Tras los cuestionamientos por la terna confeccionada para el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el titular del Consejo de la Magistratura, Óscar Paciello, afirmó que la institución tendrá que impulsar un nuevo reglamento de selección de futuros candidatos con el fin de zanjar las presiones políticas y a la vez poder garantizar transparencia a la ciudadanía.
“Tenemos que empezar a conseguir un reglamento diferente que al menos tenga la ciudadanía la visión de que se está actuando correctamente. El producto puede ser que agrade o no, pero en el proceso es donde tenemos que esmerarnos para que satisfaga los reclamos ciudadanos”, mencionó a través de una comunicación con la radio 1020 AM.
Importantes cargos vacantes
Al respecto, Paciello detalló que entre los futuros cargos vacantes se encuentran, por ejemplo, 2 cupos como ministros en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), por cumplimiento de la edad límite, la Fiscalía General del Estado (FGE), la Sindicatura de Quiebras y un cargo de vuelta en la máxima instancia judicial.
Los espacios tanto en la institución electoral, la titularidad del Ministerio Público y en la Corte son constantemente reclamados por los senadores pertenecientes a la oposición.
En el transcurso de esta semana se llevó a cabo una “cocinada política” que involucró al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a un sector de los senadores liberales y a la izquierda con la designación del exlegislador Víctor Ríos como nuevo ministro de la CSJ.
Por otra parte, el trabajo realizado por el Consejo de la Magistratura, también fue muy criticado en cuanto a la elaboración de la terna que integró Ríos, tanto por un sector de la clase política, de la producción, incluso hasta de representantes de la Iglesia Católica, al argumentar que su elección en el cargo terminará por generar un quiebre entre poderes del Estado.
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Mitic denunciará ante la Fiscalía ataque cibernético por parte de hackers chinos
El director de Ciberseguridad y Protección de la Información del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), Jorge Levera manifestó que la cartera estatal impulsará una denuncia local ante la amenaza informática contra sistemas del Gobierno de Paraguay en busca de informaciones vinculadas a la política y economía de nuestro país.
“Esto es un trabajo que comenzamos desde el inicio del año con el Comando Sur de los Estados Unidos, monitoreamos las redes del gobierno a base de indicios que teníamos de datos infiltrados, buscamos patrones que eran anormales al tráfico de datos de las instituciones, que se daban en los fines de semana o durante las noches”, dijo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
De acuerdo a las informaciones proveídas el ataque cibernético es presuntamente orquestado por organizaciones vinculadas al gobierno de China. Esto tras lograr identificarse como actor de la amenaza informática al grupo denominado Flax Typhoon que posee base de operaciones en el citado país.
“Realizamos durante 6 meses un monitoreo intenso, recabando datos para encontrar el origen de este problema. Se identifican a las organizaciones por la forma en que operan, los objetivos que tienen, las herramientas que usan, las direcciones IP por donde se manejan. Toda esta información nos sirve a nosotros para llegar a las conjeturas que tenemos, normalmente esto lo hacen en los periodos de alta actividad diplomática nuestra, buscan las informaciones relacionadas con la Cancillería”, sostuvo.
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Asimismo Levera siguió sosteniendo que “Vamos a hacer una denuncia local ante la Fiscalía con las pruebas que tenemos”. Señaló que no se descarta recurrir a organismos extranjeros con el fin de determinar que acciones se pueden impulsar en el campo internacional.
Sin embargo, afirmó que no será tarea fácil exponer las conexiones entre el gobierno chino y el grupo de hackers debido a que normalmente operan como empresas de fachadas. “Trabajan no solo para gobiernos, sino también para entidades interesadas en obtener información sensible”, dijo el funcionario de Estado.
Ante los comentarios que acusan al gobierno del mandatario Santiago Peña de minimizar la situación, Levera afirmó que este tipo de investigaciones requieren sigilo para no alertar a los atacantes. “Si se hace pública la investigación antes de tiempo, los responsables detienen sus actividades, dificultando su rastreo”, manifestó.
