La Cámara de Diputados aprobó este miércoles por unanimidad el proyecto de modificación de la ley migratoria con la que se busca adecuar las normas y flexibilizar los procesos para fomentar la llegada de inversiones al país. El estudio de esa propuesta, que ahora será remitida al Senado, finalmente se concretó en la sesión de esta jornada, luego de tres intentos fallidos anteriores.

El titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja, el diputado colorado Derlis Maidana, recomendó en la ocasión la aprobación total del proyecto. También se expresó en igual término su colega colorado Tadeo Rojas, en representación de la Comisión de Presupuesto.

“Se estatuye el régimen migratorio del Paraguay, en adhesión a los principios fundamentales contenidos en la Constitución Nacional, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los convenios, tratados y acuerdos internacionales y regionales aprobados y ratificados por la República del Paraguay, y en la política migratoria del país, buscando contribuir a fortalecer el desarrollo social, cultural y económico”, señala parte del texto del dictamen estudiado por los legisladores.

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Ese documento indica también que la normativa propuesta se “aplica a los extranjeros que ingresen, permanezcan y egresen del territorio de la República del Paraguay, así como, en lo que corresponda, a los paraguayos que salgan del país, se radiquen en el extranjero y/o retornen a la República”.

Para concretar esos cambios, la iniciativa plantea otorgar a la Dirección General de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, la categoría de Dirección Nacional, volviéndola autónoma y autárquica, de acuerdo a la exposición de motivos, que resalta la necesidad de hacer esos cambios para ejercer de manera más efectiva las funciones asignadas y al mismo tiempo proyectar el desarrollo de la institución a nivel de su recursos humanos y tecnológicos.

Esa autarquía le otorgaría a Migraciones la posibilidad de generar y administrar sus propios ingresos y la autonomía le permitiría dictar sus propias normas internas y de regulación, añade el documento.

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