Con una última interpretación de “Paranoid”, su mayor éxito, el mítico rockero inglés Ozzy Osbourne y su grupo Black Sabbath se despidieron el sábado pasado de los escenarios en un concierto en su Birmingham natal que rindió culto al heavy metal. “I love you (los amo)”, gritó con su voz todavía rechinante el carismático cantante a la entregada multitud en el estadio Villa Park, donde se rodeó de grandes estrellas del género.

A sus 76 años, el “Príncipe de las Tinieblas” sufre desde hace varios años la enfermedad de Parkinson. El cantante, que escribió su leyenda al morder la cabeza de un murciélago en pleno concierto, cantó en su despedida sentado, prisionero de sus temblores, en un trono satánico confeccionado para el padrino del heavy metal.

Fue un adiós crudo y emotivo, acompañado de sus compañeros de Black Sabbath y de decenas de miles de seguidores del metal llegados del todo el mundo hasta el estadio del Aston Villa, convertido por una noche en una catedral pagana. “Podría ver nuestro apoyo y eso me hizo llorar”, explicó Lilly Chapman, una seguidora de 29 años, todavía emocionada de ver al rockero “mostrarse vulnerable ante miles de personas”.

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Hacía 20 años que Black Sabbath, pionero del heavy metal, no se reunía en su formación original de 1968 (Osbourne como cantante, Tony Iommi en la guitarra, Geezer Butler en el bajo y Bill Ward en la batería).

Si eso no fuera suficiente, a ellos se sumaron otras bandas y músicos emblemáticos como Metallica, Guns N’ Roses, Pantera, Slayer, Tom Morello de Rage Against The Machine, Steven Tyler de Aerosmith o Ron Wood de los Rolling Stones.

Los espectadores, con camisetas de metal, espesas barbas y grandes tatuajes, acompañaban los himnos que conocían al dedillo sacudiendo la cabeza en un ambiente que poco tenía que envidiar al generado por los “villanos”, los seguidores del Aston Villa que suelen ocupar ese lugar.

“Esto solo ocurre una vez en la vida”, decía entusiasmado Rich Newlove, llegado del norte de Inglaterra. Ozzy “estaba en mejor forma y mejor estado de salud de lo que esperaba”, afirmó con una cerveza en la mano tras el concierto.

El sentimiento, sin embargo, es “agridulce” al haberlo podido ver por primera, pero también por última vez.

Algunos llegaron de muy lejos. “Va a ser el mayor concierto de metal de todos los tiempos”, expresó Jared Higginbotham, un estadounidense de 34 años que vino junto a su novia desde Texas.

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A pesar de los elevados precios, las entradas para el espectáculo se agotaron en apenas 16 minutos. Los fondos obtenidos se destinarán a organizaciones benéficas como Cure Parkinson’s y el Hospital Infantil de Birmingham.

Henry Broderik, un barrendero de Cambridge de 22 años, se gastó 415 libras (560 dólares) por su entrada porque “era todo lo que quedaba”.

Es el precio a pagar para asistir a la despedida de Ozzy, un ícono conocido por sus fechorías, pero también por la emisión de un programa de telerrealidad de su familia en los años 2000, “The Osbournes”, que se convirtió en un gran éxito en MTV y lo conectó con nuevos públicos. Black Sabbath ha vendido más de 75 millones de álbumes en todo el mundo y es ampliamente reconocido como uno de los pioneros del heavy metal con grandes éxitos como “Paranoid”, “War pigs” o “Iron man”.

Fuente: AFP.

El fiscal Alexander Argüello Alderete, de San Estanislao, imputó a Justo César Alfonzo Salinas por estafa, producción de documentos no auténticos, manipulación de graficaciones técnicas y producción indebida de certificados de salud. La investigación señala que el acusado es autor de una serie de maniobras fraudulentas relacionadas con el ejercicio ilegal de la medicina.

De acuerdo a las investigaciones, Alfonzo Salinas habría ejercido la profesión médica sin contar con habilitación legal, utilizando el registro profesional de otro médico. El imputado montó un supuesto sanatorio privado dentro de su vivienda, ubicada a escasos metros del Hospital de San Estanislao, que operaba bajo el nombre de “Santa Isabel”.

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La causa se inició a partir de una denuncia presentada el 20 de junio del 2025 por funcionarios del Ministerio de Salud Pública y de la Superintendencia de Salud ante la comisaría local, en la cual alertaban que el procesado ofrecía servicios médicos usando un número de registro profesional ajeno, incurriendo en una grave transgresión legal y ética.

