CIUDAD DEL ESTE. AGENCIA REGIONAL.

Finalmente, tras días de suspensión a consecuencia de la inclemencia del tiempo, la comitiva fiscal-judicial se constituyó en la tarde del martes en la propiedad de 20 hectáreas, ubicada en el km 29,5 Monday, en el marco del juicio oral y público a unos 28 invasores. El inmueble está individualizado como finca Nº 10.239, Puerto Presidente Stroessner, actualmente dis­trito de Minga Guazú. La sentencia se conocerá en los próximos días.

La comitiva fue encabezada por el juez penal Fabio Agui­lar y el agente fiscal Luis Tri­nidad. Este último en reem­plazo de su colega Zunilda Ocampos (titular de la causa), quien se encuentra de vaca­ciones. Así también estu­vieron presentes los aboga­dos por parte de la querella y la defensa de los ocupantes, quienes acompañaron todo el recorrido con las autoridades.

En declaraciones a La Nación, el fiscal Trinidad mencionó que la constitución era una de las diligencias en el marco del jui­cio oral, que está llegando a su fin. El propósito es que el tribu­nal verifique in situ la situación del inmueble invadido.

El tribunal estuvo compuesto por Fabio Aguilar Benítez, presidente, y los miembros Serafín González y Vitalia Duarte, además de la actua­ria Claudia Vargas.

Según el representante del Ministerio Público, durante el recorrido pudieron cons­tatar que existen instalacio­nes clandestinas y que nadie cuenta con medidores, indi­cios que dan cuenta de que la propiedad no pertenece a los ocupantes.

Por otro lado, el abogado querellante Héctor Duarte afirmó que “a partir de la constitución se pudo corrobo­rar perfectamente los límites del inmueble, que se condicen con el título de propiedad y que está claramente estable­cida la parte que fue objeto de loteamiento y también la fracción de las otras 10 hectá­reas que no se lotearon, pero que forman parte de la misma propiedad que está con edifi­caciones de casas precarias, notoriamente recientes, y erguidas por los invasores”.

La invasión del inmueble, propiedad de Víctor José Agüero González, se pro­dujo en mayo del 2015. Unas 100 personas atropellaron el predio ajeno, pero fueron desalojadas en noviembre de ese mismo año.

Desoyendo la orden judicial, el mismo grupo derribó el cercado y volvió a ingresar al lugar. Con el transcurrir de los años, muchos decidieron abandonar el sitio y 28 per­sonas fueron procesadas y ahora afrontan el juicio oral y público.