El expresidente de la República Horacio Cartes remitió una carta al contralor general, Camilo Benítez, el viernes 28 de enero pasado a fin de solicitarle, en virtud de las atribuciones legales de control con las que cuenta la Contraloría General de la República en materia de análisis y evaluación de las declaraciones juradas de bienes y rentas presentadas por funcionarios públicos, llevar a cabo un “Examen de correspondencia de las declaraciones juradas que presentó ante la institución en el periodo 2013-2018″, durante su gobierno.
Cartes realizó la petición en función a la Ley Nº 5.033/2013, que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional de declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos, concretamente en su artículo 4, numerales 1, 4, 5 y 6. La misiva dirigida al contralor general está firmada por el exmandatario y tuvo mesa de entrada a las 11 horas del pasado 28 de enero.
El pedido se da en el marco de la denuncia formulada en su contra por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Al respecto, el representante legal del expresidente, Ricardo Preda, señaló que la denuncia se realizó de manera incorrecta, atendiendo que se tomaron como base las declaraciones realizadas en su momento por Cartes en calidad de mandatario.
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“Sobre esa base hizo conjetura y formuló esta presentación. Entonces, Cartes el viernes hizo una presentación ante el contralor general para que la institución –que sí tiene la función constitucional y legal de analizar las declaraciones juradas– lo haga y emita un dictamen al respecto, un dictamen de correspondencia”, explicó.
Preda insistió en destacar la predisposición de Horacio Cartes de someterse a las pesquisas en caso de que se haga la denuncia, pero a cargo del órgano competente.
“Acá lo que cuestionamos sobre esta presentación a la Seprelad no es que el presidente Cartes no quiera ser investigado, sino que una denuncia penal debe ser presentada ante el Ministerio Público y no ante una institución que no tiene la función de investigar hechos punibles, sino tiene otra función, que es la de intervenir en el ámbito de la prevención del lavado de dinero”, enfatizó.
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