Está en manos de la Sala Constitucional de la Corte corregir las irregularidades registradas en las resoluciones judiciales.
La abogada Patricia Rebollo, representante legal de la firma Ypyta, sostuvo que el juez en lo civil y comercial de Asunción Édgar Rivas no debía haber titulado el inmueble perteneciente a la firma que representa. Explicó que se trata de un derecho en expectativa y un derecho de propiedad que primero debió ser analizado; es decir, se tenía que contar con una resolución de la Corte antes de realizar la titulación.
Agregó que la titulación prematura de la propiedad causó un detrimento patrimonial a Ypyta. Afirmó que esta situación debe ser considerada por los integrantes de la Sala Constitucional de la Corte, quienes deben estudiar la acción de inconstitucionalidad promovida por la firma contra los fallos arbitrarios de primera y segunda instancia que avalaron la venta irregular.
Rebollo señaló: “La situación actual de la venta irregular que se hizo se encuentra en etapa de admisibilidad ante la Sala Constitucional de la Corte, donde se tendrá que dar trámite para estudiar las irregularidades que cometió en primera y segunda instancia”.
Asimismo, indicó que la venta de la propiedad de Pedro Juan Caballero fue irregular porque se violó la Ley de Quiebras. Detalló que, al existir más de una oferta, el juzgado tenía la obligación de optar por una subasta pública, situación que no ocurrió, por lo que esperan que la Corte revoque dichas decisiones.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) tomó conocimiento de la presunta irregularidad cometida por el juez civil Édgar Rivas en el expediente caratulado Ypytá SA Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores, donde firmó un título de propiedad a pesar de que aún no correspondía hacerlo.
El cuestionado juez Édgar Rivas integra una terna para el cargo de miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial (Segunda Sala de la Capital), junto con el camarista Carlos Escobar y Amy Lezcano. Sin embargo, el magistrado acumula severas críticas por fallos judiciales dictados presuntamente al margen de la ley. En su momento, Rivas también ordenó el remate de la estancia Cielo Azul, perteneciente al presunto narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca.