La economista y aspirante a la senaduría por el movimiento Honor Colorado Lea Giménez manifestó que la propuesta de ley sobre suministros y Contrataciones Públicas remitida por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional el pasado mes de mayo, de ser sancionada en la versión de Diputados pondrá en riesgo la salud y la calidad de la alimentación de los niños en edad escolar. El proyecto pretende establecer modificaciones a la normativa vigente de compras públicas.
“Cuesta entender qué se discute en el Congreso. Se quiere evitar que los intereses particulares de las proveedoras de merienda escolar se superpongan al interés común. La versión del proyecto que defendía el diputado Basilio Núñez es clave para mejorar el gasto y para la salud de los niños”, indicó la exministra de Hacienda a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.
Las declaraciones de Giménez surgieron ante la denuncia pública realizada por el parlamentario, quien acusó a su colega Celeste Amarilla, del Partido Liberal Radical Auténtico, de maniobrar la iniciativa del Ejecutivo para favorecer a la empresa proveedora de alimentos escolares Arcángel SA, firma ligada a la diputada efrainista.
“Padres, madres e interesados en la salud de los niños; ¿saben que pretenden eliminar los registros y certificados para los productos y para los establecimientos elaboradores? Esto es un retroceso muy perjudicial para la salud de nuestros niños”, alertó la dirigente colorada.
De acuerdo a lo manifestado por Núñez, la legisladora liberal aprovecha su titularidad en la Comisión de Asuntos Económicos y su participación en la Comisión de Cuentas y Control de la Cámara Baja para seguir impulsando cambios a la iniciativa.
“La alimentación de nuestros niños está en juego”
Al quedar descubierta, Amarilla recurre a agresiones con el fin de evitar que el proyecto sea aprobado en la versión del Senado y que logre su sanción ficta, es decir, sanción automática sin previo tratamiento de vuelta.
“Las modificaciones de la Cámara de Diputados elimina que se requiera experiencia en la producción de un producto. La alimentación de nuestros niños está en juego, necesitamos que las empresas que provean alimentos sean empresas serias con buena trayectoria y reputación”, manifestó Giménez.
Registros sanitarios y estándares básicos
La economista también recordó que el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAM) había expresado su rechazo a las modificaciones establecidas por la Cámara Baja. También el Ministerio de Hacienda y la propia Dirección de Contrataciones Públicas se mostraron en contra de los cambios.
“No podemos permitir que los alimentos que llegan a los niños a través de provisión pública no tengan registro sanitario y no cumplan con estándares básicos. Es simplemente inaceptable y criminal. ¿Qué clase de persona o empresa solicita eso?”, sentenció.
Perjudicará a proveedores locales
Giménez manifestó también que la maniobra impulsada por Amarilla terminará por perjudicar a los proveedores locales. “Si la municipalidad de Guayabí necesita bananas para los colegios de la zona, no está obligado a comprar de su localidad, puede hacerlo de cualquier otro lado, ya que elimina la localía del municipio”, puntualizó.