Walter Núñez.
Expresó que hay presunción, con indicios, de una conducta conducente a la quiebra de la institución, aparte de una conducta indebida en situación de crisis, reiterando el delito de lesión de confianza, que alcanza incluso la estafa. El representante legal manifestó que luego de esto, se elaborará también una auditoría externa, para analizar el grado de las irregularidades y determinar si no existen otras más.
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“Siempre que se hable de estos hechos, se configura el daño patrimonial. Nosotros estamos tras un análisis de la existencia de un daño patrimonial, nada más haciendo referencia a que el balance del 2022 no ha sido aprobado en la gestión anterior, lo cual incluso sigue pendiente”, detalló el asesor jurídico de la compañía.
Recordó que el balance del 2021 había arrojado un saldo positivo, con superávit, pero que en el 2022 se observó en el cuadro de pérdidas acumuladas un monto que supera los G. 280.000 millones. Esto resulta sumamente llamativo al inferir que solo en un año se generaron pérdidas millonarias, más de lo que se venía acumulando en los años anteriores.
Copaco ya había sido blanco de cuestionamientos, más aún al tener en cuenta que durante los últimos cinco años, en la institución se denunciaron una serie de irregularidades como contratos a familiares del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, aparte del registro de pérdida de clientes. A esto se sumaría además que los funcionarios de la institución también habían denunciado que dejaron de percibir sus salarios en tiempo y forma.