Desde el sindicato de funcionarios del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) indicaron que se convocó a una asamblea en la que fue invitada la presidenta de la institución, Gail González Yaluff, de modo que dé aclaraciones respecto a observaciones realizadas por la Contraloría General de la República (CGR) en cuanto a transferencias hechas a organizaciones no gubernamentales, las cuales fueron realizadas mediante cheques y no por transferencias, tal y como lo exige la ley.

“En este informe de la Contraloría, en una de sus observaciones cuestiona a esta administración porque estuvo realizando desembolsos a organizaciones no gubernamentales (ONG) a través de cheques y no mediante cuentas bancarias. Eso está prohibido por las condicionantes que pone Contrataciones Públicas como requisito para que las ONG puedan recibir desembolsos”, detalló Lino Ávila, sindicalista del Indert, en conversación con La Nación/Nación Media.

Ávila señaló que la convocatoria es para el mediodía de esta jornada y que la realizan dado que este mismo tipo de hechos ocurrieron durante la administración de Justo Cárdenas, quien fue procesado por enriquecimiento ilícito. Indicó que varios directores de la época del extitular del Indert fueron imputados por realizar este tipo de desembolsos, por lo que temen que se esté repitiendo el hecho.

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“Emitían cheques y una parte iba a la ONG y la otra era para la comisión de los muchachos, eso es lo que nos preocupa en este caso, de que eso se pueda repetir, no decimos que esta administración está cayendo en lo mismo, pero es muy llamativo y esa es la observación que hizo la Contraloría de la forma indebida en que se está obrando”, expresó Ávila.

Así también, mencionó que el informe de Contraloría señala que la institución estuvo realizando desembolsos a ONG que fueron investigadas en el pasado por caer en hechos ilícitos. “Es todo muy llamativo, entonces nosotros queremos sentar postura porque no vamos a acompañar ningún tipo de hecho que salpique al buen funcionamiento de la institución, sea quien sea que esté como administradora”, puntualizaron desde el sindicato.

Además de las explicaciones sobre el informe de la Contraloría, el sindicato también espera una respuesta por parte de la presidenta del Indert sobre un proyecto que pretende modificar el cronograma de la institución y que ya cuenta con la aprobación de la Secretaría de la Función Pública. Ávila señaló que esta propuesta no fue socializada con el funcionariado y que perjudicará al funcionamiento del Indert.

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“La equivocación principal es que quisieron hacer todo esto a escondidas y a consecuencia de eso van a desaparecer direcciones generales, esta institución que es muy pequeña para la responsabilidad tan grande que tiene a nivel social principalmente y antes de fortalecerla, esta señora le dio caso omiso y va a hacer lo contrario”, aseveró.

De acuerdo a la información que recibió Ávila por parte de algunas direcciones del Indert, se está trabajando en la modificación del organigrama de la institución desde el 2021 y lo que les llama la atención es que no se socializó con los cuadros gerenciales ni con el sindicato, hecho que genera molestia en el funcionariado, dado que aseguran que con este tipo de actuaciones, la presidenta desconoce a los funcionarios y a su representante.

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