Los senadores liberales Blas Llano, Fernando Silva Facetti y el colorado Javier Zacarías Irún presentaron el proyecto de ley que sanciona el desacato por parte de los altos funcionarios del Estado, ante la falta de respuesta a los pedidos de informe que son requeridos desde el Congreso Nacional. La propuesta establece la pena privativa de libertad de seis meses a dos años o multa.

“Se funda en la necesidad de sancionar el incumplimiento constante de los pedidos de informe de las instituciones equipara la sanción prevista al desacato de orden judicial”, sostuvo Facetti. Al respecto el parlamentario detalló la lista de instituciones públicas “morosas” que no respondieron a los pedidos de informaciones por parte de la Cámara Alta.

Facetti citó por ejemplo al Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), que terminó por ignorar su “obligación constitucional” en más de 20 ocasiones al no responder el requerimiento realizado por parte de los legisladores. En la nómina también se encuentran Itaipú, con un total de 18 solicitudes de información sin responder, la Administración Nacional de Electricidad, Yacyretá, así como el Ministerio del Ambiente, con 6 pedidos de informes sin responder.

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“Está siendo avasallada la autoridad del Poder Legislativo, sin importar quiénes sean los firmantes de los pedidos de informe”, sentenció el legislador. La propuesta ya fue remitida a las comisiones para su correspondientes dictámenes y posterior tratamiento en plenaria.

El proyecto de ley fue remitido a las comisiones para sus dictámenes correspondientes. Foto: Gentileza.

El documento menciona que si el autor cometiere el hecho, mediando reiteración del pedido o fuere un funcionario público, “la pena será aumentada hasta 5 años, además será inhabilitado para ejercer cargos públicos por el termino de 5 años”.

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Por otra parte, el proyecto de ley establece que “cuando el mismo facilitare, posibilitare o encubriere la comisión de otros hechos punibles, la pena privativa de la libertad también será aumentada a 10 años y no será sustituible por multa”.

Finalmente la iniciativa indica la cámara legislativa respectiva cuyo pedido de informe hubiere sido incumplida, informará el hecho a la Fiscalía Penal de turno, para que este impulse un procedimiento respectivo bajo el presupuesto de la flagrancia.

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