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Violencia contra mujeres: cifras de una triste realidad en Itapúa
Por Rocío Gómez, corresponsal en Itapúa
Vamos a hacer una comparación asquerosa, hablemos del famoso “pique” o pulga de pie. Cuando tenés un pique, normalmente en los pies, lo primero que sentís es una molestia y lo único que ves al comienzo es un pequeñito punto negro. Si sos citadino o extranjero, lo primero que podés pensar es una espina, o una picadura de algún bicho, pero si sos paraguayo, inmediatamente sabrás que ese puntito negro significa que debajo de la piel hay más de 200 huevos de pique y pus.
Hoy quiero comparar el pique con la cantidad de denuncias recepcionadas por violencia contra las mujeres. Porque el puntito negro solo es la punta del problema, al igual que las denuncias son solo la punta del problema muchísimo mayor de violencia que enfrentan las mujeres en el interior.
Denuncias y juicios
En Itapúa, desde enero hasta octubre del 2024, el Ministerio Público recepcionó 1.308 denuncias por violencia familiar, entre ellas maltrato verbal, golpes, abuso sexual, manipulación y amenazas.
En el Palacio de Justicia de Encarnación, desde enero a octubre del 2024, se registraron 4 casos de feminicidio y 244 casos de violencia familiar que llegaron a instancias judiciales a través de los juzgados de garantías del n.º 1 al 5 en Encarnación, el juzgado de garantías de María Auxiliadora, el juzgado de garantías de San Pedro del Paraná y el juzgado penal de la adolescencia.
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Respecto a condenas en este año, no podemos dejar pasar dos ejemplares condenas por feminicidio y una condena por tentativa de feminicidio. La primera fue de 30 años al expolicía, suboficial Ramiro Rodas, quien asesinó a su pareja Alicia Fernández de 37 años en el distrito de San Juan del Paraná. El feminicida la violó, mordió y estranguló, y fue el hijo que tenían en común quien encontró a su mamá sin vida a la mañana siguiente.
La segunda condena sentenció a 23 años a Lelio Lugo, un hombre que golpeó a su pareja Lourdes Ramona Mareco de 49 años en la cabeza y la arrojó al empedrado desde su vehículo en movimiento en Pirapey km 40. Y la última condena por feminicidio en grado de tentativa fue a Javier Maqueda Garay, sentenciado a 17 años de prisión por atacar con un cuchillo a su expareja Laura Garcete, a quien hirió en el rostro y cuello, sobrevivió porque los hermanos la auxiliaron. Ocurrió en Cambyretá.
Todos estos casos son un puntito negro de la violencia que existe en el interior del país, dicho en otras palabras, la punta del iceberg.
Falta de conocimiento de las leyes
Una de las magistradas del tribunal de sentencia que estuvo detrás de varias condenas ejemplares este y otros años es la jueza Liz Sanabria de Gneiting, quien expresa la preocupación desde el ámbito judicial por la falta de denuncias a raíz del desconocimiento de las leyes, el temor por la falta de protección y la falta de tribunales y juzgados especializados en violencia contra la mujer.
“Nos damos cuenta del aumento significativo de violencia contra las mujeres y por ende contra niños, por la cantidad de casos de juicios que manejamos por día. Son prácticamente 5 juicios por día y de ellos 3 son abusos sexuales en niños y 2 de violencia. Luego se divide en los demás hechos punibles comunes, hurto, homicidio, estafa, pero el mayor índice en primer lugar es el abuso sexual en niños, la prestación alimentaria y la violencia familiar donde generalmente la principal víctima son las esposas, y las víctimas colaterales, los hijos”, expresa la magistrada.
Desde el estrado, los jueces escuchan todo tipo de historias, pero las que más consternan son sobre mujeres que no se animan a denunciar, e incluso que si denuncian, no tienen respuesta efectiva del Estado ni acceso a la justicia. Su principal inquietud es que las mujeres tengan un acceso efectivo a la justicia, con respuestas prontas por parte de la Fiscalía y emisiones de medidas cautelares inmediatas por parte de los juzgados de paz. Cada denuncia con respuesta efectiva de los órganos de justicia significa que se puede salvar una vida.
Sin embargo, los jueces preocupados en Itapúa por esta realidad no solo luchan contra la violencia desde sus despachos y salas de juicio, sino que viajan al interior del séptimo departamento para capacitar sobre las leyes que amparan a las mujeres víctimas de violencia, enseñando tanto en escuelas como en barrios las vías legales para proceder apenas sufren amenazas o golpes.
