Desde el Poder Ejecutivo existe una indecisión respecto al proyecto de ley que establece la regularización de las tenencias de las tierras de Marina Cué, actualmente reserva Yberá, a favor de los campesinos víctimas de la masacre de Curuguaty, debido a que se manejan aún varias opciones ante las críticas por parte de algunos legisladores, organizaciones, así como de exministros del ambiente, quienes alegan que se violará con su promulgación la reciente ley de deforestación cero.

“Estamos trabajando para tratar de construir un proyecto acorde a todos, escuchamos las críticas del sector productivo y creo que podemos llegar a un veto parcial o también a una promulgación con acuerdos, se está dialogando, vamos a ver, no quiero adelantar”, sostuvo el mandatario tras la presentación y verificación de un total de 53 vehículos para el Censo Agropecuario Nacional en el Palacio de Gobierno.

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Postura ante la propuesta sancionada

Desde WWF Paraguay, a través de un comunicado, afirmaron que la regularización de las tenencias de dichas tierras a favor de los campesinos violará la reciente ley promulgada conocida como deforestación cero, atentando contra el hábitat de diversas especies de animales y plantas únicas en el mundo.

“Recientemente, el Poder Legislativo aprobó el proyecto de ley que transfiere al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra la totalidad de la reserva Yberá, con el fin de que este instituto la transforme en un asentamiento humano. Esto violaría flagrantemente la recién promulgada Ley Nº 6.256, conocida como deforestación cero, que estará vigente por los próximos 10 años y prohíbe dichos asentamientos en zonas de bosque nativo”, sostiene la nota publicada por la organización.

El proyecto de ley fue sancionado de manera inmediata desde el Legislativo sin mayores análisis. Foto: Archivo.

Mientras que el titular de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, cuestionó la postura del Gobierno sobre la inminente promulgación, manifestando que de concretarse este proceso se estarán legitimando las ocupaciones ilegales de tierras, y en este caso concreto la desafectación de un área silvestre protegida, razón por la cual el proyecto debe ser vetado.

Por su parte, el exministro del Medio Ambiente, Rolando de Barros Barreto, argumentó que la situación puede llegar a “fijar un antecedente nefasto para la conservación y protección de recursos naturales”. Aseveró que la Cámara de Senadores de manera “meteórica” está violando así todas las leyes en materia medioambiental.

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