Los amparos contra la previsional representan una erogación superior a G. 11.000 millones.

Durante la audien­cia mantenida entre el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, y el presidente del IPS, Isaías Fretes, se abordó la proble­mática de los amparos vincu­lados a prestaciones de salud y los desafíos que estos repre­sentan para las instituciones públicas.

El titular del IPS expuso la complejidad médica, ope­rativa y presupuestaria que implican estos casos, espe­cialmente aquellos relacio­nados con tratamientos de alta especialización y proce­dimientos de elevada com­plejidad. Precisó que estos procesos representan actual­mente una erogación superior a los G. 11.000 millones y, en muchos casos, corresponden a obligaciones que no están contempladas dentro del pre­supuesto institucional.

“El objetivo de esta reunión fue recibir orientación y tra­bajar conjuntamente en la búsqueda de mecanismos que permitan proteger el derecho a la salud de las personas, pero también resguardar a la ins­titución dentro de un marco legal adecuado”, señaló el pre­sidente del IPS.

Por su parte, el presidente de la Corte señaló que los amparos de salud constitu­yen una de las materias más sensibles para los magistra­dos, quienes deben adoptar decisiones urgentes cuando están en juego derechos fun­damentales como la vida y la salud, siempre en el marco de la independencia judicial.

El director jurídico del IPS, Pablo Morínigo, explicó que la institución cumple con sus obligaciones hacia los asegu­rados, pero consideró nece­sario establecer criterios más claros respecto a las respon­sabilidades de cada orga­nismo del Estado en los casos que llegan a la vía judicial.

“Hay situaciones en las que se ordenan prestaciones a favor de personas cuya condición de asegurado requiere una verificación más profunda. Entendemos que, cuando está en juego el derecho a la vida, también deben parti­cipar otras instituciones del Estado, particularmente el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, como garante de la atención sani­taria de toda la población”, expresó Morínigo.