Hace algunas semanas implementaron como capacitación el proyecto “el juez que yo quiero” de la Corte Suprema de Justicia y capacitaron en los distritos de Tomás Romero Pereira, Cambyretá, Carmen del Paraná y comunidades indígenas de Trinidad y otros puntos, rotando los jueces que participaron según disponibilidad de tiempo.
“Tratamos de llegar a la gente para que sepa que no está sola, y para que conozcan cuáles son los lugares y los números a los que pueden recurrir. Llevamos hace poco el móvil mujer al distrito de Carmen del Paraná y recibimos muchas consultas sobre cómo denunciar en casos de violencia y eso es porque las políticas públicas de prevención no están funcionando tan bien y no están llegando a los sector más alejado de las redes sociales y de la televisión, donde se suelen ver los números de fonoayuda por ejemplo. Se debe llegar a la mujer rural, y no solo a las mujeres de la ciudad”, dice con desazón Sanabria.
La mujer rural
En el interior se vive una realidad bastante distinta que en la ciudad, y con las experiencias de capacitar sobre leyes, pudieron observar los marcados horarios, permisos y trabajo que tienen las mujeres. Cuando las actividades rondaban las 17 horas, la mayoría de las mujeres se retiraron porque alegaban que debían meter las vacas a las casas, pero luego confesaban que sus maridos no las dejaban estar fuera del hogar una vez que oscurece.
“La mujer rural trabaja muchísimo y a la par del hombre, y donde está el reconocimiento de los derechos que ella tiene. Es una muestra clara que existe el machismo muy arraigado en nuestra sociedad. Lo vemos en todos los ámbitos. El hombre aún no tiene ese respeto de igualdad que debe tener a las mujeres”, apunta la magistrada.
Si bien, la cantidad de juicios por abuso y violencia indican que la gente se está enterando que puede denunciar, la realidad demuestra el miedo que sufren las víctimas. La mayoría de las denuncias llegan por vecinos o personas que conocen sobre los episodios de violencia en las casas. También sucede que una vez que llegan los casos al Palacio de Justicia, las mujeres se quieren desdecir, negar la denuncia y salvar a su pareja o marido, ya sea por dependencia emocional o dependencia económica.
La jueza Sanabria forma parte del proyecto de la creación de los tribunales especializados en violencia contra la mujer, que no fue contemplado en la Ley 5.777. Ella, junto a sus colegas y todos los funcionarios de los órganos de justicia, aguardan la oportuna aprobación e implementación de este proyecto para tratar cada caso de violencia contra las mujeres como corresponde desde el sur del país.
Saquemos el pique
Es hora de sacarnos el pique y el pus que hay detrás, denunciemos los casos de violencia en la comisaría más cercana, los juzgados de paz, la Fiscalía, las oficinas del Ministerio de la Mujer y de la Defensoría Pública, o directamente llamando al 137. Si necesitas orientación legal o psicológica podés llamar al (021)452051/2.
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Diputados y TSJE suscriben cooperación para la transparencia, eficiencia y capacitación
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), César Rossel, concretaron la firma de un convenio interinstitucional en el marco del fortalecimiento de la administración entre ambas instituciones. El objetivo es potenciar la transparencia, la eficiencia y la capacitación en temas relacionados con el sistema electoral.
Con este convenio, se establece la implementación de planes, programas y la elaboración de proyectos de ley de interés común; además de capacitaciones y desarrollar actividades relacionadas o derivadas de las misiones institucionales respectivas.
El presidente de Diputados, Raúl Latorre, destacó el rol y el trabajo realizado por el TSJE en los procesos electorales en el país. “La conducta de la Justicia Electoral siempre ha dado claridad y certeza en los resultados electorales, lo cual es fundamental para que se respete al ganador y se mantenga una paz. El TSJE ha sido una institución creíble que ha fortalecido los cimientos de nuestra democracia”, indicó.