Como parte del proceso investigativo, el 25 de junio se llevó a cabo un allanamiento en el inmueble de Alfonzo Salinas. La comitiva fiscal y policial procedió a la incautación de numerosos objetos vinculados al ejercicio de la medicina, tales como un sello profesional, uniforme, recetas médicas, estetoscopio y cajas de instrumental médico.

Los elementos colectados refuerzan la sospecha de que el implicado habría ofrecido consultas, expedido recetas y emitido certificados de salud de forma clandestina, lo que representa un peligro para la salud pública y constituye una usurpación de funciones.

El Ministerio Público continúa la investigación para esclarecer la totalidad de los hechos y determinar si existen otras personas afectadas o vinculadas al caso.

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En la tarde del lunes se confirmó la imputación contra el intendente de Encarnación, Luis Yd, en el marco de la investigación por el derrumbe del edificio que se cobró la vida de dos personas.

Desde el Ministerio Público defendieron esta acción manifestando que existen elementos suficientes para señalar al jefe comunal de uno de los responsables en la negligencia que ocasionó el colapso de la estructura edificada.

“Esta es una imputación que versa sobre sospechas de comisión de hechos punibles y las pruebas hasta este momento han arrojado la sospecha necesaria para la presentación de la imputación, debemos seguir recabando otros medios de prueba a los efectos de pasar del estado de sospecha al de convicción y eso sí motivaría la presentación de una acusación”, explicó el fiscal Ever Williams.

En conversación con varios medios de prensa, el fiscal expuso que el Ministerio Público se ha tomado el tiempo necesario para hacer la investigación y que no podían apresurarse a presentar una imputación dado que a partir de esta etapa, existe un plazo limitado para la conclusión de esta fase y pasar a la acusación, por lo que era necesario recabar los datos que permitan sustentar las sospechas. A partir de ahora, la Fiscalía tiene seis meses de trabajos para presentar la acusación.

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“No estamos ante un hecho punible común, estamos hablando de la caída de un edificio, lleva tiempo la toma de declaraciones y eso merece un análisis exhaustivo. Apresurarnos a presentar una imputación sin siquiera tener un presupuesto de cuánto iba a costar realizar un estudio pericial en la zona del derrumbe, sería muy aventurado, por eso nos tomamos el tiempo suficiente para presentar la imputación”, alegó.

El derrumbe del edificio en construcción se registró en la noche del 2 de abril pasado, en el barrio San Roque de la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa.

Yd es sindicado por la comisión de hechos punibles de actividades peligrosas en la construcción y homicidio culposo, al igual que el ingeniero de obras. Asimismo, los arquitectos son señalados por estos hechos punibles y además, son sospechados por la exposición de personas a trabajos peligrosos, mientras que el encargado de obras fue imputado por homicidio culposo.

“No vimos la necesidad de ordenar ninguna orden de detención, sí hemos solicitado la aplicación de algunas medidas que garanticen el sometimiento de los mismos al procedimiento como la prohibición de salida al país, la constitución de un domicilio, la firma mensual de los imputados en el juzgado”, detalló el fiscal.

Los demás imputados por la Fiscalía son: René Orlando Miglio, director de Obras; Ramona Teresa Bogado Benítez, propietaria del edificio; Roberto Montiel Cabral, sereno; y los arquitectos Mario Bruno Urbina, y Roberto Faustino Ramírez.

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El Ministerio Público imputó al intendente de Encarnación, Luis Yd, en el marco de la investigación por el trágico derrumbe de un edificio ocurrido el pasado 2 de abril en la capital de Itapúa, que ocasionó el fallecimiento de una mujer y de su nieta.

Además del jefe comunal, otras cinco personas fueron procesadas por el mismo caso. De acuerdo con la información oficial, algunas de ellas fueron señaladas como presuntos autores materiales, mientras que otras figuran como cómplices en la causa penal abierta por los fiscales Ever Williams, Francisco Martínez y Rocío Valdez.

Los demás imputados son: René Orlando Miglio, director de Obras; Ramona Teresa Bogado Benítez, propietaria del edificio; Roberto Montiel Cabral, sereno; y los arquitectos Mario Bruno Urbina, y Roberto Faustino Ramírez.

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Los hechos están caratulados como homicidio culposo y realización de actividades peligrosas en la construcción. El colapso del edificio generó una profunda conmoción en la comunidad encarnacena, y en todo el país, que exige respuestas sobre los controles y responsabilidades en torno a las obras civiles autorizadas por la municipalidad.

El representante legal de la familia de las víctimas, Rolando Aquino, había manifestado que el intendente encarnaceno tenía una responsabilidad en el siniestro y que debía ser imputado por la Fiscalía. "El intendente Luis Yd es el administrador, él es el ejecutivo. Nada se hace sin que él autorice", fueron las palabra del abogado para una entrevista pasada a Nación Media.

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