El abogado José Casati, representante legal del gobernador de Central, Hugo Javier González, calificó de ridícula la resolución de la magistrada que ordenó la prisión domiciliaria de su cliente, dejándolo sin posibilidades de acudir a su lugar de trabajo. Es por ello que la defensa solicita un permiso para que el jefe departamental pueda cumplir sus funciones en la gobernación.
“Como se viene realizando en varias causas que hemos visto a lo largo de este tiempo, te doy el ejemplo de Justo Cárdenas, por el cual tenía un arresto domiciliario y haciendo uso del derecho constitucional para poder ir a trabajar, el juzgado, dentro de su arresto domiciliario, le otorga un permiso a los efectos de poder cumplir y honrar sus funciones”, comentó a la 1080 AM.
Explicó que en el caso del gobernador González también se plantea el ejercicio de ese derecho humano y en virtud de la voluntad popular que lo eligió como autoridad departamental en los comicios generales del 2018.
Resolución ridícula
“La resolución es ridícula porque los fundamentos de la resolución son de que le impone un arresto domiciliario en virtud al supuesto peligro de fuga del señor gobernador”, sostuvo.
El exjuez afirmó que hubo presión política sobre la jueza al momento de tomar una decisión si lo separaba o no del cargo al gobernador. “Aquí hay que asumir las responsabilidades laborales y políticas”, aseveró.
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Casati recordó que él también se desempeñó como juez durante doce años, por lo que maneja el procedimiento que se aplica para estos casos. “Conozco perfectamente esta situación. Se le quiso dar una salida salomónica, elegante, pero técnicamente, igualmente efectiva, de separar del cargo al gobernador con un arresto domiciliario por un supuesto peligro de fuga”, expresó.
A su criterio, el argumento esgrimido por el juzgado es infundado, puesto que “está perfectamente demostrado por la conducta del gobernador”. Aparte, se demostró el arraigo que en sí tiene el gobernador en el departamento Central.
Recordemos que el pasado 12 de abril, la jueza penal de Garantías de San Lorenzo María Elena Cañete otorgó el arresto domiciliario al gobernador de Central, Hugo Javier González, imputado por lesión de confianza. La resolución de la citada magistrada se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo ese mismo día en el Juzgado de San Lorenzo.
Otros hechos punibles que afronta el jefe departamental son: asociación criminal y declaración falsa en el marco del uso de los recursos públicos que fueron asignados por el Ejecutivo a las gobernaciones e intendencias en el transcurso de la pandemia por el COVID-19. En la causa judicial también fueron imputadas otras 15 personas por las mismas razones.