Por su parte, el presidente de la máxima autoridad electoral, César Rossel, adelantó que se plantearán reformas técnicas que se irán elevando a la Cámara de Diputados. “Nosotros teníamos que presentar, o estaba en los planes de la Justicia Electoral, presentar unas reformas técnicas, así que lo vamos a canalizar directamente a través de la Cámara de Diputados, y trabajaremos en las capacitaciones y en todo lo que hace a las elecciones”, indicó.
El presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, de Diputados, Arnaldo Valdez, también se expresó sobre este convenio, manifestando que la comisión asesora trabajará en las propuestas que sean enviadas por la Justicia Electoral.
“Quiero manifestar mi contento y el contento de la Comisión de Asuntos Electorales por la firma de este convenio, atendiendo a que tenemos una labor intensa en los diferentes proyectos de leyes que se están impulsando al interior de la Cámara de Diputados”, apuntó.
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Corte Suprema de Justicia designó a 18 nuevos defensores públicos
El pleno de la Corte Suprema de Justicia designó en la sesión ordinaria de este miércoles a 18 nuevos defensores públicos que ocuparán cargos en diferentes circunscripciones judiciales de nuestro país. Igualmente, los ministros de la máxima instancia judicial fijaron para el próximo 21 de noviembre el juramento de rigor correspondiente a los nuevos designados del Ministerio de la Defensa Pública.
En la sesión de la fecha participaron los ministros Luis María Benítez Riera, Gustavo Santander, Alberto Martínez Simón, César Diesel; Eugenio Jiménez, Carolina Llanes, César Garay, Víctor Ríos, y Manuel Ramírez Candia.
La primera designada como flamante defensora pública fue la abogada María Patricia Villalba, quien tendrá que cumplir funciones en la Circunscripción Judicial de Boquerón. La misma fue propuesta por el ministro César Garay y tuvo el acompañamiento de todos los altos magistrados.
También fue designada la abogada Milagros Cynthia Fabiana Duarte Ayala en carácter de defensor público de Encarnación, de la Circunscripción Judicial de Itapúa; Lilian Rossana Fonseca Alderete en carácter de defensor público para Caaguazú, de la Circunscripción Judicial de Caaguazú; Aldo Shepperson en carácter de defensor público de Caaguazú, de Circunscripción Judicial de Caaguazú.
La lista de designados sigue con, Sheila Beatriz Duarte Romero en carácter de procurador de Pobres y Ausentes; defensor del Menor, Ruth María Antonella Báez Paiva en carácter de defensor público en lo Penal de Asunción, de la Circunscripción Judicial de la Capital; Rafael Antonio Leiva Falcón en carácter de defensor público en lo Laboral de la Capital, Circunscripción Judicial de la Capital; Mauro Adrián Benítez Almirón en carácter de defensor público de Pobres y Ausentes de la Capital de la Circunscripción Judicial de la Capital.
También sigue con Silvana María Delgadillo Vester en carácter de defensor público en lo Tutelar del Menor de la Capital, Circunscripción Judicial de la Capital; Nathalia Gabriela Cárdenas Rodríguez en carácter de defensor público en lo Correccional del Menor, de la Circunscripción Judicial de la Capital, y Ricardo José Candia Vera en carácter de defensor público del Fuero Penal de Asunción, de la Circunscripción Judicial de la Capital.
Del mismo modo fue designado, José Luis Roa Ayala en carácter de defensor público para Luque, de la Circunscripción Judicial de Central; Eva Carolina Medina Fernández en carácter de defensor público para Pedro Juan Caballero – Circunscripción Judicial de Amambay; Fernando Luis Alberto Benítez Martínez en carácter de defensor público para Pedro Juan Caballero, de la Circunscripción Judicial de Amambay, y Mirian Elizabeth Cárdenas Yambay en carácter de defensor público de Carácter Nacional.
Por último, se designó a Ysidro Ramón Cuenca Paredes en carácter de defensor público en lo Penal del Segundo Turno de Hernandarias – Circunscripción Judicial de Alto Paraná; Wildo Rubén Pereira Suárez en carácter de defensor público para Saltos del Guairá – Departamento de Canindeyú – Circunscripción Judicial de Canindeyú, y Antia Andresa Martínez Gómez en carácter de defensor público para Ñeembucú, de la Circunscripción Judicial de Ñeembucú.